10 de noviembre 2021
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Más de 40 países de América y Europa han desconocido los resultados de las elecciones generales de este domingo en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales encarcelados o exiliados, obtuvo el 75 % de los votos en una cuestionada votación que contó con menos del 20% de participación ciudadana -según el observatorio independiente Urnas Abiertas- blindando así un quinto mandato.
La comunidad internacional empezó a emitir comunicados rechazando el proceso por considerarlo “poco transparente”, lo que podría llevar a Nicaragua a un aislamiento mucho más profundo del que se encuentra actualmente. Según el exembajador de Argentina en Nicaragua, Marcelo Valle Fonrouge, el cuestionamiento ahora debe ser si aislar más al país, contribuirá realmente a que se vuelva a la senda democrática.
En una entrevista con el programa Esta Noche, Valle —miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales— analizó la relación que existe entre el Gobierno argentino de Alberto Fernández y Ortega, y el papel que ha jugado este país en tratar de hacer que Nicaragua libere a los presos políticos y cese la represión contra opositores.
La República Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y apoya con firmeza el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) November 9, 2021
Valle fue embajador de Argentina en Nicaragua entre julio de 2013 y febrero de 2019. Experiencia que le sirvió para escribir el libro "Nicaragua, la democracia violada", que presentará próximamente.
"Lo que hago es hablar, justamente, sobre los jóvenes que esos son los que pusieron la sangre (en el estallido de la crisis en 2018), que son las víctimas. Luego hablo de los otros actores que tuvieron injerencia pasiva o activa en el conflicto. Me refiero a la élite empresarial y me refiero al Ejército", adelantó el diplomático sobre su libro.
En la última resolución de la OEA sobre Nicaragua que llamó a la liberación de los presos políticos, Argentina fue uno de los siete países que se abstuvo y eso le acarreó algunas críticas ¿puede cambiar la postura de Argentina de cara a la Asamblea General este 10 de noviembre?
Recuerdo que, cuando yo estaba ahí, la cuestión era no bilateralizar la cuestión con el Gobierno de Ortega. Esto significaba hacer señalamiento sobre la preocupación que nos daba la crisis política que se vivía en Nicaragua en un contexto multilateral, esto significaba hacerlo en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hacerlo también en el Mercosur, hacerlo en la OEA; entonces allí nos poníamos de acuerdo con otras instancias y otros países y hacíamos nuestros pronunciamientos.
Mientras tanto, en el ámbito de las declaraciones, justamente el 22 de junio de 2021, le presenta el Gobierno de Argentina al Gobierno de Nicaragua una carta, manifestándole la preocupación por la detención de figuras políticas y que no ha implementado reformas electorales y preocupado por las leyes que restringen la participación política, la falta de libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación, o sea, hubo una manifestación no sumándose a una resolución (de la OEA), pero sí en forma de carta.
¿Cuál sería el vértice de esta posición, el sustrato de esta posición? Es que el Gobierno entiende que entrar en un tema eleccionario, en un tema de procesos electorales, es entrar en la injerencia de los asuntos internos del Gobierno. Por eso no firmó las declaraciones en Naciones Unidas que exigían elecciones libres en Nicaragua; (pero), a su vez, sí se sumaba a las declaraciones sobre la protección de los derechos humanos. Entonces, esa cirugía que hizo entre proteger los derechos humanos, manifestarse en términos de declaraciones de derechos humanos y, por otro lado, no hacer comentarios -por entender que es injerencismo- sobre los asuntos eleccionarios.
Para mí es una situación de cornisa, porque no se puede definir la democracia de los derechos humanos y los derechos humanos de la democracia, son elementos que se complementan unos a otros, pero el Gobierno quiso hacer esa distinción.
¿Cómo se explica esa ambigüedad por parte de la Administración de Fernández? Lo que usted señala de hablar de derechos humanos, pero luego citar el principio de no injerencia.
La protección de los derechos humanos es un objetivo estratégico de la política Argentina, no solamente en el plano exterior sino en el plano interior. Luego de lo vivido internamente en la Argentina, o sea, es constitutivo de nuestra identidad, como argentinos, y ese es un valor inalterable.
La cuestión de la institucionalidad democrática se entiende como una cuestión interna de un Estado y que hay países que son más democráticos que otros. Estas dinastías, estos caudillismos dinásticos, eso es un elemento constitutivo de una forma de haber sido gobernado en Nicaragua. No quiero decir con esto que por eso la Argentina pone en paño frío la cuestión de la institucionalidad democrática. Este Gobierno está jugando, de alguna manera, en forma contradictoria.
Hubo un comunicado conjunto, que se publicó en junio, por parte de Argentina y México. ¿Existe un alineamiento entre ambos países en cuanto al manejo de la situación de Nicaragua?
No sé, pero sí hay un diálogo, una conversación previa en las decisiones que se toman porque inclusive ambos embajadores han sido retirados y al mismo tiempo, está esa carta que mandaron, una carta dirigida al Gobierno de Nicaragua. Al mismo tiempo, ninguno de los dos países se ha manifestado respecto del triunfo (si se le puede llamar así) eleccionario de Ortega.
Papel del presidente Fernández
Hemos visto también otros antecedentes de cómo el Gobierno de Fernández ha abordado el caso de Nicaragua, por ejemplo, un acercamiento con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en junio; luego el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que habían también conversado con el presidente Fernández sobre la situación de Venezuela y Nicaragua, ¿cree usted que hay algún intento de mediación o de propuesta para la resolución del conflicto de Nicaragua del cual Argentina podría estar siendo parte?
