7 de noviembre 2021
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Unos 4.4 millones de nicaragüenses están habilitados para votar en las elecciones de este domingo 7 de noviembre, calificadas como una “farsa” por organizaciones nacionales y expertos nacionales e internacionales, ya que Daniel Ortega arrasó con sus rivales políticos al encarcelar a los siete principales candidatos opositores e ilegalizar a los únicos dos partidos opositores.
Las votaciones de este domingo serán las primeras tras las protestas cívicas de 2018, reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos paramilitares y la Policía Nacional, bajo el mando de Ortega, como jefe supremo.
Según organismos nacionales e internacionales, la violencia gubernamental dejó 328 asesinados, al menos 2000 heridos y provocó el exilio de más de 100 000 ciudadanos. El régimen mantiene encarcelados a más de 150 presos políticos.
Desde 2018, el régimen ha establecido un estado policial para acallar la disidencia y cerrar los espacios democráticos; ha prohibido las manifestaciones públicas; y ha allanado y confiscado por la fuerza las instalaciones de oenegés de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
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Adicionalmente, la Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, aprobó un conjunto de leyes represivas que cerraron aún más los espacios democráticos y restringieron la libertad de expresión.
CONFIDENCIAL elaboró una guía con los principales datos para entender estas votaciones, las primeras tras la Rebelión de Abril que hace tres años y medio demandó masivamente justicia, libertad y democracia, y fue respondida con una masacre, crímenes de lesa humanidad y la imposición de un Estado policial de facto, endurecido desde finales de mayo.
1. Los candidatos encarcelados
Estas elecciones están marcadas por el encarcelamiento previo de siete candidatos presidenciales opositores, que se perfilaban como los principales rivales de Ortega. Además, dos aspirantes más —Luis Fley y María Asunción Moreno— tuvieron que exiliarse para no ser arrestados.
Cinco de los candidatos permanecen en las celdas del complejo carcelario Evaristo Vásquez, conocido como “el nuevo Chipote”, y dos están bajo arresto domiciliario.
Todos son parte de los 39 líderes opositores arrestados por el régimen desde finales de mayo pasado, en su mayoría acusados de “traición a la patria”, basados en la Ley 1055 o “Ley de la Soberanía”.
Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, era una de las figuras con mayor opinión favorable entre el electorado, según las encuestas. Fue detenida en su vivienda el pasado 2 de junio, acusada de los presuntos delitos de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, y falsedad ideológica. Está bajo arresto domiciliar. En una encuesta de CID Gallup, de septiembre, obtuvo el 62% de opinión favorable.
Arturo Cruz Sequeira, historiador y politólogo, exembajador en Estados Unidos y profesor de Incae. Era candidato por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL). Fue arrestado el pasado 5 de junio, en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, a su regreso de un viaje a Estados Unidos. Fue el primer candidato acusado por “conspiración”. Está preso en la cárcel de El Chipote. En una encuesta de CID Gallup, de septiembre, obtuvo el 52% de opinión favorable.
Félix Maradiaga, politólogo y activista, era candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Fue detenido el pasado 8 de junio después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación. Está acusado de infringir la Ley 1055. Está preso en la cárcel de El Chipote. En una encuesta de CID Gallup, de septiembre, obtuvo el 56% de opinión favorable.
Juan Sebastián Chamorro, economista, era candidato de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Entre 2014 y 2019, Chamorro dirigió la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Fue arrestado la noche del 8 de junio en su vivienda en Managua. Fue detenido bajo la Ley 1055. Está preso en la cárcel de El Chipote. En una encuesta de CID Gallup, de septiembre, obtuvo el 63% de opinión favorable.
Miguel Mora, periodista, lanzó su candidatura por el Partido de Restauración Democrática (PRD), ilegalizado por el régimen. Es propietario y director del canal 100 % Noticias, clausurado por las autoridades. Fue detenido el 20 de junio, bajo la “Ley de la Soberanía”. Es la segunda vez que está preso; entre 2018 y 2019 fue encarcelado por supuestamente incitar al odio por denunciar la represión. Está preso en la cárcel de El Chipote. En una encuesta de CID Gallup, de septiembre, obtuvo el 56% de opinión favorable.
