18 de enero 2020
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Los ciudadanos Lésther Selva, Walter Jiménez, y Luis Fernando Vindel, fueron capturados este sábado por la mañana en Jinotepe, cabecera departamental de Carazo, mientras Jairo Sequeira Galán era capturado en la vecina San Marcos. Los cuatro hombres fueron trasladados a Managua, hasta donde los siguieron sus familiares, para tratar de conseguir su liberación.
Las redes sociales se llenaron con imágenes de algunas calles de las dos ciudades caraceñas bloqueadas por patrullas policiales llegadas desde la capital, para recapturar a cuatro expresos políticos, con el argumento de que poseían bombas y armas de fuego.
“Venimos a capturar a un terrorista”, respondió un uniformado, cuando los familiares de uno de los ciudadanos detenidos, exigió conocer la razón por la que estaban golpeándolo, y destrozando los enseres familiares.
Una fuente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo a Confidencial, que la razón para capturar a los cuatro hombres, es que la Policía investiga un “tranque exprés” que se colocó la semana pasada en Diriamba.
“La gente puso unos obstáculos para impedir el paso por un rato, y se retiró poco después para no dar tiempo a la llegada de la Policía”, relató la fuente, sin aclarar si alguno de los detenidos en realidad participó de la actividad de protesta.
El abogado Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, confirmó haber sido contactado por los afligidos familiares, quienes le comunicaron el traslado de sus parientes hacia Managua, así como el lujo de violencia con que actuaron los uniformados, al botar puertas para entrar a sus domicilios.
Crece la saña policial
Walter Jiménez y Lésther Selva fueron capturados por supuestamente haber realizado un tranque exprés. Cortesía
Ana Lucía Álvarez, colaboradora del Monitoreo Azul y Blanco (que se define como una red amplia y diversa de activistas territoriales), coincidió con el abogado, al declarar que “los asedios no han parado: se mantiene un promedio de seis al día desde julio 2018, así que siguen a la orden del día, todos los días”.
“Lo que preocupa en especial, es el tema de los allanamientos, porque es una estrategia de represión, violencia e intimidación, que no se estaba usando con tanta reincidencia en los últimos meses, y sí en los últimos días”, advirtió.
Álvarez dijo que al equipo le preocupa “la saña que estamos viendo más recientemente”, en la que destaca “el allanamiento como estrategia de represión”, recordando que un día antes (el viernes 17 de enero) habían vuelto a secuestrar en Ocotal a Heyder Salazar Bodán, un ciudadano que había sido excarcelado el 30 de diciembre, o sea, apenas 18 días antes.
“Vemos que el redireccionamiento del asedio cambia al salir los excarcelados, que concentran el 65% de casos de asedio, y eso nos preocupa muchísimo”, remarcó.
El análisis de los reportes recibidos, y de los expedientes de cada reo, muestra un elemento que también les preocupa, y que definen como “un cambio de estrategia”, por parte del régimen, mismo que ya comenzaba a ser evidente a partir de febrero 2019, pero lo fue más luego del 10 de junio, fecha en que aprobaran su Ley de Amnistía.
A partir de ese momento “cambian los tipos delictivos a través de los cuales acusan a personas opositoras y presos políticos: si antes los judicializaban por terrorismo, crimen organizado, y otros delitos asociados al tema político, ahora les achacan delitos comunes tales como robo agravado, tráfico de armas, etc.”, explicó.
La intención de la dictadura es “reforzar su narrativa, y vender ante la comunidad internacional que estos capturados son delincuentes. Esto responde a una estrategia para legitimar un discurso de normalidad, y por eso es importante que los sigamos llamando excarcelados, y no liberados”, insistió Álvarez.
