13 de diciembre 2021
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La crisis política de Nicaragua que se profundizó en 2021 no contribuirá a mejorar la economía el próximo año toda vez que la estrategia del régimen en 2022 es asegurar que se produzca la continuidad dinástica y sucesión presidencial. El régimen intentará mantener sin éxito su gasto público a flote, sacrificando el crecimiento económico, en medio de situaciones de alta tensión política y aislamiento internacional.
Nicaragua está entrando en una etapa gradual de venezuelización similar a la crisis que empezó ese país en 2015, y la culpa no es de lo que Ortega llama “injerencismo extranjero”, sino de su obsesión por enraizar una dictadura dinástica a cambio dejar un país en declive social, político y económico.
La urgencia de abordar una solución ante la crisis es impostergable porque una vez que una economía pasa de contracción a crisis estructural (de desgaste irreparable de sus fuentes de crecimiento), sus factores de producción no se lograrán recuperar en el corto plazo.
Para el año 2022 el régimen tiene planeado asegurar su continuidad en el poder y proteger una sucesión para la familia Ortega-Murillo. Para ello el régimen se basa en cinco líneas de acción.
- Apretar más la represión mediante leyes nocivas, tipificando delitos para tener amarrados a los nicaragüenses con acusaciones falsas que profundicen la cultura del miedo.
- Mejorar su relación con el Ejército, otorgándoles favores e incentivos para evitar y controlar la disidencia interna.
- Continuar el clientelismo en medio de la contracción económica.
- Obtener apoyo económico de Rusia y otros aliados como Cuba, Venezuela, Irán, y China para compensar pérdidas de financiamiento multilateral.
- Rechazar cualquier diálogo o mediación con apoyo la comunidad internacional, mientras se refugia en su alineamiento con China o Rusia.
La visita reciente de los hijos de Ortega y el ministro de Hacienda a Rusia y China forma parte de un esfuerzo por conseguir financiamiento para compensar las pérdidas esperadas ante la reducción del financiamiento externo de organismos internacionales. Aunque sean préstamos menores, intentan agregar un dólar y otro de diferentes fuentes.
Pero a pesar de estos compromisos onerosos, la trayectoria económica de Nicaragua es muy lamentable y no repuntará para el bien del país. Lo que es bueno para una dictadura, no es bueno para la salud económica del país: Se vea desde donde se vea, la situación económica no es positiva.
El sector privado seguirá sufriendo el estrangulamiento del Estado, castigado por la sospecha de ser azul y blanco, y porque el Gobierno necesita recursos para oxigenar su base política. Mientras tanto los organismos financieros internacionales tendrán menos intención de financiar a un país muy endeudado y con un riesgo político alto. Como resultado, Nicaragua lidiará con muchas limitaciones para mejorar la condición de vida de sus ciudadanos.
Ningún cambio económico en 2021
Aunque un crecimiento de 6% en 2021 suene atractivo, el año de la farsa electoral cierra con una economía aún afectada por la crisis política del país. El crecimiento se sostiene parcialmente porque al compararse con la depresión económica de 2020 cuando la actividad se redujo en el equivalente de un mes, en 2021 se proyecta una mejoría. Pero toda América Latina y el Caribe mostró mejoras por encima del 6%, Nicaragua de hecho creció por debajo del promedio.
Para 2022 la economía crecerá menos, a un máximo de 3%. Esta situación es resultado del peso de las remesas que contribuyen a mantener el nivel de consumo módico en el 40% de los hogares nicaragüenses. La economía no es autosostenible sin las remesas. El crecimiento económico depende del aumento en la productividad la cual resulta de un aumento en el consumo interno y externo. Este consumo se satisface cuando hay riesgo en aumentar inversión, acceso al crédito, e incentivos tributarios. Dadas las condiciones acumuladas en 2021, es muy difícil que Nicaragua logre reactivarse.
El gasto del Estado y la política tributaria extorsiva
El gasto del Estado no podrá crecer basado en mayores impuestos sin sacrificar la pequeña empresa con más quiebras, reduciendo la capacidad de empleo, que ya ha decaído significativamente. El endeudamiento externo será limitado porque no habrá acceso pleno al mismo. Además, el sistema financiero no tiene recursos para arriesgarse a dar créditos en un sector privado altamente débil. El resultado es poca generación de empleo y crecimiento incompatible con las necesidades del país.
