11 de noviembre 2021
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Un proyecto de resolución, pendiente de discutirse en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolla de manera virtual esta semana con Guatemala fungiendo como anfitrión, considera declarar que las elecciones en Nicaragua “no tienen legitimidad democrática”, al considerar que no fueron justas, ni libres ni transparentes.
El documento, que está publicado en la página electrónica del organismo regional, fue presentado el diez de noviembre por las delegaciones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay; y ofrece una respuesta regional a las votaciones, en las cuales Daniel Ortega logró un cuarto mandato consecutivo desde 2007 sin competencia electoral, luego de apresar a sus posibles rivales.
Los países que firman la propuesta plantean que “las instituciones democráticas en Nicaragua han sido socavadas por el Gobierno” y propone instruir al Consejo Permanente de la OEA que realice una evaluación colectiva de la situación, la que deberían completar a más tardar el 30 de noviembre para dar paso a la toma de “acciones apropiadas”.
Según los artículos 20 y 21, de la Carta Democrática Interamericana, la “apreciación colectiva” es parte del procedimiento establecido para la suspensión de un Estado ante una comprobada ruptura del orden democrático. Antes de llegar a este punto, se hacen gestiones diplomáticas con los países cuestionados, los cuales se han realizado ya en distintos momentos con Nicaragua. Incluso se creó un grupo de trabajo para abordar la crisis.
“Deplorar que las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno”, dice el proyecto.
Liberación de presos políticos en Nicaragua
De concretarse un respaldo mayoritario en el organismo regional, el pronunciamiento se sumaría al rechazo de 40 países que califican de ilegítimas las votaciones y demandan una solución a la crisis de derechos humanos, empezando por la libertad de los presos políticos. De hecho, el mismo secretario general Luis Almagro recomendó el nueve de noviembre anular las elecciones.
Según registros de asociaciones de derechos humanos, en el país hay al menos 150 presos políticos, incluyendo a 39 apresados desde mayo con cargos de “traición a la patria” en su mayoría en medio de la escalada represiva electoral, entre los que destacan líderes políticos, empresariales, cívicos y siete precandidatos presidenciales.
Por ellos, los países proponentes piden que se reiteren los llamados para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, y también la restitución de sus derechos democráticos, el fin del hostigamiento a los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil.
El ocho de noviembre pasado, sin embargo, al celebrar su prolongación del poder, Ortega insultó a los presos políticos y defendió la soberanía del país frente a lo que considera actos de intervencionismo de la comunidad internacional. Pero sobre las violaciones de derechos humanos, perpetrados por su régimen, no dice nada.
