14 de diciembre 2021
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La Asamblea Nacional, controlada por los diputados del régimen orteguista y sus aliados políticos colaboracionistas, continuó con su cacería de organismos y asociaciones civiles, al cancelar de tajo este martes a nueve entidades de este tipo.
Las entidades que fueron cancelados con el voto de los diputados orteguistas y sus aliados fueron: Asociación de Graduados del INCAE Nicaragua, Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), Asociación de Economistas de Nicaragua, Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), Club Campestre Las Colinas, Consejo de Universidades Privadas, Fundación Véritas, Fundación Hispanoamericana y Fundación del Turismo.
La votación de aprobación de esta cancelación fue de 84 votos a favor, cero en contra, tres abstenciones y cuatro diputados presentes, que aunque no voten de ninguna manera, su presencia se suma a los votos a favor de las resoluciones parlamentarias.
El Consejo de Universidades Privadas (Cosup) es presidido por José Adán Bermúdez, quien es un conocido opositor al régimen y es tercer vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad, fuerza política opositora a la que el régimen canceló su personería jurídica para sacarla del juego electoral, con la complicidad del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Además, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur) y la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep) eran dos entidades civiles ligadas al empresario sandinista Leonardo Torres, sobre el cual el régimen desató esta semana una fuerte represión.
Con el cierre de estas nueve organizaciones, el régimen orteguista ha ilegalizado a 57 entidades civiles en 2021, 13 de las cuales han sido clausuradas en lo que va de esta semana. Desde 2018 hasta la fecha, el régimen ha ordenado el cierre de 67 organizaciones.
Este lunes, la Asamblea Nacional también votó a favor de cerrar la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambas organizaciones presididas por Torres.
También ese mismo día, los diputados aprobaron el cierre de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), que preside el economista Alejandro Martínez Cuenca, y se especializaba en realizar estudios económicos sobre pobreza.
Utilizan mismos argumentos
En un informe, el Ministerio de Gobernación argumentó que en el caso de la Uhispam - inscrita como ONG -, y la Conimipyme, sus juntas directivas se encuentran acéfalas y no han reportado sus estados financieros correspondientes al año 2020 con sus desgloses detallados.
También las señalan de no presentar sus convenios con donantes y ONG sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de las entidades.
En el caso de las nueve entidades que fueron ilegalizadas este martes, el régimen usó estos mismos argumentos para justificar su clausura. Según el informe oficial de Gobernación, todas estas ONG violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
