1 de enero 2020
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En el Informe de Desarrollo Humano en Nicaragua, presentado en 2002, titulado “Las condiciones de la esperanza”, después de haber preguntado a más de 7 000 personas de todo el territorio sobre el país que soñaban, la mayoría señaló: “contar con instituciones que permitieran asegurar la transparencia y justicia en la gestión pública para preservar la democracia. Además, manifestaron su compromiso cívico de fortalecer la institucionalidad y de contribuir, con su participación a la consolidación de la democracia” (PNUD, 2002, 100).
Sin embargo, después de analizar los cambios que ya se estaban gestando en nuestro país con el pacto Alemán-Ortega, alertábamos: “Los acuerdos suscritos por los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional en febrero de 2000 han debilitado las instituciones públicas, restándoles legitimidad frente a la ciudadanía”. (PNUD 2002, 113). Y recomendábamos: “para que la democracia abone en terreno fértil, se requiere un cambio en el sentido que tradicionalmente ha tenido la política, mediante la suscripción de un contrato que reestructure las relaciones entre el Estado, la sociedad y la ciudadanía. El nuevo contrato debería garantizar el tránsito hacia la construcción de instituciones sujetas a derecho, que fomenten la confianza en el país y entre los nicaragüenses; faciliten el control de la representación ciudadana sobre los actos gubernamentales y alienten el debate político como fórmula para dirimir las diferencias”. (PNUD 2002, 114).
A casi veinte años de esa consulta y ese informe, qué lejos estamos de ver cumplidos los sueños de los nicaragüenses.
A las demandas y protestas ciudadanas del 18 de abril de 2018, el gobierno respondió en la forma en que había respondido desde las elecciones municipales de 2008, sus turbas se encargarían de disuadir a los que reclamaban sus derechos y los de sus padres y abuelos. Pero pronto pudo percibir que la situación no era igual que en ocasiones anteriores y recurrió a paramilitares y la policía para detener lo que se vislumbraba y se ha convertido en una tormenta de grandes proporciones. Su explicación fue simple: golpe de estado de los grupos oligárquicos apoyados por el imperialismo norteamericano.
Sin embargo, la ciudadanía rápidamente se dio cuenta de que había muchos con quienes compartían la necesidad de un cambio en la forma de hacer política en nuestro país y es a este punto que me interesa referirme.
Por razones que sería largo enumerar, y, que brevemente se podrían esbozar: los pactos entre cúpulas, o mejor, entre jefes de pandillas, la corrupción, la ambición, las zancadillas y el cierre de espacio para los liderazgos emergentes, se fueron apartando los mejores. Así, poco a poco, las nicaragüenses nos fuimos alejando de la política. La política entendida como el derecho, que creíamos establecido desde Rousseau de que la política tenía que ser una cuestión del pueblo y para el pueblo. Fuimos dejando de lado nuestros sueños de contar con instituciones sujetas a derecho, capaces de asegurar la transparencia y justicia en la gestión pública para preservar la democracia. Nada más lejos de nuestra realidad de hoy.
El régimen Ortega-Murillo muy hábil y tempranamente se apropió de la palabra “pueblo” y ahí tenemos uno de los principales problemas. Casi sin darnos cuenta, a partir de 2007 nos vimos con “el pueblo presidente” encarnado en Daniel Ortega. La ciudadanía le fue dejando poco a poco, con garrotazo más, garrotazo menos, el ejercicio de la política exclusivamente a Ortega, sus corruptos cómplices y su partido, partido que poco a poco se vio despojado de sus Asambleas, Comités, etc., y quedó reducido a un pequeño grupo, seguidor de sus dictados y, los de su vocera. Con claras excepciones, y no menos garrotazos, grupos reducidos de ciudadanos y los grupos de mujeres, cuya lucha por sus derechos nunca ha claudicado, señalaron los riesgos de ese modelo. Pero la mayoría silenciosa, no dijo nada. Los partidos políticos, incluyendo los viejos partidos se sumaron a la danza de Ortega. Y el pueblo, esa mayoría silenciosa cuyo nombre le fue confiscado, dejó de verse representada en los partidos políticos.
Esto fue precisamente lo que cambió el 18 de abril, esa mayoría silenciosa ha empezado a darse cuenta de que la política es importante, que es primordial, y no puede seguir exclusivamente en manos de aquellos a quienes el régimen les otorga el derecho de asumir la representación de todos los y las nicaragüenses. Esto lo vemos todos los días, cualquier persona en cualquier grupo o reunión, ya sea de carácter social, familiar, laboral, o las redes sociales, se siente con el derecho a opinar, de expresar su opinión. A muchas de estas personas les ha costado el puesto, uno de los últimos, es el caso de la destacada atleta que se atrevió a criticar el otorgamiento de una medalla al tenebroso comisionado Avellán.
