28 de diciembre 2021
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La República Popular de China dio este martes 28 de diciembre un respaldo al régimen de Daniel Ortega, al llamar un "acto de justicia" la confiscación de la sede de la antigua embajada de Taiwán en Managua, la que será entregada al gigante asiático por una cuestionada decisión del Ejecutivo nicaragüense.
El 19 digital, medio oficialista de Nicaragua, ha reproducido las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, donde destacan el compromiso de Ortega que rompió con Taiwán el pasado nueve de diciembre.
"China aprecia mucho el acto de justicia de Nicaragua que muestra respeto por la soberanía de China y su compromiso con el principio de una sola China. Las autoridades de Taiwán intentan lograr su siniestro programa jugando el truco de regalar los activos estatales de China, que es ilegal, nulo y sin valor y nunca funcionará", dijo el portavoz chino Zhao Lijian.
Las declaraciones textuales del portavoz, además, han sido enviadas a los medios en Nicaragua por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Ortega, citándolas como una respuesta a la agencia Bloomberg que preguntó sobre el asunto, a la que solo agregaron, sin ningún comentario adicional, el sello de la Cancillería al final del breve documento.
Lijian sostuvo que no “existe un Ministerio de Relaciones Exteriores” de Taiwán, ya que ese país es parte inalienable de su territorio, lo que considera un hecho histórico y legal inquebrantable.
“De acuerdo con los principios básicos del derecho internacional, incluido el respeto por la soberanía nacional y la integridad territorial, todos los activos estatales de China, ya sea en China o en el extranjero, son propiedad del gobierno de la República Popular China. Esto ha sido ampliamente reconocido a lo largo de muchos años de práctica diplomática", adujo el vocero chino en las primeras declaraciones de la potencia mundial, tras el comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR) del domingo pasado, a través del cual Ortega comunicó la confiscación.
La decisión de Ortega es el último escándalo diplomático de su régimen, que fue denunciado por expertos en derecho internacional locales e internacionales como una confiscación, porque el objetivo de la dictadura era evitar la donación de la sede diplomática a la Arquidiócesis de Managua. Al régimen no le compete reasignar ni apropiarse de bienes ajenos, según opinaron los especialistas.
Nicaragua mantuvo relaciones diplomáticas con Taiwán desde 1990 hasta el cierre de este año cuando decidió reconocer a la China Popular, pese a que la isla de Formosa era un donante generoso y mantuvo su silencio en medio de las críticas de la comunidad internacional a la represión de Ortega contra la ciudadanía, lo que ha sido recordado y remarcado por muchos de sus críticos en estos momentos en que son objeto del despojo de la antigua embajada.
Sin embargo, expertos en derecho internacional como el costarricense Carlos Cascante explicaron que se debió dar un proceso de transición, en el cual se le debió permitir a Taiwán “ordenar los asuntos administrativos-pecuniarios, tanto sobre bienes como personal local que hayan contratado”.
Taiwán denunció la “apropiación ilegal” de su edificio, lo que consideró una obstrucción para la donación a la Iglesia, y calificó como “régimen dictatorial” a Ortega. Según el artículo 45 de la Convención de Viena, que es el que ha regido en las relaciones diplomáticas con Taiwán, el Ejecutivo de Nicaragua tenía la opción de proteger los bienes locales de la misión diplomática saliente, incluso en un contexto de guerra, o establecer la custodia en manos de un tercer Estado aceptado por Taiwán, lo que no ocurrió.
Pero, además, otro experto consultado por CONFIDENCIAL, dijo que el régimen ha violado la misma Constitución del país, que en su artículo 44 establece la garantía del derecho de la propiedad, prohibiendo textualmente la confiscación de bienes. Incluso, la carta magna advierte "los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos".
Excanciller costarricense: "Es otra atrocidad"
Para el excanciller de Costa Rica, Manuel González, quien ejerció el cargo entre 2014 y 2018, la decisión de Ortega es otra atrocidad que no sorprende de alguien que tampoco respeta el derecho interno de Nicaragua y se erige como una situación de la que no conoce otro caso similar en la región.
"Es una absoluta ilegalidad del bloque mínimo de respeto al derecho internacional, una atrocidad para mí y una arbitrariedad más de cómo la dictadura de Ortega actúa. Si hemos visto que no tiene ningún respeto por el bloque de su derecho interno, pues menos lo va a tener por la legalidad internacional", sostuvo González.
Según el diplomático, no se puede negar que existía un reconocimiento del Estado de Nicaragua a Taiwán durante muchos años y, por lo tanto, no parece razonable recurrir a la excusa del reconocimiento de una sola China Continental para justificar la actuación arbitraria de Ortega.
González sostiene que la decisión tomada por el mismo obedece a la intención de congraciarse con China Continental y recordó que Nicaragua tiene la obligación legal de proteger los activos, información, personal del Estado con el que rompió relaciones y garantizarles su integridad física. "No hay necesidad de actuar de la manera como lo hicieron. Es lamentable y qué podemos esperar de un régimen dictatorial absoluto como el de Nicaragua, que toma las decisiones a su antojo, sin ninguna contemplación ni consideración a la legalidad que debe imperar", explicó.