Una de las principales causas del pobre crecimiento económico se origina tanto en la crisis política como en un Gobierno especializado en oxigenar su base política a través del clientelismo y favores económicos, y no en proteger a los ciudadanos. El Gobierno ha sostenido su sistema represivo a costa de los nicaragüenses, y a costa del sector comercial en particular, aumentando la renta tributaria de esas microempresas y manteniendo altos impuestos al consumo y otras actividades.
En el primer caso ha aumentado la tributación a través del impuesto sobre la renta y el valor agregado penalizando a las pequeñas empresas en medio de una crisis económica y sanitaria y a los consumidores.
Esto coloca a las empresas entre la espada y la pared: más impuestos y menos consumo, sin acceso a crédito.
Frente a la continua penalización tributaria que los comercios y empresas han sufrido estos últimos cuatro años, el incremento de impuestos e incluso mantener la misma tasa tributaria, aumentara la mora, la quiebra y la imposibilidad de pagar o consumir.
A los nicaragüenses se les aumentó la carga tributaria en 20% en relación con 2020, en medio de una crisis económica y campaña electoral, con el propósito político de asegurar el gasto de apoyo a la clientela sandinista.
El endeudamiento externo
Lo que el Gobierno no logró generar en impuestos lo compensó con más endeudamiento externo
Durante 2020 y 2021 Nicaragua adquirió préstamos de más de 500 millones de dólares, respectivamente, equivalentes a más del 20% del presupuesto del Estado. Para 2022 las instituciones financieras internacionales evaluarán un mayor nivel de riesgo para otorgar crédito al país, debido a que este entra a su quinto año de recesión económica, con una crisis política más acentuada ante la ilegitimidad del régimen que resulta del fraude electoral y el aislamiento internacional, agravado por el poco rendimiento de cuentas que hacen sobre esos préstamos, y por presiones de Estados Unidos y otros países de aumentar el escrutinio crediticio.
Todos estos factores harán más difícil el otorgamiento de préstamos internacionales. De ahí que el Gobierno se empecina en el micro financiamiento al buscar préstamos en Rusia, China, o Irán para compensar la posible pérdida de al menos 300 millones de dólares que necesitará para mantener su presupuesto de más de 2,500 millones de dólares y ante la dificultad de poder recolectar más impuestos. EL financiamiento chino por ejemplo le servirá para sostener perdidas en el corto plazo.
El crédito en el sistema financiero
La situación precaria de deterioro económico por cuarto año consecutivo hace difícil que el consumo aumente y que el comercio repunte. El acceso al crédito para las empresas ya no es una opción viable. El país está estancado económicamente debido a la crisis política y el sistema financiero es un reflejo de esta situación.
Por ejemplo, las empresas formales, principales beneficiarias de crédito, han dejado de obtener préstamos o de solicitarlos debido a la caída en el consumo, primero por la crisis política y segundo, por la pandemia. Las microempresas que dependen del crédito microfinanciero tampoco están recibiendo, e incluso algunas microfinancieras han tenido que dejar el negocio.
El resultado es una caída de más de 1.6 mil millones de dólares en la cartera de crédito; y un aumento de la morosidad del 3% en 2018 a 16% a fin de 2021, desincentivando al sistema bancario a otorgar créditos.
La caída del crédito se da en todos los sectores, comerciales y de consumo privado (desde ventas de casa, uso de tarjetas de crédito y especialmente en la compra de vehículos), y afectando a más de 20 000 empresas formales del país durante el transcurso de estos cuatro años, ya sea por denegárseles la solicitud de crédito, por entrar en quiebra, o por no tener suficiente capacidad de endeudamiento en medio de la crisis.
De ahí que en 2022 el acceso al crédito no podrá crecer, la población no ha recuperado sus ingresos por lo que no podrán consumir más, la pequeñas empresas siguen endeudadas y con poca demanda tratando de sobrevivir con recursos limitados. Incluso el sector exportador no está creciendo sustancialmente, y está a niveles menores que la tasa de importación—el aumento en el consumo de importación lo están sosteniendo las remesas, y estas no duran toda la vida.
