17 de noviembre 2021
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Policías, miembros del Frente Sandinista y guardas de seguridad de empresas privadas se tomaron dos propiedades de la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia (Jalapa-Oyanka), donde funcionaban oficinas y un albergue, denuncian integrantes de la organización.
En entrevista con CONFIDENCIAL, una de las miembros de Oyanka explicó que dos personas, reconocidas en Jalapa como miembros del Frente Sandinista, llegaron el pasado 11 de noviembre, a eso de las 7:45 de la mañana, a las instalaciones de las oficinas y al albergue de la Asociación a cambiar las cerraduras, sin mostrar ninguna orden o notificación.
“Se presentaron dos hombres, custodiados por unos motorizados, vestidos de civil, y cambiaron las cerraduras de la puerta principal de las oficinas de Oyanka, luego llegaron policías a custodiar la propiedad desde afuera”, denunció.
Agregó que el mismo proceso, de cambio de cerraduras y ubicación de vigilancia policial, fue ejecutado en otra propiedad de Oyanka que funcionaba como albergue.
La Asociación de Mujeres de Jalapa Contra la Violencia fue despojada, a finales de agosto pasado, de su personería jurídica por disposición de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"Es una jugada para quedarse con los bienes de Oyanka"
Los integrantes de Oyanka señalan que el Ministerio de Gobernación (Migob) “no informó nada” sobre la toma de posesión de los bienes inmuebles de la Asociación, pese a que es a la organización a la que le corresponde decidir qué hacer con sus propiedades o bienes con los que cuenta.
“Nosotros ya teníamos listo un informe en el que estábamos viendo la posible donación, de ambas propiedades, a organizaciones que tuvieran el mismo objetivo de Oyanka, aunque no necesariamente fueran del mismo municipio”, indicaron.
Algunos miembros denuncian haber quedado “esperando” la notificación del Ministerio de Gobernación y señalan que la toma “por la fuerza” de ambas propiedades responde a “una jugada para quedarse con los bienes, porque la notificación nunca llegó y los argumentos que ellos presentaron para quitarnos la personería jurídica nunca existieron”.
En el decreto de anulación de la personería jurídica de Oyanka, y otras 14 organizaciones sin fines de lucro, se establece que "los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones y fundaciones tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acta constitutiva o en su estado. Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado”.
La cancelación de la personería jurídica de Oyanka tuvo como fundamento un informe que la directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, Franya Urey Blandón, en donde indica que la asociación, al igual que otras 14 oenegés, se encontraba “acéfala”, debido a que sus juntas directivas tienen plazos vencidos. Además, se les acusó de no haber reportado “desde hace varios años” sus estados financieros “con desgloses detallados”.
Sin embargo, los miembros de Oyanka afirman haber cumplido en todo momento con los informes que debían entregar ante el Migob, pero, señalan, eran funcionarios de dicho Ministerio los que “ponían una serie de trabas para no recibirlos”. También, destacan, que su junta directiva estaba plenamente constituida, incluso electa en dos ocasiones por cambios solicitados por el Migob.
Además, denuncian que el cierre de la Asociación supone una grave afectación para las mujeres víctimas de violencia de Jalapa, Nueva Segovia, pues era “el único centro que, por más de 25 años, era el referente de atención de mujeres víctimas de violencia, el único al que las mujeres de Jalapa tenían accesible para ir y ahora las mujeres quedan solas, sin que nadie las pueda acompañar, asistir sobre las rutas de acceso a la justicia”.
Oyanka obtuvo su personería jurídica el 29 de octubre de 1998. Hasta la cancelación de su personería jurídica, en agosto pasado, contaba con unas 50 mujeres asociadas. Además, tenían 36 grupos de mujeres, de entre 20 y 30 integrantes, organizados en distintas comunidades de Jalapa.
El régimen de Ortega, durante el primer semestre de 2021, mandó a cancelar la personería jurídica de 45 oenegés, a través de la Asamblea Nacional que es controlada por su partido.
