Ortega más cerca de la suspensión de la OEA

La resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señala como “ilegítimas” las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua, en las que Daniel Ortega se reeligió sin competencia política, es “parte de un proceso” que sitúa cada día más al país cerca de la suspensión del órgano regional, según fuentes consultadas por CONFIDENCIAL.

El expresidente de Costa Rica (2014-2018), Luis Guillermo Solís, valoró la noche de este viernes que “es significativo desde el punto de vista diplomático” que 25 países, de un total de 34 que integran la OEA, hayan votado a favor de la resolución sobre Nicaragua. Ya que “agotar la instancia hemisférica es fundamental para avanzar hacia otros escenarios como pueden ser los de las Naciones Unidas”, explicó.

El documento aprobado en la 51 asamblea general de la OEA, realizada entre el 10 y 12 de noviembre, plantea “declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

Además da un plazo de 18 días para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que lo “tome las acciones apropiadas”. Ambos planteamientos forman parte de los procedimientos establecidos en la Carta del organismo para la suspensión de un Estado miembro tras demostrarse que se rompió el orden democrático en el mismo.

“Apreciación colectiva”

El artículo 20 de la Carta Democrática establece que “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”.

La resolución demanda la libertad de los presos políticos, un total de 150, de los cuales 39 fueron detenidos arbitrariamente desde mayo pasado en medio de la escalada represiva del régimen. Entre ellos están líderes políticos, cívicos y empresariales, la mayoría de quienes fueron acusados por “traición de la patria”.

Para el expresidente costarricense, Luis Guillermo Solís, la resolución podría llegar a tener “implicaciones financieras” para el país si se concreta la expulsión. “Si se suspende a Nicaragua de la organización significa que no va a poder recibir fondos del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y eventualmente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Eso ya coloca las sanciones en otro nivel y si se suma a eso la Ley Renacer (aprobada por Estados Unidos), estamos ante una situación completamente nueva”, agregó.

En cuatro años y medio, de enero de 2017 a junio de 2021, el Gobierno de Nicaragua ha recibido del BCIE más de 2289 millones de dólares —un promedio superior a los 450 millones de dólares anuales— pese a las críticas y demandas para que cese su financiamiento por la violenta represión orteguista y el estado policial de facto que pisotea los derechos humanos.

El BCIE también ha otorgado 7.11 millones de dólares, desde octubre de 2017 hasta noviembre de 2020, en fondos no reembolsables para ayudas de emergencia por el impacto de huracanes, programas de saneamiento y combate contra la covid-19.

Un triunfo del pueblo nicaragüense

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, calificó la resolución de la OEA como “¡Un triunfo para el pueblo nicaragüense!”, pero advirtió que es necesario esperar un poco más para ver las conclusiones del informe de “apreciación colectiva” y así evaluar cómo se construye nuevamente la mayoría necesaria para suspender a Nicaragua de la organización.

Chinchilla coincidió con Solís al explicar que se inicia la “ruta hacia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana” con la resolución sobre Nicaragua. Para ambos, “es muy positivo” que haya “conciencia hemisférica” de que lo ocurrido el 7 de noviembre en Nicaragua “no puede pasar inadvertido”.

La resolución fue presentada por las delegaciones de ocho países: Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay. El único voto en contra fue el de Nicaragua, siete países se abstuvieron y uno se declaró ausente.

Según el registro de la votación, México, Honduras, Belice, Bolivia, Dominica, San Vicente y Granadinas y Santa Lucía se abstuvieron, mientras el país que estuvo “ausente” fue San Cristóbal y Nieves.

El giro más llamativo fue el de Argentina, aunque se declaró preocupada por una condena anticipada al país centroamericano, votó a favor de la resolución, cuando en anteriores votaciones se abstuvo. También Guatemala modificó su posición de abstención a la condena del régimen de Ortega, declarando la ilegitimidad de las elecciones.

El representante del Gobierno de Daniel Ortega ante la OEA, Michael Campbell, calificó la resolución como un ataque “a la democracia” y enfocó sus críticas inicialmente en la OEA, de quien dijo no era “nuestro Consejo Supremo Electoral”, refiriéndose a las autoridades electorales controladas por el partido de Gobierno.

Un exdiplomático nicaragüense, que solicitó anonimato por motivos de seguridad, consideró que la resolución de la OEA es “un logro importante para la causa de la democracia en Nicaragua”. Puesto que permite “remitir nuevamente el tema al Consejo Permanente”, ya que la Asamblea Ordinaria no puede suspender a un país. “Eso solamente puede hacerlo una Asamblea Extraordinaria”, indicó.

La resolución de la Asamblea “está dirigida a encauzar correctamente el proceso que busca la suspensión de Nicaragua, en caso que tal sea la decisión de los 25 Estados que votaron a favor de esta resolución”, apuntó el exdiplomático. Además, determina con meridiana claridad dos cosas muy importantes: “Declarar que las elecciones del 7 de noviembre no tienen legitimidad democrática; y concluir que con base en la Carta de la OEA y la Carta Democrática que la democracia en Nicaragua ha sido seriamente socavada por el Gobierno”, agregó.

Autoridades tampoco pueden ser reconocidas

Para Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la resolución de la OEA es “sumamente positiva”, ya que declara de forma abierta “que es imposible reconocer el resultado de las votaciones del 7 de noviembre” y por tanto “de forma indirecta dicen que tampoco pueden reconocer a las autoridades que de ellas hayan sido electas”.

Zamora valora que esta resolución limitará “el margen de maniobra” de Ortega a nivel internacional y el acceso que pueda tener a fondos provenientes de la comunidad internacional. Sin embargo, advierte que a nivel interno su régimen intensificará la represión en contra de quienes son considerados opositores.

“Desde el 6 de noviembre ha habido un incremento en el asedio y violencia política, eso lo mencionó Urnas Abiertas en su informe”, recordó Zamora. También, este viernes fueron detenidos cuatro concejales de Ciudadanos por la Libertad (CxL) y “probablemente la represión hacia los liderazgos territoriales vaya a aumentar”, agregó.

La resolución aprobada en la OEA lamenta que el régimen de Ortega haya desoído los esfuerzos de la comunidad internacional por ayudar al país a superar la crisis. En el organismo, incluso se creó un grupo de trabajo desde agosto de 2018, cinco meses después que estallara la crisis causada por la represión contra miles de manifestantes que pedían un cambio de Gobierno, inconformes con el sandinismo.