23 de enero 2020
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La dictadura somocista era un sultanato, dijo muchas veces el sociólogo Edelberto Torres-Rivas. Somoza era el sistema de gobierno. Una vez destronado el sultán, todo su edificio se vino abajo como un castillo de naipes. Sus lugartenientes huyeron, como ratas que saltan de un barco en trance de hundirse. Fue fácil sustituirlos, porque en este país siempre nos han sobrado altos funcionarios de relevo, que parecen ser extraídos por Saruman –el mago perverso de El señor de los anillos- de su cantera de orcos.
Pero Somoza no era la cultura política y el machismo. A lo sumo era su representante más visible: un hombre fuerte cuyos deseos son órdenes y sus caprichos son leyes, y que por eso podía exhibir a su amante en fiestas oficiales, donde sus ministros ponían a sus pies como mullida alfombra sus convicciones católicas sobre el matrimonio. Nueve hombres fuertes lo sustituyeron. Nadie dentro de las filas del sandinismo cuestionó que esa novena no fuera ni remotamente representativa del balance de género nacional y de lo mucho que arriesgaron y perdieron las mujeres nicaragüenses en la guerra. Y si lo hicieron, hablaron con los labios apretados por el temor, la disciplina y el disimulo. Tampoco hubo quien les aconsejara suprimir la consigna “Dirección Nacional, ordene”, que a más de un alemán debió evocarle el slogan nazi “Führer befiehl, wir folgen Dir!” (Líder, ordena. Nosotros te seguimos).
Los rostros cambiaron, el sistema continuó. Me refiero al sistema del hombre fuerte, el patriarca, el que podría decir “el Estado soy yo”, y que aunque no lo dice, actúa como si así fuera. Es un sistema que está ligado a la Centroamérica de repúblicas agrarias, que deberían llamarse autarquías agrarias. Ese sistema no cambió un ápice por el hecho de que Nicaragua fuera el primer país en el istmo centroamericano en llevar a una mujer a la presidencia. Pronto volvió con su rostro habitual: en la Alcaldía de Managua se había estado incubando el nuevo hombre fuerte, el finquero Arnoldo Alemán, que tenía el plan –pero no los medios- de perpetuarse en el poder, como había hecho Somoza y después haría Ortega.
Daniel Ortega lo invitó a una negociación de finqueros, amos de los dos grandes partidos. Ahí cerró con él un trato donde le dio atol con el dedo: Alemán vendió su primogenitura política por un par de nacatamales jumbo y Ortega obtuvo las condiciones que necesitaba para recuperar el trono, que en esta segunda venida no tuvo que compartir con los otros comandantes. Los hombres fuertes de las finanzas, el comercio y las haciendas no respingaron, y en esa pasividad –además de la obvia conveniencia económica – también hay que leer su tolerancia a que el poder ejecutivo fuera asumido por alguien acusado de abuso sexual por su hijastra (¿por qué no?, no era su hija biológica, ella se lo buscó y quién demuestra que así fue, habrán dicho) y alguien que colocaba la bandera rojinegra en todas las dependencias estatales (¿por qué no, acaso no es el dueño de turno de la gran finca “Nicaragua”?). Su inclinación a pasar por encima de estas minucias brota de la aceptación que tienen los rasgos culturales reproducidos por siglos.
Ortega es un cacique de la misma catadura que el protagonista de El otoño del patriarca, devorador sexual de prostitutas infantiles que sus subordinados le hacían llegar disfrazadas de colegialas para satisfacer su pedofilia. Es un patriarca agrario. Tal vez sea el último cacique de esa especie, la misma a la que perteneció Álvaro Arzú, quien fue una vez presidente de Guatemala y cinco veces alcalde de su capital, Ministro de Relaciones Exteriores y Director del Instituto Guatemalteco de Turismo. Toda una vida en los andamios del poder, como Ortega. Aquello que más los asemeja, sin embargo, no es su longevidad política, sino su condición de hombres rodeados de matones. Uno de los guardaespaldas de Arzú fue Byron Lima, el asesino del Obispo Juan Gerardi, ejecutado por haber presentado un informe sobre los crímenes durante la guerra. Los paramilitares, militares y policías de Ortega nos han dado una idea muy precisa de lo que ese cacique entiende por arte de gobernar. Se puede trazar una línea genealógica cultural que une a estos hombres fuertes de armas tomar con Santa Ana y luego Trujillo, pasando por Castro y Pinochet, unos con los gringos, otros contra ellos, todos con las armas y la voluntad de ahogar a los disidentes en sangre. Para ellos la política debía y debe ser un reflejo de la cadena de mando de la hacienda, donde las órdenes no se negocian ni se discuten.
Todos han sido representantes de un patriarcado agrario. Ortega sigue esa tradición agrarista por su enfoque político y sus opciones recientes, pese a que llegó al poder sobre las ancas de un partido que ha tenido una base mayoritariamente urbana. Ese apoyo en las ciudades lo cosechó cuando muchos pensamos que esa organización lideraría un avance social, entendido como sociedad más igualitaria. Pero en los años ochenta se dedicó a crear elefantes blancos agrarios y en las ciudades solo los “conectados” lograban sortear el hambre. En su retorno al poder, su propuesta fue un socialismo huachicolero del petróleo venezolano, cuyo caudal era en gran parte canalizado hacia las piscinas de sueños agraristas: el Programa Hambre Cero y su distribución de diversos tipos de ganado e insumos agrícolas y crédito; los parques de feria para que los productores –con un alto subsidio estatal– transaran directamente con los consumidores; la construcción de escuelas rurales, sin formar maestros que les insuflen vida escolar.
