10 de enero 2020
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Presionado por las sanciones de la comunidad internacional el régimen de Daniel Ortega ha puesto en la agenda de la Asamblea Nacional una reforma a la Ley Electoral. Modificaciones que el presidente de la Asamblea, el diputado Gustavo Porras (uno de los sancionados por Estados Unidos), advirtió que solo serán discutidas con el Consejo Supremo Electoral (CSE), afín al Gobierno, y los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento (el gobernante FSLN, el Partido Liberal Constitucionalista y los aliados del Gobierno), excluyendo de esta manera a los movimientos sociales y políticos organizados tras la Rebelión de Abril que exige la salida de Ortega y ha divulgado una propuesta conjunta de reformas electorales.
Durante la presentación de la agenda legislativa 2020, Porras aseguró que la reforma electoral se realizará con el objetivo de “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral”. Luego enfatizó: “Le vamos a dar seguimiento para que nadie en este país siga diciendo que los diputados no hacen nada”.
La reforma electoral ha sido una de las principales demandas de las organizaciones civiles que se oponen a Ortega. Recientemente presentaron una propuesta de reforma consensuada que entre otros aspectos plantea despartidizar las estructuras electorales y administrativas (CED, CER, CEM); nuevos mecanismos para el nombramiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Policías Electorales; sin embargo, el régimen se ha negado a discutir estos cambios con la sociedad civil organizada.
Sordo y con los votos necesarios para reforma electoral
El representante de la Alianza Cívica, José Pallais, advirtió que Ortega tiene los votos suficientes para imponer en la Asamblea una reforma electoral unilateral, cambios que podrían ser superficiales para lavar un poco su imagen ante la comunidad internacional y no las modificaciones profundas que se necesitan en el Poder Electoral.
“No hemos sido tomados en cuenta en absoluto, más bien hemos escuchado que no tiene ninguna disposición el Gobierno de aceptar las recomendaciones que han hecho la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo”, explicó Pallais. Quien valora que el Frente Sandinista “considera que la Alianza Cívica no les conviene para negociar una reforma que reitere los pactos prebendarios, los acuerdos que no han beneficiado a la democracia”.
Sin embargo, Pallais dijo que la Alianza Cívica ha sostenido algunas reuniones con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional, quienes les han manifestado que “ellos no se prestarán a ese juego de apoyar a que el Gobierno logre una reforma a su medida”. Es así es que “esperamos que cumplan con ese compromiso, con esas palabras que nos han transmitido ahora que es claro la movida del Gobierno de hacerlo con quienes en el pasado han negociado con ellos”, subrayó.
Uno de los partidos políticos que discutirán la reforma electoral con el orteguismo será el Partido Liberal Constitucionalista, cuyo jefe de bancada, el diputado Jimmy Blandón dijo que espera “que se puedan sentar todas las fuerzas democráticas a preparar una propuesta de reforma en conjunto”, desconociendo de esta forma la propuesta unificada de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero dejando abierta la posibilidad para una futura negociación.
Es por este desconocimiento de la propuesta unificada que el opositor Pallais asegura que “ahora que está clara la movida del Gobierno” solo queda divulgar con más ahínco la propuesta de reforma electoral, un documento que también enfatiza en la necesidad de observación electoral obligatoria, divulgación de resultados en el sitio web del CSE detallados por JRV a nivel nacional; publicación de todas las actas de escrutinio en el sitio web del CSE; boletas electorales separadas para cada tipo de elección (Presidente, Diputados departamentales, PARLACEN, Alcaldes y concejales); fiscalización de partidos políticos en tiempo y sin exclusiones; depuración, actualización y auditorias del Padrón Electoral.
Más reformas
Otros cambios anunciados por Porras fueron una nueva reforma tributaria para quitar exoneraciones y racionalizar exenciones fiscales a las empresas. Asimismo aseguró que habrá cambios a leyes de Salud, Ambiental, de rótulos, de la Ley de Régimen Presupuestario, a la Ley de Servicio Civil, Ley de Vivienda de Interés Social. Finalmente sacarán nuevamente del baúl la Ley De Tercerización para establecer la obligación a los empleadores de pagar seguro social a los trabajadores subcontratados.
