4 de diciembre 2021
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Un estudio titulado “Covid-19 y opacidad: La fórmula de muerte en Nicaragua” concluyó que el Gobierno de Daniel Ortega oculta las muertes y los contagios de la covid-19, no realiza pruebas diagnósticas y subejecuta los fondos destinados a la atención de la pandemia.
“Hay responsabilidad de las autoridades tras la negación de la pandemia, la falta de toma de medidas y luego un enorme encubrimiento del mal manejo para vender a la población que el Estado se preocupó por ellos e hizo todo lo posible por salvarlos”, aseguró el estudio, presentado el viernes.
La investigación, realizada por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción, señaló que en el país hay un estimado de entre 6000 y 9000 muertes por la covid-19 que no son reconocidas por las autoridades porque fueron atribuidas a otras causas para reducir las estadísticas de la pandemia.
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El cálculo de estas muertes se basó en los estudios de exceso de mortalidad que han realizado en el país el Comité Científico Multidisciplinario, el Observatorio Ciudadano COVID-19, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), CONFIDENCIAL y también en estadísticas oficiales de los países vecinos. En estos, se analizaron las estadísticas oficiales de mortalidad, la tendencia histórica de muertes y también se compararon con las cifras de otros países vecinos.
También señalaron que “las estadísticas oficiales son escasas, confusas y cuestionadas por la comunidad médica y por la Organización Panamericana de la Salud”, y que “los datos públicos no permiten conocer los grupos más afectados o el impacto en el personal de Salud”.
Infografía realizada por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción
Las muertes del Minsa
Asimismo, los investigadores señalan que la cifra de 211 fallecidos, registrados hasta el 23 de noviembre pasado, es improbable estadísticamente y es 28 veces inferior a la del Observatorio Ciudadano.
“Estos datos del Observatorio Ciudadano son 1.7 veces más casos sospechosos y 28 veces más de muertes que los que reportó el Minsa, cuya cifra es muy baja, probablemente existe un subregistro”, dijo el investigador a cargo de la exposición, quien recordó que es improbable que en Nicaragua haya muerto exactamente un ciudadano cada semana desde octubre de 2020.
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Sin embargo, los datos del Observatorio Ciudadano también revelan un subregistro en el número de contagios, por eso la letalidad (muertes en relación al número de casos positivos) de la covid-19 en este grupo es tan alta: del 19%, 9.5 veces mayor que el porcentaje mundial del 2%, lo que se explica porque en el conteo de dicho Observatorio no se reportan todos los casos asintomáticos y leves, pues el único que tiene capacidad para registrarlos a través de pruebas es el Minsa.
Los investigadores también destacan que “mientras en el resto de países de Centroamérica mueren cada semana entre seis y once personas por cada 10 000 habitantes, en Nicaragua no moriría nadie”, basados en las estadísticas oficiales.
Infografía realizada por Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción
A eso le sumó el poco acceso que existe en Nicaragua para realizarse las pruebas PCR, cuyo manejo es exclusivo del Ministerio de Salud y únicamente están disponibles por un costo de 150 dólares para quienes viajen fuera del país, personal médico y pacientes graves. Como resultado, Nicaragua refleja la menor cantidad de contagios en Centroamérica, según cifras oficiales.
El investigador insistió en que eso reflejaba la “opacidad” de los datos sobre la covid-19, ya que mientras en los países vecinos se realizan entre 956 y 111 pruebas PCR por cada 1000 habitantes, a nivel local la media es de “cero”.
“La crisis de la covid-19 mostró las debilidades estructurales del sistema de salud nicaragüense, pero también del régimen político gobernante caracterizado por su autoridad, secretismo y violaciones graves de derechos humanos que han causado una grave crisis humanitaria, una de las más destacables de la región”, puntualizó.
Ejecución presupuestaria
El estudio también analizó la ejecución presupuestaria que ha hecho el Gobierno de Ortega durante el 2021 y los préstamos adquiridos para responder a la pandemia, que ascienden a más de 185.4 millones de dólares. En estos predomina un bajo nivel de ejecución, a pesar de que el país vivió una fuerte ola de contagio y muertes y estuvo rezagado en la cobertura de la vacunación durante los primeros diez meses de este año.
“El presupuesto covid de 2021 es de 5014.7 millones de córdobas, que equivalen al 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB) y a septiembre solamente se han utilizado 1029.0 millones de córdobas”, explicaron.
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Asimismo, destacan que una de las pocas inversiones mencionadas por el Minsa durante este año es la mejora en la cadena de frío, con la cual ahora se pueden almacenar vacunas de ultracongelación, como Pfizer. Sin embargo, no hay información detallada sobre los fondos que usaron en esta inversión.
Infografía realizada por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción
La investigación también cuestionó por qué teniendo fondos durante el primer semestre de 2021, Nicaragua dependió casi en su totalidad de la donaciones de vacunas y por qué las únicas compras que se han realizado son a Cuba y a Rusia, que ofrecen vacunas no autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, destacan que el país ha llevado un manejo opaco hasta en los datos de vacunación contra la covid-19.
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“Las estadísticas sobre vacunación no son consistentes, ni se comparten en tiempo real. Según datos de la OPS, Nicaragua pasó de tener un 7% de su población completamente vacunada hasta el 5 de noviembre de 2021 a incrementar a un 32% en el informe divulgado el 22 de este mes. Esto representa un salto de un 250%”, explican.
*Con información de EFE
