20 de noviembre 2021
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El aislamiento prolongado y el confinamiento solitario al que han sido sometidas las presas políticas Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Tamara Dávila, constituyen actos de “tortura agravada”, señaló Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las cuatro mujeres son integrantes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Ellas tienen más de cinco meses detenidas ilegalmente en complejo carcelario de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “el nuevo Chipote”.
“A la luz del derecho internacional es una tortura agravada porque nosotros sabemos de la motivación política, especialmente en contra de estas mujeres, que simbolizan toda la lucha de la resistencia histórica del movimiento revolucionario sandinista”, indicó Abrão en entrevista con Confidencial Radio.
Destacó que la situación en la que el régimen orteguista mantiene a estas cuatro mujeres es “claramente una violación de las reglas mínimas de los conocidos principios de Mandela, que establecen que todo recluso debe ser tratado con profundo respeto, con dignidad en su dimensión humana; y que ningún recluso puede ser sometido a tortura o malos tratos o penas crueles o degradantes”.
Además, el defensor de derechos humanos explicó que las restricciones como “el aislamiento indefinido y prolongado, son restricciones que se caracterizan como sanciones disciplinarias”, que tienen que ser justificadas, pero en el caso de las cuatro presas políticas, por las circunstancias en la que se han aplicado, “equivalen a tortura, tratos o penas crueles o degradantes”.
Resaltó la urgencia de un “llamado fuerte sobre estos casos (de las presas políticas), y también en los demás casos de presos políticos que están arbitrariamente detenidos, con acusaciones que son genéricas, porque ahí se les están violando sus derechos como detenidos”.
“Prioridad de atención para Nicaragua”
Abrão apuntó que iniciativas, como la propuesta que hicieron 15 organizaciones de la sociedad civil, que este jueves presentaron el informe “Dictadura y represión en Nicaragua: Lucha contra la impunidad”, donde solicitan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se pueda “instalar una misión de verificación interna de los hechos para Nicaragua”, son claves “para ampliar la observación y mantener la prioridad de atención en Nicaragua”.
Dijo que el hecho de que sean organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y de familiares de víctimas las que hacen el llamado, le agrega a la propuesta “un sentir de legitimidad único, que la ONU tendría que escuchar”.
Subrayó que la creación de estas misiones se dan en el marco del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde tendrá que ser objeto de votación de los Estados, y “no es un criterio determinante la anuencia del Estado y tampoco la posibilidad concreta de ingresar dentro del Estado”.
Abrão mencionó que una misión de la misma naturaleza, a la solicitada por las 15 organizaciones nicaragüenses, está funcionando para Venezuela, donde el Gobierno no permitió el ingreso de los miembros y, pese a ello, la misión está “realizando su trabajo con un equipo técnico, documentando todas las informaciones”.
El abogado destacó que el informe divulgado por estas 15 organizaciones, además de permitir la caracterización vinculada a la identificación de los patrones que caracterizan los crímenes de lesa humanidad; la sistematicidad, la periodicidad, la continuidad, la masividad, también es una herramienta de documentación para los futuros procesos de justicia.
Agregó que la elaboración de ese informe incluso tiene aspectos “simbólicos” por el hecho de que es resultado de un esfuerzo colectivo, y transmite “un mensaje de unidad, de resistencia democrática, una muestra de que la resistencia democrática sigue viva y abriendo incluso un nuevo ciclo de denuncia en un contexto poselectoral”.