El empleo y la migración
Estos factores no ofrecen indicios de un repunte económico; el desempleo y aumento en la informalidad son una consecuencia directa. Desde la crisis de abril 2018, el país no ha podido recuperar el desempleo que causó el régimen con la ola represiva contra la población y la economía.
El empleo formal ha caído en más de 150 000 empleados no contratados, mientras tanto la informalidad y la migración crecen de manera escalonada.
Uno de los resultados del desempleo y la informalidad es que el poder adquisitivo ha bajado (a niveles de 2017 sin contar con la inflación), ya que quienes no emigran, se quedan sin trabajo formal o en la economía informal, percibiendo ingresos que son al menos un quinto menor que el del trabajador formal.
Tómese en cuenta, además, que en medio de esta precariedad el Gobierno le cobró un 20% más en impuestos a sus ciudadanos. Esta caída del empleo formal ha tenido consecuencias con la capacidad de generar riqueza.
La desconfianza en la situación política, la desactivación económica durante la pandemia, así como también la persecución tributaria han sido responsables del aumento del desempleo. En 2021 el país aumentó la contratación privada de 30 000 nuevos empleados, muy por debajo de la tasa de crecimiento laboral, mientras la economía informal se mantuvo en más de 200 000 trabajadores desde el 2018 y la migración siguió aumentando con un promedio anual de más de 75 000 personas.
Será muy difícil que los empleos aumenten en 2022, aun en el sector estatal, el cual en medio del clientelismo solo pudo mantener a los empleados públicos que tenía en su nómina, a los que exigió sin éxito ir a votar por el partido FSLN.
La experiencia en otros países de la región muestra que, ante el espectro de malos ingresos en el sector informal, la propensión a migrar aumenta. Por ende, la gente sigue saliendo de Nicaragua.
Esta salida, como en el caso cubano, se está convirtiendo en una válvula de escape conveniente para el régimen, provocando la separación de las familias. La reunificación familiar no está en la agenda del Gobierno, sino expulsar a cuantos más ciudadanos pueda. La desesperanza de la situación económica por la falta de empleo, por el mal clima político y la falta de vacunación, genera una salida masiva de nicaragüenses.
Por ejemplo, la intención a emigrar ha crecido en corto tiempo, hasta aumentar a la mitad de la población adulta en octubre 2021. Solamente a Estados Unidos han intentado entrar más de 70 000 nicaragüenses entre enero y diciembre 2021. Al menos 40 000 nicaragüenses más han ido a quedarse a Costa Rica, con más de la mitad de estos solicitando refugio.
La migración ha traído consigo un fuerte ingreso de remesas que los migrantes han enviado en medio de la crisis. Aún bajo condiciones de menores ingresos, desempleo o incertidumbre, los nicaragüenses en el exterior continúan enviando dinero. En 2021 el volumen alcanzó 2.2 mil millones o el 17% del PIB (de 15% en 2020) creciendo por encima del 16% en gran parte por el crecimiento desde Estados Unidos.
Para 2022 el crecimiento continuará en un 10% aunque menor que en 2021 ya que el número de personas en Estados Unidos enviando crecerá con menor ritmo, y mucho dependerá de la recuperación en Costa Rica (en 2021 las remesas fueron -4%).
Para un país de 1.7 millones de hogares, los migrantes envían dinero a más de 700 000 hogares del país.
Este ingreso ha sido clave para sostener la economía del hogar nicaragüense.
Desempleo, endeudamiento externo, ingresos limitados, contracción crediticia, aislamiento internacional en un clima político represivo, son los factores que gobernarán 2022.
Los nicaragüenses y la comunidad internacional demandan al orteguismo liberar a los presos políticos, aceptar la mediación internacional, para negociar con la oposición democrática y sus fuerzas vivas, incluyendo al sector privado, para resolver la crisis política y así reactivar la economía y cambiarla trágica hoja de ruta que la dictadura de Maduro siguió para llegar al fracaso económico venezolano y a una migración de más del 20% de su población.
Nicaragua no tiene petróleo, pero sus fuentes de crecimiento ya se están agotando y su capital humano se está yendo frente a un ambiente tenso en el que el envío de dinero se orientará por líneas informales y disminuirá (tal y como pasa en Venezuela). La continuidad de este patrón eventualmente incidirá sobre la política monetaria y el retorno hiperinflacionario de los 80.
