28 de enero 2020
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Las amenazas y agresiones a los familiares de los asesinados y excarcelados políticos se han convertido en la agenda diaria de los fanáticos del Frente Sandinista, quienes a diario asedian, secuestran y hacen pintas en las viviendas de los opositores al régimen que dirige Daniel Ortega. Todos estos hechos han sido registrados en un Monitoreo Azul y Blanco que —desde julio 2018 hasta enero 2020— contabiliza 8,947 incidencias de este tipo.
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El excarcelado político Alex Hernández, quien forma parte del equipo de monitoreo, expresó en el programa Esta Semana que en promedio diario ocurren 17 incidencias en diferentes partes del territorio nacional. “Hay días que ocurren más, pero definitivamente el pan de cada día son las amenazas”, precisó.
Ana Lucía Álvarez, también del equipo de monitoreo, señaló que hubo un cambio en el “patrón de represión” que el régimen venía implementando desde la Rebelión de Abril. Dicha variación se produjo a partir del proceso de excarcelación de los presos políticos. “Cuando el régimen siente que se agota un modelo de represión cambia las estrategias”, comentó Álvarez. “Esto se trató de amedrentar y de contener futuros procesos organizativos de todas estas personas excarceladas”, agregó.
A criterio de Hernández, el cambio de estrategia represiva fue forzado por el fallido intento de “acallar los liderazgos” mediante la Ley de Amnistía. “Con la excarcelación vino una amenaza: la no repetición. Obviamente siguió el activismo de estas personas excarceladas… y el régimen aplicó la represión a través de estos castigos que se hacen a familiares”, valoró el preso político excarcelado.
El monitoreo revela que el 35% de los ataques son dirigidos a los familiares de las víctimas, 29% a los presos políticos excarcelados y 17% a los activistas políticos, principalmente en ciudades como Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, Estelí y León.
El asedio que viven todos los días los presos políticos excarcelados y sus familiares ha llevado a tres de cada cinco al “desplazamiento interno, el exilio, la pérdida de sus relaciones económicas y relaciones políticas” y, por otro lado, el Estado les niega el acceso a sus derechos al “negarles su derecho a la educación, a la salud y al trabajo”, subrayó Álvarez.
“La represión es insostenible”
Para Álvarez la estrategia represiva del régimen de Daniel Ortega es “insostenible”, porque, de forma simultánea al estado de sitio policial, van creciendo las inconformidades de la sociedad. “Cada vez vemos más casos de personas, que no necesariamente han estado involucradas en el activismo político, que sus vidas están siendo afectadas por las arbitrariedades del régimen, por la imposibilidad de encontrar trabajo, por la inseguridad jurídica que hay en el país”, dijo.
Por otro lado, Álvarez sostuvo que a pesar de que los altos mando de la Policía Nacional y buena parte de sus miembros “están comprometidos con esta estrategia de represión, “existen dentro de sus filas -y en todas las instituciones del Estado- personas que necesitan ese trabajo”. Agregó que otros oficiales permanecen en sus puestos “por temor a represalias” en el caso de que deserten de la institución policial.
Por su parte, Hernández estimó que otro fracaso en la estrategia represiva del régimen es que la Policía ha dejado de vigilar la delincuencia. “De hecho la ven frente a ellos y la ignoran, porque su objetivo son las actividades azul y blanco de resistencia. Sin embargo, todo esto ha hecho que la delincuencia crezca en el país”, criticó.
