18 de noviembre 2021
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El Consejo Supremo Electoral (CSE) —controlado por operadores del Frente Sandinista— emitió este jueves un acuerdo en el cual se suma a los poderes Legislativo y Justicia para pedir al presidente Daniel Ortega, que inicie el proceso de salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De esta forma, todos los poderes del Estado, subordinados completamente a la dictadura, se han pronunciado pidiendo el retiro de Nicaragua del organismo regional, por lo que solo falta que Ortega, como titular del Poder Ejecutivo, se pronuncie y de inicio al proceso, denunciando la Carta Constitutiva de la OEA.
Esta sintonía de los poderes del Estado ha sido descrita por analistas como una estrategia del régimen para fabricar un supuesto consenso del país en torno a la salida del organismo regional.
El acuerdo del CSE es prácticamente una copia de los pronunciamientos emitidos, primero por el Poder Legislativo, y luego por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los que se acusa a la OEA de “menoscabar la soberanía y autodeterminación de Nicaragua” por las condenas hechas por los países miembros del organismo regional a la violencia política, destrucción del sistema democrático y violación a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El acuerdo, firmado por todos los operadores del orteguismo que presiden el Poder Electoral, señala que respaldan y se adhieren a la resolución del Poder Legislativo por lo que “condenamos la actitud obsesiva e injerencista de la OEA, que pretende constantemente menoscabar nuestra condición de Estado soberano e independiente, por lo que rechazamos todas estas acciones injerencistas que violentan el derecho de nuestro pueblo a su autodeterminación”.
Finalmente, en su punto cuarto hacen la solicitud a Ortega para en virtud del artículo 143 de la Carta de la OEA, se denuncie a este instrumento y de paso al proceso de salida del organismo.
Según el artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA, esta podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba.
“Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, añade.
La resolución de la Asamblea Nacional fue aprobada por 83 votos de diputados y los colaboracionistas de la dictadura. En el caso de la certificación del Poder Judicial, esta fue firmada por todos los magistrados, a excepción del magistrado Virgilio Gurdián, por motivos que hasta fecha se desconocen.
La condena de la OEA a la farsa electoral
El pasado 12 de noviembre, el régimen de Ortega sufrió una derrota política en la Asamblea General de cancilleres de la OEA, cuando 25 países aprobaron la resolución que declaró “sin legitimidad democrática” las votaciones, en las que el caudillo sandinista se reeligió por tercera ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.
Los cancilleres de la OEA establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que “tome las acciones apropiadas”, que pondrían al régimen de Ortega ante una posible suspensión del organismo.
Además, esta semana el régimen ha sido golpeado fuertemente por una ronda de sanciones a sus personeros claves y varios de sus principales operadores políticos por parte de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
También, este martes, el presidente estadounidense Joe Biden emitió una orden ejecutiva en la que se suspende y restringe el ingreso de Daniel Ortega, Rosario Murillo y cualquier funcionario de su régimen al territorio norteamericano, incluyendo cónyuges, hijos e hijas, como parte de las medidas de presión de este país para lograr el restablecimiento de la democracia y las libertades civiles en Nicaragua.
