5 de febrero 2020
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La Dirección General de Ingresos (DGI) amenazó a los contribuyentes en mora con publicar sus nombres, lo que no está permitido por el Código Tributario y, además, viola la norma jurídica del sigilo fiscal.
A través de un aviso público, la DGI informó que “a los contribuyentes en estado de morosidad que, de conformidad con el artículo 145, numeral 16, del Código Tributario de la República de Nicaragua, se faculta a la DGI para publicar la lista de deudores con la Administración Tributaria”.
Estimado contribuyente, la DGI publicó el AVISO/014/02-2020, informando que publicará lista de contribuyentes deudores. Ver aviso en el siguiente enlace: https://t.co/vZMMoETX7p pic.twitter.com/RNhwhDR9rh
— DGI Nicaragua (@DGI_Nicaragua) February 4, 2020
La DGI insta, según el aviso, “a los contribuyentes que se encuentren en situación de morosidad, se acerquen los antes posible a sus respectivas Administraciones de Rentas, con el propósito de solventar sus adeudos”.
“Es un delito”
El economista y exdirector general de la DGI, Róger Arteaga, aseguró a CONFIDENCIAL que la administración tributaria no está facultada a publicar los nombres de los morosos, ya que cometerían un “delito” al violar la norma de sigilo fiscal.
“Es una norma internacional: no se pueden publicar o compartir información de los contribuyentes, a menos que lo ordene un juez. Es información confidencial”, dijo Arteaga.
En un tuit, el experto fiscal Julio Francisco Báez se preguntó: ¿Reavivará hogueras esta gravísima violación constitucional del sagrado derecho de la privacidad fiscal?, a la par que exigió a las cámaras y gremios que “¡actúen!”.
Hola, Róger. La Ley de Reforma Tributaria No. 987 del 28 de febrero 2019, lo agregó al art. 16 del C. Tributario: "16. Publicar lista de deudores con la Administración Tributaria...". Es nula por violar art. 26 art. de la Constitución Política y art. 68 del C. Tributario.
— Julio Francisco Báez Cortés (@kikobaezc) February 5, 2020
La publicación de los nombres violaría la norma jurídica de “confidencialidad de la información suministrada por los contribuyentes”, así como el artículo 151 del Código Tributario, que establece que “los funcionarios y las personas naturales y/o jurídicas que intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estarán obligados a guardar sigilo tributario”.
El mismo artículo señala que el sigilo tributario se levantará solo cuando con “autoridades judiciales y tribunales competentes; restantes organismos que administren tributos; Contraloría General de la República cuando se encuentre revisando exclusivamente las declaraciones de probidad de los empleados y funcionarios públicos; administraciones tributarias de otros países en cumplimiento a los convenios internacionales de intercambio de información tributaria; y un contribuyente que solicite por escrito, información sobre sus propias obligaciones fiscales”.
Cosep: “Aumenta incertidumbre”
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, indicó en un correo electrónico que “van a estudiar” la amenaza de la DGI, aunque mencionó que la problemática va más allá de aparecer en una lista morosos, es la “incertidumbre” en que actualmente se hacen negocios en Nicaragua.
“El tema es que, en unas condiciones como las que estamos viviendo, donde prevalece la incertidumbre, donde las empresas privadas —y también algunas empresas extranjeras de las que conocemos algunos casos que desafortunadamente no se pueden hacer públicos— han tenido que pagar lo que las autoridades les han dicho que tienen que pagar, a pesar que estas empresas no estaban de acuerdo, y que además son forzadas a firmar que renuncian a sus derechos una vez que se dio este pago, lo que se está dando es un aumento de incertidumbre”, explicó Aguerri.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Carlos Herrera | Confidencial
Recordó que los contratos con los bancos y financieras establecen “la potestad” de hacer público si la persona no paga el préstamo. “Si publicar la lista de morosos siempre hubiera sido una costumbre desde el punto de vista del sector público, es otra cosa, pero esta es solo una costumbre del sector privado”.
La campaña recaudatoria
El anuncio de la DGI coincide con la ejecución de una brutal campaña recaudatoria de parte de la Alcaldía de Managua, que incluye exigir a los contribuyentes y empresas asentadas en la capital el pago de elevados cobros, bajo la amenaza de cárcel.
Fuentes del sector privado han calificado de “extorsivo” el plan recaudatorio de la alcaldía, ya que se ha amenazado con cárcel a los gerentes, dueños, y representantes legales de las empresas que se nieguen a pagar los exagerados cobros que se les exigen, o siquiera traten de presentar argumentos en su favor.
En el programa Esta Semana, el experto fiscal, Julio Francisco Báez, afirmó que esa forma de recaudar es “un abuso tributario que no tiene precedentes en Nicaragua”.