No lo descartaría. Entiendo que somos dialoguistas, el Gobierno es dialoguista, Fernández es una persona que tiende al diálogo en términos de resolver las situaciones. Debe estar evaluándose en qué medida favorece aislar más a Nicaragua de lo aislado que está, y si las medidas son conducentes a mejorar la situación o empeoran la situación.
No olvidemos de que Ortega es una persona que ha estado presa y que no se mueve de El Carmen, entiendo que la actitud del presidente Ortega es más bien de aislarse, o sea, no es de vincularse, es de aislarse y puedes llevar a decir: 'la situación me va a aislar cada vez más' y se va aislar él mismo cada vez más, porque forma parte constitutiva de su forma de ser.
Allí hay una idiosincrasia que me parece que juega en contra del no aislamiento de Nicaragua. Esto es una apreciación muy personal, pero entendiendo el tema del aislamiento como una cuestión que yo creo que debe estar siendo analizada por los Gobiernos: ¿hasta qué punto aislar más a Nicaragua va a beneficiar al proceso que tiene que desarrollarse? Un diálogo sin condiciones, un diálogo que no tengan la zanahoria de 'libero o no a un detenido', sino que un diálogo fructífero, porque acá se necesita llegar a un entendimiento para poder avanzar, de alguna parte, de algún lugar tienen que lograr las partes entrar en un proceso de diálogo y esto es lo que hay que buscar.
¿Por qué cree usted que Argentina se distancia de esos compromisos con los derechos humanos que usted ya mencionaba? ¿Existe, cree usted, lo que algunos califican como ceguera ideológica, una especie de lealtad a Ortega, por presentarse como socialista de izquierda, como la figura de la Revolución Sandinista?
No creo en ese abordamiento ideológico. No va por ahí.
¿Paga Fernández algún costo político por esta postura dentro o fuera de Argentina?
Acá (en Argentina) siempre está la oposición, que va a estar cuestionándole todas las medidas al Gobierno. Acá tenemos un ejercicio muy argentino de discutirse mutuamente todo. No para la calle de tener críticas hacia el Gobierno, y desde el Gobierno no tener críticas a la oposición, eso es constitutivo de nosotros los argentinos.
Ahora, desde el exterior, en el tema derechos humanos, la Argentina y el Gobierno argentino de Fernández defiende y mantiene en Naciones Unidas, en el alto comisionado de las Naciones Unidas, una actitud de acusación, de condena, por las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, etcétera, en eso no hay duda, lo que estamos hablando es que no adopta lo mismo con respecto a la democracia, a la institucionalidad democrática de Nicaragua. Son dos cosas diferentes.
¿No ve entonces el Gobierno de Fernández que una cosa es parte de la otra, como ya lo mencionaba usted?
Para mí es contradictorio, no existe democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia.
"Nicaragua, la democracia violada"
Usted es autor de un libro que se va a presentar pronto sobre Nicaragua, se llama "Nicaragua, la democracia violada", ¿cuál es su conclusión de su experiencia como diplomático en Nicaragua? ¿Cree que hay una salida política? ¿Esa salida política es con o sin Ortega y Murillo?
El libro es como poner los cinco años de mi vida en Nicaragua en manos de los demás. Lo que hago es hablar, justamente, en el principio, sobre los jóvenes que son los que pusieron la sangre, que son las víctimas. Luego hablo de los otros actores que tuvieron injerencia pasiva o activa en el conflicto (de 2018). Me refiero a la élite empresarial y al Ejército. Luego desarrollo lo que sería la política exterior de Ortega, para terminar hablando de los organismos internacionales, y allí me gustaría particularizar de que, una de las cuestiones que está pendiente y me parece útil remarcar, es que veo una falta, primero, una lentitud de reacción por parte de los organismos y de algunos Estados, que podría haber resuelto esta situación.
Vemos que los organismos, de crédito, me refiero al BCIE, le sigue facilitando recursos al Estado, que los usa, por supuesto, para otro tipo de finalidades que no son las finalidades para los cuales se lo dio; pero lo mismo pienso del BID. Ellos son sistemas que tienen que seguir funcionando, entregando dinero. Mis planteos fueron muy concretos en esa época hacia estos organismos. La respuesta ha sido que ellos son organismos técnicos, que ellos no justiprecian la cuestión de derechos humanos o democracia, lo cual me parece un error.
Por último me refiero al tema de la injerencia y no injerencia en los asuntos internos. También queda, como otro elemento planteado en el libro, la cuestión de que la justicia en Nicaragua está cooptada por la política orteguista. Que sería iniciar juicios por crímenes desde el exterior, como se hizo en la época del franquismo (en España), hubo crímenes de lesa humanidad que se iniciaron un proceso judicial en la Argentina y después -vía exhorto- se reclamó a España.
¿Cómo ve la salida a la crisis actual?
La veo muy difícil, la veo muy difícil, la veo complicada, no tanto por el lado de los exiliados, por la juventud, la mayor cantidad está del otro lado, digamos el 70% de la población, que no apoya a Ortega. Lo veo (difícil) por el lado de Ortega, porque Ortega tiene 75 años, y Ortega tiene solo un 10% a su favor, que debe ser el grupo duro del FSLN. Y a lo mejor le quedaría algo de 20% en base a los 'zancudos' y algún arreglo que pueda hacer con alguna fuerza viva, empresarial, pero sigue siendo un 30%, con eso no puede gobernar, con eso va a ser muy difícil para todos.