Sintomático del enfoque agrario es el hecho de que la represión haya cebado –desde antes de la rebelión de abril hasta la fecha– sobre las áreas rurales. Esto sucede porque los órganos represivos viven en la Nicaragua agrarista de 1980, que tenía un millón seiscientos mil habitantes en las ciudades (apenas la mitad de la población), y no tanto en la de 2018, con casi cuatro millones de citadinos, 60% del total. El FSLN representa un conservadurismo que no es campesinista –incluso es anticampesino- , pero sí es el de un Estado-nación agrario-patriarcal, el de la gran hacienda.
Por eso las protestas de abril de 2018 estallaron y se incubaron en las ciudades y están ligadas a problemas que afectan más a la población urbana: la seguridad social, cuya cobertura es aplastantemente citadina; el pago de los impuestos, que aprieta de forma más constante en los centros urbanos; la conculcación de derechos civiles que son primordialmente ejercidos por urbanitas (libertad de expresión, libertad de movilización, elecciones limpias…).
Hay un dato que ha sido tratado con ligereza: las protestas mayores se desencadenaron alrededor de la seguridad social y los jubilados, hecho sorprendente porque en este país la cobertura de la seguridad social apenas alcanza a la quinta parte de la Población Económicamente Activa. La cobertura del total de personas de la tercera edad debe ser aún menor. Pero más del 90 % de los cotizantes viven en las ciudades y ahí fue donde estalló el levantamiento. También más del 90 % de los universitarios, que fueron los líderes de la rebelión, son urbanos. Esta concentración urbana hace de la lucha de #OcupaInss una reivindicación de los habitantes de las ciudades, que fueron el escenario principal de las protestas y, sobre todo, el punto inicial de ignición de la insurrección cívica.
Los campesinos también han tenido un rol considerable. Se levantaron cuando el proyecto del canal interoceánico amenazó con absorber sus pequeñas y medianas fincas. Salió a flote la dicotomía campesinismo versus patriarcado agrarista. El canal ha sido hasta ahora –y quizás lo sea para siempre– la última utopía nicaragüense que coloca el dominio de la tierra como pivote de acumulación. Es la última utopía agraria, concebida en un país donde la ganadería, la caficultura y la minería siguen siendo las principales industrias generadores de divisas. Si retomamos la distinción que hace el científico social William Robinson entre expansión extensiva e intensiva del capitalismo, veremos que el modelo de Ortega, y de sus predecesores, apostó por la expansión extensiva: en el canal, en las lotificaciones y construcciones urbanas, en la explotación forestal y en muchos otros rubros. Esos acaparamientos están vinculados a la violencia, que a veces ejecutan los medianos ganaderos en tierras de los indígenas y que a nivel nacional organizan los altos jerarcas del ejército y la policía.
En los países centroamericanos que van más avanzados en los procesos de urbanización y desagrarización, como Panamá, Costa Rica y El Salvador, la expansión del capital se realiza en gran parte por una vía intensiva, incorporando bienes y personas a los mercados, es decir, convirtiendo en mercancías lo que antes no lo era: paisajes que cuya belleza se alquila a los turistas, remesas que se bancarizan, venta de servicios que antes eran objeto de intercambio o provistos por familiares y amigos, etc. No es casualidad que Honduras y Nicaragua, que son los países más agrarios y menos urbanizados, son los principales escenarios regionales de despojos y acaparamientos a lo bruto. Esta particularidad tiene consecuencias políticas que quiero examinar en el siguiente artículo.
A pesar de que Nicaragua es un país donde el patriarcado agrario tiene la batuta, la tendencia a la urbanización y desagrarización es ya un hecho económico patente: el valor de las remesas, que son un monumental ingreso no agrario, supera con creces a cualquiera de los rubros de exportación agrarios (y también a los no agrarios, por supuesto). Su peso en la economía es obra de una mano de obra globalizada que externamente se generó fuera del agro e internamente ha sostenido el crecimiento del comercio y los servicios. Esta desagrarización económica tiene expresiones políticas que han aflorado en esta rebelión. En las dos mujeres lideresas, Francisca Ramírez e Irlanda Jerez, el campo y la ciudad se dieron la mano, pero ambas son comerciantes, aunque una sea agricultora y la otra odontóloga. Con la excepción de Medardo Mairena, que representa a campesinos opuestos al gran acaparamiento de propiedad agraria con la coartada de un canal, los nombres masculinos que más suenan pertenecen a gente de las ciudades. Entre los nuevos rostros destacan Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, que aparecen como lo opuesto a Ortega: no son hombres de armas ni fincas, sino de un nivel educativo que está por encima del promedio. Se enfrentan a un matrimonio de dos bachilleres, que vienen de la Nicaragua donde la gente se hacía un espacio en el funcionariado público al margen de los títulos y el nivel educativo. Lo ganaban por su apellido o por sus pistolas.
La crisis de la dictadura de Ortega expresa un descalabro de las estructuras culturales y políticas de ese vetusto patriarcado agrario. La buena noticia es que no es posible ponerse delante del tren de las tendencias históricas sin ser arrollado. Toda resistencia al cambio solo lo complica y prolonga la agonía de las instituciones, grupos y personas que se le oponen. Puede que el dinosaurio patriarcal siga ahí, pero podemos tener la certeza de que las condiciones climáticas se le harán insoportables. La mala noticia es que el proceso de transición, que empezó hace décadas y se aceleró con la globalización, toma un tiempo impredecible y genera demasiada violencia si no se adoptan las medidas adecuadas. Una comparación con los países del norte de Centroamérica puede arrojar luces sobre esa Nicaragua menos agraria que no termina de nacer y sobre sus consecuencias y síntomas en el sistema político.
