1 de febrero 2020
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Los cadáveres de Arly Samuel Gutiérrez, de 19 años y Juan Emilio Davis Gutiérrez, de 40 años, fueron encontrados este viernes junto al río Kahlkah. Horas antes los indígenas de Alal, en el territorio mayangna Sauní As, en la Reserva de Biósfera de Bosawás, sepultaron los cuerpos de Cristino López Ortiz, de 24 años, y Amaro Rener Hernández, de 25. Los cuatro mayagnas en Bosawás fueron asesinados la tarde del 29 de enero durante el ataque de unos 80 colonos que intentaban desalojarlos de sus tierras. La Policía que inicialmente informó de la muerte de dos ciudadanos en esa zona, se desdijo y ahora no haya “evidencias” de muertes, aunque si de un ataque.
- Más información: Denuncian matanza en comunidad indígena de Bosawás
Comunitarios mayangnas dijeron a CONFIDENCIAL que las primeras víctimas se encontraban pescando cuando fueron atacados por el grupo de invasores, en este lugar fueron asesinadas dos personas. Los sobrevivientes alertaron a la comunidad sobre la agresión, por lo que mujeres, niños y ancianos huyeron a la montaña, mientras que los hombres se quedaron a defender sus casas.
Minutos después los colonos abrieron fuego contra la comunidad asesinando a otras dos personas e hiriendo de gravedad en la cabeza a Maynor Will Fernández, de 25 años, y Marconi Jarquín, de 29 años. Además, quemaron además 26 viviendas, incluyendo la casa pastoral de la iglesia Morava, un colegio y un centro de salud.
Los invasores permanecieron en el lugar durante unas cinco horas aproximadamente y luego huyeron dejando una estela de muerte, destrucción y dolor entre unas 80 familias que lo perdieron todo. Los sobrevivientes se desplazaron hasta las comunidades de Kibusna y Musawas, donde no hay para refugiarse, solo la iglesia y un colegio. “Los comunitarios están sin comida, sin atención médica”, explicó un líder territorial.
Así quedaron algunas de las 26 chozas incendiadas por colonos el 29 de enero. Cortesía.
Versión policial
La Policía Nacional, a través de una nota de prensa, informó el jueves pasado el “fallecimiento de dos personas del sexo masculino, a consecuencia del impacto de bala con arma de fuego. Hecho ocurrido en sector rural, comunidad Alal, ubicada a 52 kilómetros al noroeste del municipio de Bonanza (en la Costa Caribe Norte)”. Sin embargo, horas después cambió su versión e indicó que “no hay evidencias de personas fallecidas”.
La nueva versión policial ha molestado a los comunitarios, quienes reclaman a la Policía: “¿Cómo no va haber muertos? Si los estamos enterrando”.
La Policía si acepta que hubo un ataque y en una nota de prensa señala que el supuesto cabecilla del grupo de colonos, responde al nombre de Isabel Meneses Padilla, alias “Chabelo”, a quien le adjudica los delitos de “lesiones, incendios y daños en perjuicio de los pobladores de la comunidad de Alal”.
Demandan justicia para mayangnas en Bosawás
Los mayangnas en Bosawás consultados por CONFIDENCIAL afirmaron que antes del ataque, varios guardabosques fueron amenazados por el grupo de colonos, quienes llegaron a la reserva reclamando la propiedad, que históricamente le pertenece a los pueblos indígenas. “Hay amenazas permanentes, pero es la primera vez que hacen ese tipo de ataque (en Alal)”, dijo la fuente, aunque ya se habían registrado ataques en comunidades vecinas.
Recordó que, en noviembre de 2019, hubo enfrentamiento entre colonos e indígenas en la comunidad de Betlelhem, donde hubo jóvenes baleados y heridos. “Queremos más protección permanente, necesitamos saber ¿qué es lo que pasa? ¿Quién los mata?”.
La fuente demandó el saneamiento de los territorios indígenas, ya que viven bajo constantes amenazas y “las autoridades no hacen nada para sacar a los colonos invasores”.
El ataque fue repudiado por organizaciones nacionales e internacionales, quienes demandaron al Estado de Nicaragua velar por la por la vida en las comunidades indígenas y expusieron que este tipo de ataques se han convertido en “practicas sistemáticas de más de una década”, que son posibles por “la permisibilidad del Estado nicaragüense”.
Una década de impunidad
Para el director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, peor que los ataques a las comunidades indígenas han sido los diez años de impunidad y la poca importancia que el Estado de Nicaragua le ha dado a los reclamos de las comunidades indígenas.
“Lo más peligroso de esto es que todos estos asesinatos que han ocurrido en zonas rulares, tanto de colonos como de integrantes de comunidades indígenas, han quedado en la impunidad. Yo desconozco algún caso donde haya habido justicia alrededor del tema de los derechos humanos de las comunidades indígenas”, enfatizó Ruiz.
El ambientalista lamentó la “actuación negligente” de las autoridades nacionales y destacó que no existe intención del Estado de atender la situación. “Pese a las denuncias, las giras a la capital, todo lo que se ha hecho alrededor del tema y de todas las evidencias”, no se ha realizado nada para lograr el saneamiento de los territorios indígenas.
