19 de noviembre 2021
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El canciller Denis Moncada, en representación de Daniel Ortega, anunció en conferencia de prensa ante medios de propaganda del régimen que este viernes el Gobierno de Nicaragua envió una carta a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para anunciar que iniciaba el proceso de desvinculación con el organismo regional.
Moncada informó que Ortega en su condición de titular del Poder Ejecutivo, denunció la Carta Constitutiva de la OEA, en atención a los pedidos hechos por los demás poderes Electoral, Judicial y Legislativo y también por una solicitud de los diputados representantes de Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano.
Moncada recalcó que en la comunicación enviada directamente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, enfatizó que la decisión de Nicaragua se debía a los constantes "actitudes injerencistas" del organismo regional, por las resoluciones referidas a la crisis de Nicaragua en los que ha condenado los atropellos del régimen orteguista.
"Instruido por el presidente constitucional de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y en cumplimiento al artículo 67 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización", cita la carta enviada a Almagro, que fue leída por Moncada en su comparecencia.
Según el artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA, esta podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba.
“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, añade.
El pasado 12 de noviembre, en Asamblea General de cancilleres de la OEA, 25 países aprobaron una resolución que declaró “sin legitimidad democrática” las votaciones, en las que el Daniel Ortega se reeligió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.
Los cancilleres de la OEA establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que “tome las acciones apropiadas”, que pondrían al régimen de Ortega ante una posible suspensión del organismo.
Desde esta que la Asamblea General aprobó esta resolución, el orteguismo arreció sus ataques en contra del organismo regional e inició una estrategia conjunta para demostrar una supuesta independencia de poderes en Nicaragua, los que gradualmente se fueron pronunciando en sintonía, pidiendo a Ortega que denunciara la Carta de la OEA e iniciará el proceso de salida del organismo.
"Nicaragua promueve y defiende el respeto de los principios que rigen el Derecho Internacional, el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, sus principios y propósitos dirigidos al respeto de la igualdad soberana entre los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas. Principios de la OEA está obligada a cumplir, pero irresponsablemente los desconoce, transgrediendo también su propia Carta", cita la carta enviada a Almagro.
"La Organización de Estados Americanos ha sido diseñada como foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención, y su actuar en contra de Nicaragua de esta organización que funciona permanentemente en Washington, tiene como misión facilitar la hegemonía de Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe. Lo que para Nicaragua es inaceptable, lo rechazamos y lo condenamos", añade.
EE. UU espera que Nicaragua regrese a la OEA, pero no como "dictadura"
Estados Unidos confía en que Nicaragua regrese algún día a la "comunidad interamericana" y a la OEA, pero que lo haga con respecto al "desarrollo democrático" y no como una "dictadura".
Así lo aseguró este viernes, en una entrevista con Efe, el encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca, Juan González.
"Nosotros hemos visto la caída precipitada de Nicaragua hacia una dictadura. Se han robado la elección, eso no hay forma de negarlo", dijo González, quien es el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden.
González opinó que el mandato de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, "se parece más" de lo que a ellos "les gustaría admitir" al de la familia Somoza, contra la que el ahora mandatario y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas.
"Nos gustaría que Nicaragua regrese a la comunidad interamericana, (pero) siempre respaldando los valores y los principios a los cuales todos nos inscribimos, que son el respeto del desarrollo democrático", recalcó.
"Eso es lo fundamental, no es de izquierda o derecha, es democracia, es lo único en que nosotros insistimos como región", concluyó.
"No quieren cumplir"
Para Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el argumento del régimen de Ortega para salir de la OEA, aduciendo una supuesta violación a la soberanía, es una “disculpa para no dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que el Estado de Nicaragua y el régimen tienen por haber ratificado un conjunto de normas y tratados regionales, internacionales, no solo en materia de derechos humanos sino también en derechos políticos, democráticos, seguridad y desarrollo en toda la región”.
El defensor considera que, pese al anuncio del régimen, la OEA “no suspenderá la continuidad de la tramitación de la activación de la Carta Democrática o de una eventual suspensión durante estos próximos dos años”.
Aunque, advierte que se tendrá que ver qué pasará luego de ese período, para conocer “cuál es el grado de posibilidad de continuidad, cuáles son los efectos jurídicos en términos, por ejemplo, de jurisdicción del Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos, el uso de las medidas cautelares, de la supervisión de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana”.
En entrevista con Confidencial Radio, señaló que algunos de los escenarios de respuesta que podría tener la OEA, ante el anuncio del régimen, serían “no reconocer la decisión por no reconocer la legitimidad del Gobierno o puede intentar tramitar paralelamente los buenos oficios de una reunión, que pueda disparar y activar la Carta Democrática en el sentido de aplicársela”.
Abrão destaca que la tarea -en los próximos años- será “mantener la agenda de observación, de atención a Nicaragua de manera muy prioritaria, para mover esas voluntades políticas regionales siempre en un sentido crítico y teniendo a la gente, al pueblo de Nicaragua, en el centro de todas nuestras interpretaciones y atenciones a discutir en las diferentes perspectivas jurídicas que pueden abrirse a partir de este año”.
Régimen no queda exento de sus compromisos
El Movimiento Unamos, a través de sus redes sociales, señaló que la salida de Nicaragua de la OEA -anunciada por el régimen orteguista- es una “consecuencia de la derrota a su farsa del pasado 7 de noviembre”, votaciones que fueron ampliamente criticadas y denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales, que señalaron que estas no contaron con las garantías mínimas para que fueran un proceso democrático, justo, libre y transparente.
“Están repudiados y aislados internacionalmente. El régimen no representa la voluntad de los nicaragüenses. Los compromisos con los derechos humanos y la democracia son irrenunciables”, destacaron.
Alexa Zamora, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), explicó que, pese a la decisión del régimen Ortega-Murillo, de anunciar su salida de la OEA ante una inminente expulsión, “no exime de sus facultades a la OEA para tomar decisiones y acciones vinculadas al estado de la democracia, la seguridad y los derechos humanos en Nicaragua”.
Destacó que el Estado de Nicaragua tampoco queda exento “de la exigibilidad del cumplimiento de los compromisos adquiridos, tal como lo establece el procedimiento de solicitud de retiro”.
La activista política indica que el proceso de salida de un Estado de la OEA puede durar aproximadamente unos dos años antes de concretarse y advierte que la apresurada decisión del régimen podría “acelerar que se tomen acciones bilaterales por parte de ciertos estados miembros”.
