22 de diciembre 2021
AA
Share
El agravamiento de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018, con el incremento de la persecución política y la criminalización, sumado al sistemático deterioro económico de los últimos tres años, son algunos de los factores que han influido en que más de 140 000 nicaragüenses decidieran migrar en 2021.
Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, quien ha estudiado durante décadas el comportamiento e impacto de la migración nicaragüense, detalló, a través de sus redes sociales, que “dos de cada cien nicaragüenses salió del país en el 2021”, refiriendo que 83 000 de estos fueron ubicados en la frontera de México y Estados Unidos, mientras que otros 40 000 pidieron refugio en Costa Rica.
Indicó que “otros se fueron a terceros países o entraron por puntos ciegos o de forma irregular”. Además, resaltó que todo ese flujo migratorio es “una de las muchas consecuencias” de que Nicaragua “viva en una dictadura”.
Gráfico del flujo migratorio de nicaragüenses a Costa Rica y Estados Unidos. Tomado de redes sociales del investigador Manuel Orozco.
Represión obliga el desplazamiento de nicaragüenses
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado divulgado este lunes, indicó que durante este año recibió información “sobre el incremento de personas nicaragüenses en desplazamiento forzado debido a la intensificación de la represión y el clima de temor y persecución que se mantiene en el país en contra de todas las personas consideradas como opositoras al Gobierno” de Nicaragua.
A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH conoció que las personas desplazadas de manera forzosa “habrían sido víctimas de amenazas directas de detención por agentes de la Policía Nacional o simpatizantes del Gobierno”.
También mencionan que en otros casos muchas de las personas que decidieron dejar el país, refirieron que vivían en un “clima de temor y zozobra por la constante presencia de agentes de la Policía Nacional en sus domicilios, actos de seguimiento y vigilancia, e inclusive la negativa para trasladarse a otros departamentos”.
Entre los principales grupos que han huido de Nicaragua, según los testimonios recabados por la CIDH, se encuentran: personas defensoras de derechos humanos y periodistas; estudiantes que participaron en las movilizaciones de abril de 2018; representantes legales de personas privadas de la libertad; trabajadoras de la salud opositores a las políticas del Gobierno; personas excarceladas bajo la Ley de Amnistía en 2019; familiares de personas detenidas o asesinadas en el contexto de la crisis; y líderes políticos y de movimientos sociales que fueron amenazados ante la continuación de las detenciones arbitrarias en el país.
La CIDH denunció que algunas de las personas que han buscado salir del país ha sido sometidas a “a interrogatorios en el aeropuerto por agentes de la Policía Nacional, así como revisiones de documentos personales, computadoras y teléfonos celulares”, por lo que se ha incrementado la movilidad de personas por lugares de cruce irregular o "puntos ciegos".
Más nicaragüenses dispuestos a migrar
Una encuesta realizada entre el 5 y el 13 de diciembre por la firma costarricense CID Gallup, auspiciada por CONFIDENCIAL, reveló que cada vez más nicaragüenses se muestran abiertos a la posibilidad de migrar.
El análisis, que tuvo la participación de 1000 personas a nivel nacional, entrevistadas vía telefónica, arrojó que el 65% de los consultados indicó como “mucho o algo” que migraría si tuviera la oportunidad. En cambio, el 33% aseguró que es “poco o nada probable” su posibilidad de hacerlo.
El principal motivo para migrar, según los entrevistados que se mostraron abiertos a la posibilidad, es la situación económica del país (62%). También indicaron que lo harían para buscar un mejor futuro (21%) y por la situación política de Nicaragua (6%).
Se complica más llegar a Estados Unidos
Lamentablemente, los nicaragüenses que inician la travesía de la migración se enfrentan cada vez más a situaciones de mayor peligrosidad y políticas más complejas para alcanzar el asilo o refugio en otro país.
Recientemente, a inicios de diciembre, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron reactivar el programa “Quédate en México”, recordado como una de las políticas implementadas por la Administración de Donald Trump, en la que los migrantes son obligados a esperar en territorio mexicano las respuestas a sus solicitudes de asilo.
El acuerdo entre ambos países se dio luego que la justicia estadounidense ordenó que se reanudara el programa, que había sido derogado cuando la Administración Biden asumió el poder.
Más de 240 organizaciones de derechos humanos, derechos civiles, ayuda a refugiados, inmigración y organizaciones religiosas, lideradas por Human Right First y la Comisión de Mujeres refugiadas, instaron al presidente Biden, a través de una carta enviada el pasado 17 de diciembre, a que ponga fin a la “política de permanecer en México y desplegarla en conjunto con el Título 42”, por considerar que son “dañinas y ilegales”.
El Título 42 es un estatuto de salud pública de Estados Unidos que data desde 1944. Durante la Administración de Trump, en marzo de 2020, se hizo una interpretación del mismo ante el aumento de las muertes y propagación por la covid-19, autorizando al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América (CBP, por sus siglas en inglés) a expulsar de inmediato a toda persona o mercancía que ingrese a territorio estadounidense y pudiera poner en peligro la propagación del virus.
Durante el año fiscal 2021 se expulsó a 3293 nicaragüenses bajo el llamado Título 42, según los datos publicados por la Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés). En lo que va del año fiscal 2022 (octubre y noviembre) ya suman 1007 nicaragüenses expulsados bajo la nueva interpretación de ese estatuto.
Según la CBP, en el año fiscal 2021 se realizaron 50 722 aprehensiones de nicaragüenses que intentaban ingresar a Estados Unidos, lo cual corresponde a un incremento de 1500% en comparación con los datos del 2020.
En lo que va del año fiscal 2022 (octubre y noviembre), ya suman 22 938 aprehensiones de nicaragüenses, refiere los datos actualizados del CBP. Julia Neusner, abogada de protección de refugiados de Human Right First, indicó a través de sus redes sociales que diez días después del lanzamiento del programa Permanecer en México 2.0 el Gobierno de Estados Unidos devolvió a 176 migrantes desde el puerto de entrada de El Paso, mientras “continúa usando el Título 42 para expulsar” a migrantes.
De los 176 migrantes devueltos a México desde El Paso, Estados Unidos, entre el 8 y el 17 de diciembre pasado, 111 eran de origen nicaragüense, 38 venezolanos, 14 cubanos, 7 colombianos y 6 ecuatorianos.
“La continuación del Título 42 por parte de la administración Biden y la expansión de 'Permanecer en México' están poniendo en peligro vidas y creando un desastre humanitario en nuestra frontera", denunció Human Right First.
Además insistió en que la Administración Biden "debe tomar medidas inmediatas para poner fin a su uso de estas políticas inhumanas e ilegales y reiniciar el asilo de conformidad con el derecho internacional y de los Estados Unidos ".
Las organizaciones advierten que las personas que buscan asilo en Estados Unidos y que son tratadas bajo el estatuto Título 42 o bajo la política “Quédate en México” se enfrentan a peligros como los secuestros y graves violaciones a sus derechos.