Medardo Mairena era candidato por Movimiento Campesino, que forma parte de la Coalición Nacional. Fue apresado el pasado 5 de julio, supuestamente por violar la Ley 1055. La Policía Nacional lo acusa también de liderar “el asesinato, secuestro y lesiones” contra agentes policiales y civiles, delitos por los cuales ya había sido encarcelado, procesado, condenado y amnistiado en 2019. Está preso en la cárcel de El Chipote. En una encuesta de CID Gallup, de septiembre, obtuvo el 53% de opinión favorable.
Noel Vidaurre, abogado y exdiputado conservador, estaba inscrito en el proceso de selección de candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL). El pasado 24 de julio, luego de comparecer ante la Fiscalía, la Policía Nacional le impuso casa por cárcel por una supuesta violación a la Ley 1055. Está bajo arresto domiciliar.
2. Los partidos que no van
El 18 de mayo, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el gobernante Frente Sandinista, canceló la personería del Partido de Restauración Democrática (PRD) y menos de tres meses después —el seis de agosto— anuló a Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Ambos partidos políticos eran los vehículos electorales que los principales grupos opositores —Coalición Nacional y Alianza Cívica— habían elegido para competir contra el régimen en estas elecciones.
En medio de ambas cancelaciones, el régimen anuló también la personería jurídica del Partido Conservador (PC).
3. Quiénes participan en las elecciones
El presidente Daniel Ortega, de 75 años, busca su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de 70 años. Ambos del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En una encuesta de CID Gallup, de septiembre, Ortega obtuvo un 34% de opinión favorable y -64% desfavorable, y Murillo (37% vs. -60%).
El caudillo sandinista competirá contra los candidatos de cinco partidos políticos, que no superan el umbral del 4% de simpatía entre la población nicaragüense, según una encuesta de la firma costarricense CID Gallup, contratada por CONFIDENCIAL.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) alcanza el 4%, el Partido Liberal Independiente (PLI) el 3%, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) cuenta con 2%, mientras que Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y Alianza por la República (Apre) registran un 1%, según la encuesta.
El diputado Walter Espinoza es el candidato por el PLC; el diputado y reverendo Guillermo Osorno va por Camino Cristiano; el abogado Marcelo Montiel participará por ALN; el notario público Gerson Gutiérrez Gasparín representa a Apre; y el pastor evangélico Mauricio Orúe lo hará por el PLI.
Analistas políticos han explicado que el único papel de estos cinco partidos es contribuir con el FSLN a aparentar la “normalidad” de un proceso electoral multipartidista, pese a la falta de garantías y de competencia política, jugando el rol de “zancudos”, como se les conoce en la cultura política nicaragüense.
4. Qué cargos se eligen
Además del cargo de presidente y vicepresidente se eligen 90 diputados —70 departamentales y 20 nacionales—, así como 20 diputaciones ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Un análisis de CONFIDENCIAL reveló que los cinco partidos colaboracionistas recurrieron a sus familiares para completar sus listas de candidatos a diputados nacionales, departamentales y al Parlacen, en al menos 61 casos en primer grado de consanguinidad.
De los 61 candidatos a diputados que son familiares de otro candidato en la lista, 26 están en el listado de candidatos a diputados departamentales, 19 en la del Parlamento Centroamericano y 16 en la de diputados nacionales.
5. Lo que dicen las encuestas
Dos encuestas de la firma CID Gallup, elaboradas en septiembre y octubre pasado, revelaron que el FSLN gozaba de una simpatía de entre 8 y 9%; su nivel más bajo en los últimos 30 años, según Luis Haug, director de la encuestadora costarricense.
La encuesta de octubre, contratada por CONFIDENCIAL, arrojó que el 67% de los nicaragüenses no muestra simpatía por ninguno de los partidos políticos inscritos en las elecciones; mientras el 78% consideran “ilegítima” la reelección de Ortega.
