5 de febrero 2020
Las y los nicaragüenses todos los días asistimos con sorpresa, susto, indignación, ya no sabemos cómo denominarla, a esa angustia que estamos viviendo. Basta salir a la calle para experimentar la visión de las camionetas cargadas de antimotines y policías, dispuestos a subirnos a la zaranda si tenemos la osadía de sacar una bandera o gritar ¡Viva Nicaragua Libre!. Pero esos mismos policías pueden ver que uno o varios delincuentes están acosando, maltratando o malmatando a una mujer o a su víctima de turno y no hacen nada. Por supuesto tampoco se atienden las denuncias por robo o por cualquier otro delito.
En el campo la situación es peor, basta mencionar a los más de 100 campesinos cuyas muertes no han sido investigadas. El horror más reciente, los cuatro mayangnas muertos a manos de colonos armados en la reserva de Bosawás, cuyas muertes fueron inicialmente negadas por la policía, y luego admitidas obligada a rectificar ante la evidencia y contundencia de la información.
Esa misma policía que hoy persigue, acosa, apresa, golpea y les hace o permite que les hagan la vida imposible a los excarcelados, que encarcela diariamente a un buen número de personas, que mira con deleite las marcas que sus paramilitares ponen en las casas que ellos definen deben estar marcadas, esa Policía que se olvidó que su misión es proteger a la población y no a los dictadores. Esa es la seguridad que en todo Estado moderno los ciudadanos y ciudadanas depositamos en las manos de las fuerzas del orden a cambio del pago de nuestros impuestos.
Si tenemos la suerte de estar empleados todavía, estamos expuestos a que nos esté esperando la carta de despido porque la empresa está al borde de la quiebra. Y si somos empresarios, microempresarios, medianos o grandes, la carga impositiva, hoy por hoy la más alta de Centro América, se ha vuelto insostenible. La alcaldía amenaza con llevarnos a la cárcel si no pagamos un IBI determinado arbitrariamente, no de acuerdo con una aprobación del Plan de Arbitrios, sino al arbitrio del alcalde de turno. En algunos casos, específicamente en la Alcaldía de Managua, la valoración se elevó tanto que el pago del IBI se incrementó un 300 por ciento. Todo esto sin previo aviso y transgrediendo todas las leyes, tal como lo explicó con suficiente detalle el experto en derecho tributario, doctor Julio Francisco Báez en su reciente comparecencia en el programa Esta Noche de Confidencial TV.
La reforma fiscal del año pasado dejó a muchas empresas fuera de competencia, el aumento en la tasa de Seguridad Social llevó a un aumento del empleo informal. Todo indica que lo que se busca es arrasar con cualquier vestigio de institucionalidad en el país, o bien que el régimen está dispuesto a seguir probando para ver hasta dónde aguantamos.
El paso por las aduanas en las fronteras nicaragüenses es una verdadera tortura para los que viajan por tierra, dos horas y media de papeleo y trámites, versus 25 minutos en la aduana de Costa Rica. La fila de furgones se extiende por varios kilómetros y la espera para entrar al país es de una semana, mientras toma tres horas en cualquiera de las fronteras de los países vecinos. No es de extrañar entonces que El Salvador y Costa Rica estén organizando un ferry para evitar el paso por nuestro país.
La apretada síntesis de los males que nos aquejan, nos indica que estamos viviendo en una cárcel como dijo el Padre Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, al referirse a su país. O más bien, estamos siendo rehenes de un régimen que aprieta y aprieta hasta ver qué tanta es nuestra capacidad de aguante. Parecería que estamos en una puja para medir la capacidad de resistencia. Venezuela lleva perdidos dos tercios de su PIB los últimos años, Nicaragua un 10 por ciento en dos años de crisis.
Por eso la pregunta es válida: ¿cuál será la gota que derramará el vaso? Es sabido que la economía nunca ha sido preocupación para Daniel Ortega, de modo que lo que dispongan sus asesores y cómo esto afecta a la ciudadanía lo trae sin cuidado, pero a los ciudadanos y ciudadanas sí nos debería preocupar y también debería preocupar a los dueños del capital, que están dejando que el país se venga abajo por la locura de los dictadores por permanecer en el poder. Vale la pena recordarle al régimen las palabras de Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil y antes de eso, reconocido científico social: “en el mundo de hoy ya no es posible imponer sin negociar, decidir sin escuchar o gobernar sin explicar ni convencer”. ¿O será que para los ORMU el mundo de hoy no existe y creen que continuamos viviendo en el paraíso que la vicedictadora imaginó? En mi criterio no, algo cambió y aunque ellos no se han dado cuenta, los demás si estamos claros que ese paraíso rosado chicha no existe.
Por eso, creo que es cuando más falta hace que sigamos reclamando nuestros derechos, que, igual que los periodistas independientes se organizaron para reclamar los suyos, lo hagan también los abogados, los educadores, los economistas, los microempresarios, los pueblos indígenas, los ambientalistas, los consumidores, en fin, que los dictadores no crean que han ganado la batalla, porque está claro que no han ganado ninguna. Hasta sus seguidores saben que no hay futuro, como hemos visto y oído en videos filtrados recientemente. Saben perfectamente que ese pasado idealizado, en el cual llenaban plazas ya no va a volver.
Pero los que sí creemos en un futuro mejor para nuestro país, que cuente con instituciones sólidas en el cual no haya dictadura, donde no vivamos en una cárcel, en donde se respeten nuestros derechos y donde la ley nos cobije a todos y todas, tenemos la obligación de dejar sentada nuestra protesta ante los atropellos de todos los días y en los espacios que podamos. Los que nos queremos sentir ciudadanas y ciudadanos y no rehenes tenemos la obligación de manifestarnos y de trabajar por la unidad de todos los sectores. Solamente unidos y claros de las metas que podemos alcanzar lograremos el fin de la dictadura y el establecimiento de un Gobierno de transición que nos permita construir una Nicaragua con derechos para todos y todas.