15 de noviembre 2021
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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó este lunes a sus homólogos de la Unión Europea (UE) “iniciar el procedimiento” para imponer nuevas sanciones a los responsables en Nicaragua de las últimas elecciones presidenciales, que el bloque comunitario consideró un fraude por la falta de participación de opositores.
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“Hemos manifestado nuestra preocupación por la situación tras las elecciones del 7 de noviembre. La declaración de la UE apuntando a la falta de legitimidad de los resultados ha sido una primera y necesaria respuesta y tienen que seguir otras”, señaló Albares en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores, donde aseguró que España planteó la cuestión de la situación en Nicaragua.
En concreto, Albares solicitó “que se inicie el procedimiento para aplicar nuevas sanciones individuales y que se exija por parte de la UE la liberación inmediata de los presos políticos, de aquellas personas que fueron puestas en prisión exclusivamente para que no pudieran competir en lo que se llamaba elecciones”.
La UE prorrogó el mes pasado hasta octubre de 2022 y por segundo año consecutivo las sanciones que aprobó contra Nicaragua en 2019, que incluyen a 14 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
Ninguna de ellas puede entrar en territorio comunitario y se les han congelado los activos y acciones que tengan en la UE
Borrell: “son una caricatura”
El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó tras el Consejo que “condenamos estas elecciones falsas” en Nicaragua.
“Son una caricatura, lo que podemos llamar la típica y actual dictadura caribeña”, apuntó.
Reunidos en octubre en Luxemburgo, los ministros pidieron a Borrell entonces empezar a preparar una serie de medidas contra Nicaragua, que podrían incluir sanciones, tras las elecciones del 7 de noviembre.
El nuevo paquete de sanciones será analizado por los grupos técnicos del Consejo Europeo —integrado por los cancilleres de los 27 países miembros de la UE—, quienes definirán las medidas y comprobarán la unanimidad de los Estados.
Sanciones europeas
El marco legal de las sanciones lo impuso la UE en octubre de 2019 contra las personas y entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, así como contra quienes llevan a cabo “políticas o actividades que socavan la democracia y el Estado de derecho”.
Además de la primera dama, han sido sancionados Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos Vanegas; el asesor presidencial de asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa.
Se suman a ellos los jefes policiales: el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, así como los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Ramón Avellán, Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle Valle. La lista de sancionados la completan el colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
La mayoría de los catorce sancionados por la UE ya figuran en otras listas de castigados por los Gobiernos de Canadá, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, que los señalan de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