Ambas encuestas coincidieron que el 65% del electorado votaría por un candidato de la oposición, si este fuera seleccionado de los siete que están presos.
A pesar del desinterés por los partidos políticos y el rechazo a la reelección de Ortega, el 55% afirma que tienen mucho o algún interés en votar, mientras que el 44% tiene poca o ninguna intención de hacerlo.
6. FSLN contará solo los votos
El Tribunal Electoral distribuyó los primeros y segundos cargos de los 15 Consejos Electorales Departamentales (CED) y dos Consejos Electorales Regionales (CER), en 34 miembros para el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), respectivamente.
Los cargos de presidentes y primeros miembros de los CED, CER y los Consejos Electorales Municipales (CEM) fueron repartidos entre el FSLN y el PLC, porque la Ley Electoral establece que dichos cargos deben ser “designados alternativamente entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado”.
Los partidos políticos CCN, PLI, APRE, ALN y Yatama —con un historial de colaboracionismo político con el FSLN— tienen una representación marginal dentro de los CED, CER y CEM, y algunos de sus supuestos representantes no pertenecen a sus estructuras. En cambio, son conocidos militantes sandinistas.
El CSE mandó a imprimir 5.3 millones de boletas electorales para los comicios. Estas ya fueron enviadas a unos 3106 centros de votación en todo el país, y luego se distribuirán en las 13 459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) habilitadas.
Las boletas son parte de las denominadas “maletas electorales”, junto con actas, padrones, materiales auxiliares, brazaletes, tinta indeleble y paquetes de salud, según el Poder Electoral.
Poco o nada se sabe sobre los costos de los materiales electorales, los proveedores que fueron beneficiados y la forma en que el CSE ha administrado los recursos del erario público destinados para tal fin.
7. Quiénes “acompañarán” las elecciones
En las elecciones no estarán los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni de la Unión Europea, ni del estadounidense Centro Carter, porque el régimen los considera non gratos, y en la reforma a la Ley 331 o Ley Electoral, aprobada el 4 de mayo pasado, el partido de Gobierno sustituyó la observación electoral por la figura de “acompañantes”, cuyas funciones no están completamente claras.
El cambio de observadores a acompañantes “pretende mantener de manera ambigua este rol y cerrar las puertas a organizaciones calificadas para desempeñar la observación electoral”, señala el observatorio ciudadano Urnas Abiertas en escrito publicado en su sitio web.
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El régimen ha informado que unos 170 ciudadanos de diversos países de América, Europa y Eurasia se han acreditado como “acompañantes electorales”.
En la esfera nacional, el CSE invitó al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ambas instituciones controladas por el FSLN.
8. Posición de la Iglesia católica
El presidente Ortega inició su campaña el pasado 4 de octubre llamando “terroristas” a los obispos nicaragüenses, a quienes además, desde el 19 de julio de 2018, ha tildado de “golpistas” y acusado —sin pruebas— de ser “cómplices” de grupos nacionales e internacionales que, a su juicio, tratan de derrocarlo.
En un país donde la mayoría de la población profesa la fe católica, las relaciones entre el FSLN y la Iglesia han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 42 años.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ha dejado a la conciencia de cada nicaragüense votar o no en las elecciones. Sin embargo, algunos obispos y sacerdotes han alzado la voz y han denunciado la “farsa” y “circo” electoral, así como una persecución contra la Iglesia, ante lo cual dijeron “no callarán”.
9. La posición de la comunidad internacional
La comunidad internacional ha emitido e impuesto un buen número de condenas y sanciones contra el régimen. Estas se han centrado en denunciar la violación de los derechos humanos, el arresto de presos políticos y la falta de condiciones democráticas y transparentes para las elecciones.
Desde 2018, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido han impuesto sanciones contra altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y dirigentes policiales, militares, ministros y asesores de la pareja presidencial.
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Instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado al régimen, y ha advertido que analizarán el resultado de las elecciones.
