29 de enero 2020
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El clamor de la ciudadanía por el incremento en el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ejecuta la Alcaldía de Managua es cada vez mayor. Dicho aumento es posible gracias a una supuesta revalorización de las propiedades que habría hecho el Catastro Municipal, que ha permitido a la alcaldía aumentar los montos del IBI sin que la Asamblea Nacional haya aprobado nuevas tasas.
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El concejal de Ciudadanos por la Libertad (CxL) en la Alcaldía de Managua, Selim Figueroa, explicó que la municipalidad sigue cobrando —en concepto de IBI— el 1% sobre la base imponible (80% del avalúo municipal catastral), pero recordó que la ley 509, Ley General de Catastro Nacional faculta al Catastro Municipal para “revalorizar las propiedades” y bajo este argumento “la alcaldía se está armando para poder cobrar más a los ciudadanos”.
Según Figueroa “frecuentemente” llegan al Concejo Municipal recursos de apelación de ciudadanos inconformes con el aumento en el cobro de sus impuestos, a los que simplemente “no se les da lugar” debido a que los 72 concejales del Frente Sandinistas —que son mayoría absoluta— “solo están ratificando lo que la Dirección de Recaudación impone” y “casi siempre están imponiendo las multas”.
Presión sobre las finanzas municipales
A criterio del concejal Figueroa la “voracidad” con que la Alcaldía de Managua está cobrando los impuestos se debe a que el presupuesto municipal de 2020 asciende a 7300 millones de córdobas, un monto superior a los 3900 millones de córdobas del presupuesto 2019. Tal aumento le resulta “fantasioso”, pero la comuna pretende lograrlo a través de una mayor recaudación tributaria, ademas de un incremento sustamcial en los ingresos extraordinarios vía transferencias estatales y préstamos.
La alcaldía se propone aumentar las recaudaciones de ingresos ordinarios en 370 millones de cordobas, pasando de 2,993 millones en 2019 a 3,363 millones en 2020. Un incremento equivalente al 11%, mientras la economía nacional a atraviesa su tercer año consecutivo de recesión económica y según el Fondo Monetario Internacional proyecta un decrecimiento de -1.2% en 2020.
Según la proyección del presupuesto municipal 2020, la Alcaldía de Managua pretende recaudar 311 millones de córdobas por el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles lo que representa un ligero incremento con relación a los 294 millones que obtuvo en 2019. Por otro lado, el impuesto de rodamiento le permitirá a la comuna reunir 34 millones de córdobas por encima de los 29 millones del año pasado. Mientras que el servicio de recolección de basura generará 76 millones de córdobas frente a los 68 millones obtenidos en 2019.
Constructores sin alternativas
Los empresarios ligados al sector de la construcción —de casas, carreteras, edificios de oficinas, apartamentos, centros comerciales y naves industriales, entre otros— están entre los afectados por la voracidad recaudatoria de la comuna capitalina.
“La alcaldía [de Managua] no ha subido las tasas, sino el monto al que valoran las propiedades, que en algunos casos ha sido de hasta 300%. Es una total arbitrariedad”, aseguró Leslie Martínez, presidenta de la Cámara de la Construcción de Nicaragua (CNC).
Más allá del riesgo de cárcel para los empresarios, administradores o apoderados legales que se resistan a pagar, o que hagan uso de los recursos que les confiere la ley para no enterar al fisco capitalino más de lo debido, Martínez explicó que ninguna empresa puede verse tentada a buscar subterfugios para no pagar, porque igual, saldrían perdiendo.
“Si las empresas [constructoras] no pagan lo que les están cobrando, no obtienen la solvencia municipal, y la necesitan si quieren participar de cualquier licitación, así es que, o pagan lo que les exigen, o no participan”, explicó.
La presión también afecta a las empresas especializadas en la construcción de zonas residenciales de cualquier nivel socioeconómico, que tienen la obligación legal de donar a las alcaldías correspondientes, las zonas de terreno urbanizado destinadas para parques, áreas comunes y vías internas.
Adicionalmente, también deben pagar el sobredimensionado impuesto de bienes inmuebles (IBI), por las casas que ya están construidas pero no han sido vendidas, así como por los lotes de terreno que aún no tienen comprador.
Muros y garitas
Un problema nuevo, es el referido a los muros perimetrales y garitas de acceso a las urbanizaciones. Una fuente del sector dijo a CONFIDENCIAL, que lo normal es que la Alcaldía les exija construir ambas estructuras de seguridad, como requisito para darles el permiso de construcción… hasta ahora.
En un giro incomprensible de los hechos, ahora la Alcaldía les exige que saquen primero un permiso para construir el muro y la garita, pese a que ambos elementos son una exigencia de la Comuna misma.
Los empresarios deploraron el daño que se sigue haciendo a la actividad empresarial del país, que es la que paga impuestos, genera puestos de trabajo, y es vital para dinamizar la economía nacional, lo que a su vez, aumentaría la recaudación de impuestos y la generación de más empleos.
El aumento de los desembolsos —pero más aún, la zozobra que implica la amenaza de cárcel— afecta la actividad empresarial, aleja la inversión nacional y extranjera, y conlleva a más despidos, aumento de la informalidad, y en algunos casos, tener que vender parte del patrimonio, para mantener funcionando el resto de la operación.
Los constructores observan que esta forma de cobro —al que denominan más agresivo— comenzó en realidad en algún momento del cuarto trimestre de 2019 y si bien “esto no nos va a detener”, sí admiten que la escasez de clientes, los altos precios de los materiales de construcción, las altas tasas que les impuso la reforma tributaria y la del seguro social, así como el alza en el cobro de la electricidad, siguen atenazando sus finanzas, y aumentando el riesgo de cierre de actividades.
