10 de enero 2020
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Al iniciar el año, se impone visualizar las perspectivas que para el 2020 se presentan a nuestro país en los planos político, económico y social. Lógicamente, el punto de partida es un balance de lo acontecido a lo largo del año recién finalizado, ya que los procesos sociales y políticos siguen su curso y dinámica.
Aclaramos que no haremos un relato pormenorizado de los acontecimientos, sino una revisión panorámica, concentrándonos en lo que consideramos principal.
Comencemos con el campo político. A lo largo del primer semestre, y más específicamente, entre febrero y julio, la dinámica estuvo marcada por las negociaciones entre cabecillas del régimen y representantes de la Alianza Cívica. Un inesperado encuentro entre Ortega y empresarios prominentes sirvió de escenario para abrir el ciclo. Un dato remarcable de esta etapa fue el retiro de la jerarquía católica del rol de mediador que había desempeñado en el 2018. La vieron venir y sacaron las manos del fuego. Después del primer mes se suscribieron unos acuerdos generales, que Ortega no cumplió. Las negociaciones se estancaron hasta que el mandamás, en el mes de julio, sepultó el proceso.
¿Qué lecciones podemos extraer de las negociaciones con Ortega?
La gran lección es que para Ortega los diálogos son simples maniobras dilatorias o diversionistas que se inscriben en su estrategia de guerra, y no un recurso para encontrar soluciones concertadas a la crisis que atraviesa el país. Ortega pretende someter o aplastar, por el engaño, el soborno o la fuerza. En el 2018, acudió al primer diálogo a causa de la presión interna. Asumió compromisos. Estiró y encogió. Y abortó el proceso cuando sintió que había controlado la situación, a sangre y fuego.
En el 2019, corrió a convocar negociaciones cuando irrumpió Juan Guaidó en Venezuela, en el marco de una estrategia combinada con amenazas de la administración norteamericana y acciones de la comunidad internacional, primordialmente el Grupo de Lima. El momento pareció presagiar la caída inminente de Maduro y Ortega quiso curarse en salud ante el riesgo de quedar a media calle, desnudo y enclenque. Cuando se disipó la amenaza y sintió conjurado el peligro, volvió a patear la mesa.
Es importante remarcar esta enseñanza porque Ortega volverá a utilizar la misma estratagema cuando sienta de nuevo el agua al cuello. Recordemos que Maduro ha convocado a once diálogos. El corolario es: el único lenguaje que Ortega entiende es el de las correlaciones de fuerza por tanto la receta es no darle respiro y “apretar y apretar” todo lo que se pueda.
El aspecto positivo de esta etapa fue la excarcelación de una proporción significativa de prisioneros políticos. La forma en que se produjo la excarcelación -un manotazo absolutista- evidenció que en realidad se trataba de rehenes, que el régimen utiliza como moneda de cambio en el toma y daca, principalmente de cara a la comunidad internacional.
El segundo semestre estuvo marcado predominantemente por las expectativas y acciones de la comunidad internacional: La apertura del procedimiento de aplicación de la Carta Democrática por parte de la OEA; las declaraciones condenatorias de distintos órganos de la Unión Europea; las sanciones impuestas por Canadá y Estados Unidos, así como la suspensión de la cooperación bilateral por parte de algunos países europeos; profundizaron el aislamiento internacional del régimen. A ello se suma la caída de Evo Morales, que rompió un eslabón en los enlaces con Cuba y Venezuela.
Sin embargo, los golpes más contundentes fueron las sanciones impuestas al Bancorp, brazo financiero del conglomerado empresarial de la camarilla en el poder y plataforma financiera para el trasiego y lavado de capitales. Más de 2700 millones de dólares del capital de Ortega se encontraban bajo la tutela de ese banco en calidad de fideicomisos. Con el cierre, es un misterio dónde está refugiado ese capital.
El otro golpe fueron las sanciones a DNP, cabeza de uno de los negocios fraudulentos más lucrativos del régimen, esto es, el negocio de las importaciones y comercialización de hidrocarburos a precios onerosos.
En ambos casos, BANCORP y DNP, se puso de manifestó la bochornosa confusión entre el patrimonio público y los intereses empresariales de la familia gobernante. Con el Bancorp naufragó la operación que pretendía transformarlo en banco estatal mediante una ley que aprobaron los diputados de Ortega, pero quedó non nata. Las sanciones llegaron antes y no tuvieron más remedio que proceder a su liquidación. Con DNP, estatizaron los inventarios para asegurarse liquidez a precios que cargarán sobre las espaldas del pueblo. Pero el lucrativo negocio se desinfló.
En la base de estas dinámicas se registran dos constantes: La represión feroz y la cancelación de derechos y libertades ciudadanas, como mecanismos únicos para aferrarse al poder. Y el progresivo deterioro económico y social, que afecta a familias y empresarios de todo tamaño. Desempleo, cierre de empresas, contracción de créditos bancarios, pérdida de ingresos, migraciones, empobrecimiento, endeudamiento de familias y empresas, recesión económica.
En cuanto a la oposición, hay luces y sombras. La camarilla gobernante preserva el poder, pero no ha podido restablecer “la normalidad”. A punta de represión mantiene contenidas las expresiones masivas de protesta, pero el rechazo de la mayoría de la población crece, al igual que se filtran recurrentes manifestaciones de resistencia, particularmente de familias de víctimas y de prisioneros políticos.
Corresponde, asimismo, registrar avances en la unificación de fuerzas y esfuerzos. Podemos citar: la publicación de propuestas de cambio serias, por parte del COSEP, la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, las cuales ofrecen bases para una concertación sustantiva estratégica; la estructuración de una propuesta de reformas electorales, a pesar de que no se visualiza un escenario electoral; y los esfuerzos para construir una coalición nacional democrática. Avances lentos e insuficientes, ciertamente, pero avances al fin.
Con estos antecedentes, el desafío inmediato es, más allá de las declaraciones de intención, concertar una estrategia que:
- Aglutine a diversos sectores políticos y sociales comprometidos con la democracia;
- enlace el corto y el mediano plazo;
- articule el plano internacional, la movilización ciudadana, la comunicación política, la organización y el acercamiento a los problemas y angustias cotidianas de la población, mediante el acompañamiento de sus demandas con propuestas y acciones;
- tenga como propósito explícito desplazar al régimen por medios pacíficos e iniciar un proceso de cambio democrático.
