20 de noviembre 2021
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La continuidad de Daniel Ortega en el poder con la permanente violación de los derechos humanos, en Nicaragua, demanda un mecanismo internacional de investigación que permita reunir y preservar evidencias para futuros procesos de justicia internacional, sostienen representantes de una coalición de oenegés que impulsan la iniciativa de crear un mecanismo internacional para esta tarea. La oficialización del proceso de desvinculación de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) también incrementa su necesidad, según sus promotores.
Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que integra la Coalición de Oenegés 46/2, y que han propuesto la formación de un mecanismo de investigación, explica que el instrumento internacional busca verificar las violaciones de derechos humanos en el país, la identificación de los perpetradores de los hechos y la sistematización de la evidencia con miras a procesos judiciales internacionales.
La iniciativa de las organizaciones surge en respuesta al incumplimiento de Ortega de las 14 recomendaciones planteadas en la resolución 46/2, emitida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2021. Arce considera que la ONU debe “subir la parada” ante el comportamiento de Nicaragua, ya que los actuales mecanismos de seguimiento y monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el país no han sido suficientes.
El mecanismo está dentro de la gestión del Consejo de la ONU, del cual Nicaragua continúa siendo parte y tiene responsabilidades.
Desde la perspectiva de Arce, a nivel interno del país “ya no hay nada que hacer porque el Estado de derecho está totalmente destruido”.
Para Tania Agosti, asesora legal de la organización Race and Equality, hoy más que nunca es necesario “el llamado a un mecanismo de investigación que siente las bases y que asegure las evidencias, y las pruebas y la documentación que han hecho las organizaciones”, expresó.
Agregó que el mecanismo en sí mismo es un mensaje “contundente” de la comunidad internacional, que indica “estamos atentos a lo que has hecho -Daniel Ortega- y estamos escalando nuestra presión con las herramientas que tenemos del Consejo de Derechos Humanos”, pero a la vez, “estamos guardando y asentando las bases para un futuro proceso de justicia”, subrayó.
Race and Equality así como las demás organizaciones integrantes de la Coalición han sistematizado las violaciones a derechos humanos desde 2018. Para Agosti, la reelección de Ortega por cinco años “es como una continuación de la gravedad de la situación y un miedo a que se quede en la impunidad”.
Nicaragua está obligado a cumplir los mandatos de la ONU. Sin embargo, en la práctica, el régimen no permite el ingreso de una comisión internacional desde finales de 2018, y en las últimas revisiones del Examen Periódico Universal (EPU), el representante del Estado ha preferido callar ante los cuestionamientos de los comisionados.
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¿En qué se diferencia este mecanismo del GIEI?
Tras el estallido social de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) visitó el país para reconstruir los hechos de violencia ocurridos de abril a mayo de ese año. El informe fue contundente: en Nicaragua ocurrieron crímenes de lesa humanidad y recomendaron investigar a Daniel Ortega y la jefatura de la Policía Nacional.
Arce explica que el mecanismo se diferencia del GIEI porque el mandato de este último era sumamente corto, mientras que el primero debe abarcar, en definitiva, periodos más extensos. Asimismo, el enfoque del GIEI era estructurar todo lo que había ocurrido en Nicaragua desde el principio de la crisis sociopolítica: ataques específicos en diferentes ciudades del país, testimonios con las víctimas, principalmente. Si bien, sistematizaron evidencia de los casos, el mecanismo propuesto se enfoca en recoger pruebas y resguardo de la misma para procesos de justicia.
“Este mecanismo está planteado como algo operativo, dirigido a la justicia”, y para ello, los especialistas que lo integren deberán ser dotados con la asistencia técnica y todos los recursos en su momento, agregó el defensor del Colectivo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019. La mayoría de los casos siguen sin investigarse y más bien, decenas de familiares de las víctimas han tenido que exiliarse tras constantes asedios policiales y vigilancia en sus barrios.
Para Arce, la situación en Nicaragua se “agrava día a día” y este “es el momento para esto- aprobar el mecanismo-”. Si bien, reconoce que el Gobierno de Ortega insiste en “cerrarse”, en aislar al país, la funcionalidad del mecanismo puede cumplirse sin que los especialistas ingresen al territorio nacional. La investigación y constatación de los hechos se pueden desarrollar de forma remota y además, muchos de los familiares de fallecidos en el contexto sociopolítico están en el exilio.
Agosti agrega que el mecanismo permite "elevar los hallazgos", al determinar casos de tortura, patrones, responsabilidad individuales, ya que el equipo de trabajo constata los hechos y tiene pruebas. Eso permite que el "discurso -a nivel internacional- tenga una contundencia muy potente. Ya no estás diciendo "oye, hay que investigar", es que ya lo he investigado y este es el resultado. A nivel político también tiene un mensaje muy potente porque ya no hay dudas, no son indicios", expresó.
A la par del mecanismo, se espera que la alta comisionada Michelle Bachelet, mantenga su mandato para seguir documentando las violaciones que ocurren en el país.
El mecanismo debe ser asumido por un grupo de países para ser presentado como parte de una resolución en la sesión del Consejo en marzo de 2022. Para esto es crucial el informe que brindará Bachelet ante el Consejo de la ONU, el próximo 14 de diciembre.
