29 de diciembre 2021
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A un año de que la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” entrara en vigencia -el 30 de diciembre de 2020-, al menos diez personas “percibidas como opositoras”, incluidos periodistas, están siendo procesadas bajo esa figura jurídica, “acusadas de difundir noticias falsas, bajo detenciones ilegales y procesos arbitrarios”, denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La Ley forma parte de un paquete de legislaciones consideradas represivas, junto con la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes extranjeros; la Ley 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía, y autodeterminación para la paz; y la Ley 1060, Ley de reforma procesal penal. Son leyes consideradas como parte del andamiaje jurídico del régimen para ejecutar nuevas detenciones, agudizar la represión, y violentar los derechos humanos.
Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo, explicó que antes de que la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo aprobara el combo de leyes abusivas en 2020, el país ya padecía una “sistemática represión”, “una cadena de abusos de poder y violaciones graves de los derechos humanos que resumimos como la comisión de crímenes de lesa humanidad, que hasta ahora se mantienen en total impunidad”, expresó.
Tras el estallido social de 2018, cientos de nicaragüenses fueron apresados en un intento del régimen de sofocar las protestas en su contra. Con la aprobación de la “Ley Mordaza” y las demás leyes que vinieron después, el régimen buscó dar “alguna careta de legalidad, un manto de legalidad a lo que, por hecho, han venido haciendo”, sostuvo Carrión.
Desde que se conoció la iniciativa de la Ley Mordaza -28 de septiembre de 2020-, periodistas independientes, analistas, opositores y defensores de derechos humanos advirtieron que el régimen la instrumentalizaría para acallar las voces incómodas, criminalizar el periodismo independiente y continuar violentando el derecho a la libertad de expresión.
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Si bien, el cuerpo completo de la Ley -que establece penas de uno hasta diez años- es cuestionado, el artículo 30, que penaliza la propagación de noticias falsas y/0 tergiversadas, que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, viola “el principio de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica”, advirtió el Colectivo, porque la Ley no define qué es una noticia falsa y tampoco establece parámetros para medir su posible impacto en la población. Eso da una amplia discrecionalidad a las instituciones policiales, jurídicas y la Fiscalía, que están controlada por el Ejecutivo.
Para Carrión, ninguna Ley es válida si el gran propósito es “golpear más, oprimir más a ese pueblo nicaragüense valiente que sigue en resistencia, silenciar toda voz que ejerce el derecho de expresión, relacionado al ejercicio de ciudadanía, al ejercicio de derecho de participación política, al derecho de asociarse (…)”, dijo.
¿Cómo se ha aplicado la Ley Mordaza?
El Ministerio Público citó la Ley de Ciberdelitos en varios de los interrogatorios a los que fueron sometidos decenas de periodistas independientes como parte de la investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que inició la Fiscalía en mayo de 2021. Wilfredo Miranda fue uno de los periodistas que denunció que querían incriminar su trabajo como violaciones a la Ley.
Durante noviembre el régimen orteguista desató una nueva ola de detenciones, encarcelando a 27 personas, entre estos, miembros de organizaciones opositoras o partidos políticos, activistas, analistas, exatrincherados y excarcelados políticos. De estos, trece fueron acusados por violentar la Ley 1055 o Ley de Soberanía y La "Ley Mordaza".
No obstante, el Colectivo señaló que la Ley también ha sido utilizada contra defensores de derechos humanos y especialistas independientes, como ocurrió el pasado 8 de septiembre de 2021, cuando el ambientalista Amaru Ruiz fue imputado por la Fiscalía de cometer el delito de “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, luego de que Ruiz denunciara nuevos asesinatos contra indígenas en el Caribe del país.
En julio, el Ministerio de Salud (Minsa) citó a médicos independientes que cuestionaban el manejo estatal de la emergencia sanitaria por la covid-19. Las autoridades dijeron a los galenos que había una única entidad para informar sobre el coronavirus, incluidas las cifras de contagios y fallecimientos -cuyas cifras han sido señaladas de poco transparentes por epidemiólogos-, mientras les recordaron que el país contaba con una Ley que castigaba con cárcel las "noticias falsas".
Esto generó temor entre el gremio y varios especialistas se exiliaron temiendo un encarcelamiento injusto. Otros prefirieron autocensurarse. Lo mismo ha ocurrido con diversas fuentes de información que temen ser involucrados en procesos judiciales, y, por ende, solicitan que se citen de forma anónima o bajo pseudónimos. Asimismo, según el Colectivo, debido a la escalada represiva contra el periodismo y la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, "al menos 70 periodistas se desplazaron forzosamente fuera del país” en 2021.
Murillo amenazó a periodistas
La vicepresidenta Rosario Murillo acusó a periodistas independientes que alertaban sobre el riesgo de un rebrote de covid-19 en julio de estar publicando “noticias falsas” sobre temas de Salud, con información de “falsos médicos y con falsos pronósticos”, que podría ser castigado con la “Ley Mordaza”. En agosto se dio el más fuerte rebrote de la pandemia, pero que no fue reconocido oficialmente por el Minsa.
“A las chachalacas que disfrutan, disfrutan hacer daño sobre los temas de salud, les decimos: 'ni pudieron, ni podrán', ¡cálmense!, ¿saben por qué? A esos chachalacos que disfrutan alarmando a la gente, ¿saben?, porque en la vida todo se paga, y si hacemos daño, daño nos llegará”, continuó Murillo. “No nos expongamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones, hagamos el bien para que el bien nos llegue a todos”, expresó el 7 de julio pasado.
La estrategia, mediante el combo de leyes represivas, es objetivizar a quienes defienden la libertad como el derecho de expresión y que sean vistos como “enemigos”, dijo Carrión. No obstante, considera que el régimen no ha logrado su objetivo de silenciar a la ciudadanía, y su expresión más contundente fue la abstención mayoritaria en los centros de votación el pasado 7 de noviembre, cuando Ortega y Murillo se reeligieron sin competencia política ni garantías mínimas democráticas.
Pese a todo, la población y el periodismo independiente siguen informando, consideró el defensor de derechos humanos.