Con EE. UU., Canadá, la OEA y la UE dispuestos a endurecer sus medidas y sanciones, Ortega enfrentará, en el ámbito político, la ausencia del reconocimiento internacional de su previsible “triunfo”, y, en lo económico, una mayor supervisión de los préstamos concedidos por organismos internacionales.
10. Las prohibiciones del CSE
El Poder Electoral impuso una campaña electoral de mes y medio, porque supuestamente los partidos políticos estaban “preocupados” por la pandemia de covid-19. Fue la primera vez que Nicaragua vivió una campaña tan corta, generalmente duraban tres meses.
Además, prohibieron eventos presenciales masivos por la pandemia y solo dieron permiso a “convocatorias de no más de 200 personas” hasta por una hora y media.
También prohibieron “realizar caravanas en autobuses, motos, carros, coches, ni en ningún otro medio de transporte”. Otra prohibición es el uso de teléfonos móviles dentro de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), porque supuestamente “perturban” el proceso.
11. Violencia política y acoso a periodistas
El periodismo independiente ha estado en la mira del régimen. Las redacciones de CONFIDENCIAL, y los programas Esta Semana y Esta Noche, han sido allanadas ilegalmente en dos ocasiones por la Policía Nacional.
A mediados de diciembre de 2018, el edificio que albergaba las redacciones fue asaltado y ocupado por la Policía Nacional. Se robaron los equipos y muebles del local. En febrero de 2021, el régimen consumó la confiscación ilegal y asignó la propiedad al Ministerio de Salud, que inauguró una Casa Materna.
En mayo pasado, sin ninguna orden judicial, una docena de antimotines ingresaron a la fuerza a una oficina del centro corporativo Invercasa, donde provisionalmente funcionaban las redacciones de los medios de comunicación, e incautaron equipos de grabación y computadoras.
Oficiales de la Policía orteguista sacan computadoras y otros equipos del estudio de grabación de Esta Semana y Esta Noche, allanados ilegalmente. // Foto: Nayira Valenzuela | Confidencial
El edificio del canal 100% Noticias fue ocupado y saqueado por la Policía Nacional en diciembre de 2018. Además, detuvieron a su director y propietario, Miguel Mora, así como a la jefa de prensa, Lucía Pineda.
En agosto pasado, la Policía Nacional tomó por la fuerza las instalaciones del diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua. El inmueble continúa ocupado por agentes policiales. El gerente general del diario, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido desde entonces.
Además de las ocupaciones a los medios, los periodistas independientes sufren un constante acoso de parte de agentes policiales, simpatizantes sandinistas y paramilitares. Para las elecciones, el Poder Electoral no acreditó a los equipos de medios independientes para dar cobertura al proceso.
Asimismo, el régimen ha prohibido el ingreso al país a casi una decena de reporteros y fotoperiodistas, de diferentes medios internacionales, que intentaban cubrir las elecciones.
El organismo Urnas Abiertas, a través de su Observatorio de Violencia Política, registró que, en el último año, han ocurrido “1654 hechos de violencia política en el contexto electoral”.
La organización detalla como hechos violentos: casos de hostigamiento, judicializaciones, agresiones, torturas y tratos crueles, amenazas, detenciones, retenciones, desaparición forzada y lesión o herida.
12.“Quédate en la casa” y las marchas en el exilio
Organizaciones de nicaragüenses en el exilio han llamado a la ciudadanía a no votar en las elecciones como una forma de protesta y pidieron a la población quedarse en casa “en reflexión, remembranza y oración” por “nuestras víctimas, por la libertad de nuestros presos políticos y por el retorno seguro de todos los exiliados”.
Además, nicaragüenses en distintas partes del mundo se han organizado para protestar en sus ciudades los días 6 y 7 de noviembre. Las marchas llevarán el nombre de “Banderillazo de la Gran Marcha Mundial”.
Entre los países que en los que se darán estas marchas están Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México, Panamá, Guatemala, Perú, España, Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Alemania, Irlanda y Grecia.
Con información de la agencia Efe