Ese nuevo interés por la política renueva la esperanza. Es cierto que nos falta práctica en el ejercicio de la democracia, y que comparados con otros países en los que la democracia ha sido parte de sus vidas, o se ha ido recuperando poco a poco, como en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros, aún nos falta mucho para abrirnos de una manera más plena al debate político.
Con no poca frecuencia solemos recurrir a las ofensas, en vez de argumentos con los cuales responder, apelamos a aspectos personales del oponente, descalificándolo como persona y no respondiendo o argumentando por sus ideas u opiniones. Y en esto de las ofensas, sin duda aquella que se ha convertido en la voz del gobierno, y también su ejecutora, se lleva todas las palmas. No solo ha descalificado a quienes difieren de sus opiniones con los peores insultos (plagas, bacterias, y un largo etcétera), ahora se está reservando para ella, el derecho a decir quiénes son o no son nicaragüenses.
Por esas razones, necesitamos volver a preocuparnos y a ocuparnos de la política, que los jóvenes vean en la política una manera de ejercicio democrático del poder, en el cual todas las voces sean escuchadas, que no volvamos a incurrir en el desatino de dejar la política en unas pocas cabezas, las que rápidamente se olvidan de que son representantes y asumen papel de dueños no solo de la política, sino de nuestras vidas. Que los líderes lo sean por su capacidad de convencernos con su sólida argumentación y no por la fuerza con que aporrean a sus oponentes. Que el autoritarismo no vuelva a ser quien guíe y oriente los debates, que la capacidad de pensar críticamente nos permita ver la diferencia entre lo fundamental para la democracia y lo accesorio, que no perdamos el norte de que lo más importante es volver a construir las condiciones de la esperanza, que volvamos a soñar con un país de instituciones democráticas, sujetas a la ley y al escrutinio público.
Sin duda, nos espera una tarea dura, el ejercicio del poder que hemos tenido de ejemplo en nuestro país, especialmente los últimos años, no ha dejado precisamente buenas lecciones. En todos los campos los malos ejemplos abundan, basta recordar una de las últimas intervenciones de Ortega, en la cual expresó claramente que, si las elecciones no le sirven para mantenerse en el poder, esto es, si no le aceptan los fraudes, de los cuales hay suficiente evidencia, tendrá que recurrir a las armas, que es precisamente lo que está haciendo ahora. Habría que preguntarse si le sería posible continuar en el poder si no dispusiera de un ejército y una policía a su servicio.
Ni los empresarios con todo y su poder económico, han escapado de este afán de Ortega de sentirse dueño de vidas y haciendas, al amenazarles con divulgar información sobre los negocios con Venezuela, algo que, en un gobierno de instituciones, debió ser una política de Estado y no una concesión graciosa del presidente.
Pero también hay buenos ejemplos, siempre recuerdo la famosa frase de doña Violeta Barrios de Chamorro, cuando le preguntaban que iba a hacer con los grupos armados, instigados ya sabemos por quienes, que una y otra vez se levantaban en armas al inicio de los noventa, su respuesta fue invariable: “Seguimos platicando”. Y esa es la esencia de la democracia, seguir platicando hasta que encontremos puntos en común y ahí llegar a acuerdos.
Esa aspiración de los y las nicaragüenses, hoy renovada, por un país de instituciones democráticas, solamente será posible alcanzarla si mantenemos firme nuestra bandera de que la política es parte primordial de nuestras vidas, si esos valientes jóvenes, hombres y mujeres que hoy nos llaman a movilizarnos mantienen su interés por la política, se preocupan y se ocupan de que las instituciones políticas respondan a los intereses de la democracia, la verdad y la justicia. Y, por último, si nos aseguramos de que, como decíamos en el Informe de Desarrollo Humano al que hemos hecho referencia, “el fomento de la equidad y el fortalecimiento de la democracia…. Constituyen una responsabilidad en la que debería participar por igual la ciudadanía y las instituciones económicas, sociales y políticas” (PNUD, 2000, 114). Jamás volver a dejar esta tarea en unas pocas manos. Finalizando una vez más con Saramago: “las energías vuelven siempre cuando la esperanza vuelve”.
