4 de noviembre 2021
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La aprobación de la Ley Renacer en el Congreso de Estados Unidos tendrá “implicaciones sustanciales” para Nicaragua, “desde cualquier ángulo que se vea”, advierte el politólogo Manuel Orozco, analista del Diálogo Interamericano, ya que esta ley “trata de responder de forma casi simétrica” a los abusos de poder del régimen de Daniel Ortega y sus efectos se verán inmediatamente después de las votaciones del 7 de noviembre.
La iniciativa legislativa —que debe ser firmada por el presidente estadounidense, Joe Biden, para su puesta en vigencia— endurece las sanciones contra los funcionarios del régimen nicaragüense, mejora la auditoría del financiamiento de los organismos internacionales, evalúa la interferencia de Rusia en Nicaragua, y solicita revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
El politólogo valora “es muy posible” que la firma del presidente Biden se realice antes de las votaciones y “la respuesta inmediata van a ser sanciones contra Nicaragua, especialmente a aquellos individuos que han estado participando en el diseño del fraude (electoral) y en la ejecución de los juicios contra los líderes opositores que se encuentran encarcelados en este momento”. Posteriormente valorarán el rol de Nicaragua en Cafta.
Durante esta entrevista que fue transmitida en el programa Esta Noche, Orozco señala que la revisión de la participación de Nicaragua en el Cafta “no es una formalidad”. Estima que hay “una preocupación real” en la administración Biden de que sus socios comerciales respeten el ejercicio del Estado derecho y la posibilidad de que Nicaragua sea suspendido del tratado de libre comercio “es bastante realista”.
¿Cuáles son los principales aspectos de esta Ley Renacer que se aprobó este miércoles, y en qué se diferencia de otras medidas tomadas por Estados Unidos ante la crisis en Nicaragua y el régimen Ortega-Murillo?
Hay dos aspectos. El primero es estrictamente diplomático, que le da luz verde al Ejecutivo de implementar medidas de política exterior vinculadas con la ausencia de la democracia en Nicaragua, y el segundo elemento son de por lo menos nueve mecanismos de presión hacia Nicaragua que puedan contribuir a una transición política del país. La gran diferencia está en que esta ley tiene mucho más colmillo que el Nica Act, aborda temas que no estaban tocados anteriormente, como es lo que tiene que ver con Cafta, mejorar la auditoría del financiamiento de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial; así como también evaluar y valorar el rol de la interferencia rusa en Nicaragua y; muy importante, introducir el tema de corrupción de parte de funcionarios públicos así como de personas agregadas al círculo de poder, incluyendo la familia de los Ortega-Murillo, en legislación que ya existe sobre corrupción de personas vinculadas en Centroamérica. Entonces, la ley es mucho más amplia, su ámbito básicamente cubre todo el ecosistema que tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones democráticas, y también representa diplomáticamente un impacto fuerte por el mensaje que se le está dando a Nicaragua antes de las elecciones.
A esta ley solo le falta la firma del presidente Joe Biden, ¿cuándo podría darse esa firma y después de eso qué faltaría para ver la implementación?
La firma es muy posible que se realice antes de las elecciones y la respuesta inmediata van a ser sanciones contra aquellos individuos que han estado participando en el diseño del fraude y en la ejecución de los juicios y acusaciones falsas contra los líderes que se encuentran encarcelados en este momento. Posteriormente empieza la valoración del rol de Nicaragua en Cafta, así como también la interferencia de Rusia. Ya Estados Unidos ha realizado investigaciones sobre el rol de corrupción que existe dentro del régimen en términos de favores económicos, de su presencia y extensión en empresas nicaragüenses que son beneficiadas por el clientelismo político del régimen; entonces, todo esto va a ser parte del trabajo que se va a realizar en el transcurso de lo que queda de este año.
Esta ley contempla varias medidas sobre el escrutinio de los organismos multilaterales de crédito como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero ¿cuáles de ellas tendrían prioridad en su ejecución?
Yo creo que en este momento la prioridad es el Fondo Monetario Internacional que le ha dado financiamiento a Nicaragua en los últimos dos años, por lo menos le ha financiado un 5% de su gasto público, es decir, Nicaragua se ha endeudado en más de 400 millones de dólares con el FMI y no ha habido rendimiento de cuentas en relación con el tipo de administración del gasto de esos préstamos. Entonces, una de las primeras prioridades de este Gobierno es determinar que el Fondo Monetario ha desembolsado el dinero y se ha gastado en las actividades que Nicaragua dijo que se comprometía, obviamente el FMI sabe que hay poco rendimiento de cuentas y que de hecho hay contradicciones en cómo se ha gastado el dinero. Entonces las implicaciones tienen que ver con la posibilidad que va a tener (la Administración de Biden) de restringir cualquier tipo de cooperación internacional hacia el futuro, especialmente en el 2022.
¿Qué implicaciones podríamos ver con la aprobación de esta ley que llega a tan solo cuatro días de la votación en Nicaragua?
La implicación principal es a nivel diplomático, le da un espaldarazo al nicaragüense, como la última encuesta de CID Gallup muestra que solamente el 10% de los nicaragüenses favorece a Daniel Ortega en esta elección y el 70% estaría votando por los candidatos que están en la cárcel, entonces esta ley básicamente está votando por los nicaragüenses a través de sus instrumentos de presión internacional. Es un golpe al Gobierno nicaragüense porque explícitamente se le está señalando como antidemocrático, pero también corrupto, y esto de alguna manera le da confianza a los nicaragüenses y algún tipo de aliento moral a una población que ha sido prácticamente víctima de la maldad del régimen.
Esta ley también autoriza a la Administración de Biden para que haga gestiones diplomáticas con Canadá, la Unión Europea y otros países en Latinoamérica y el Caribe, para imponer sanciones selectivas contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses, ¿cómo se materializaría entonces esta disposición después del 7 de noviembre?
Con sanciones institucionales y sanciones a aquellos individuos que han estado trabajando (en el fraude). La Unión Europea y Estados Unidos, en particular, han estado coordinando la posibilidad de establecer sanciones. Ya Estados Unidos y Canadá han coincidido en realizar sanciones conjuntas y el trabajo que tienen ahora es calendarizar el nivel de sanciones de forma simétrica al momento de ejecutarlas. La Ley Renacer tiene diferentes prismas, uno de ellos es el de las sanciones, el otro tiene que ver con el rol de Cafta, el otro la interferencia de Rusia, pero también hay un esfuerzo diplomático de no agotar los vínculos, de promover un cambio político en Nicaragua y montar algún diálogo con el Gobierno de Nicaragua.
Aquí no se está simplemente demonizando al Gobierno sino que se está señalando la ausencia de la democracia y al mismo tiempo ofreciendo una salida al régimen. Nicaragua adoptó una estrategia de medir su riesgo, de que la comunidad internacional no iba a responder de forma proporcional al nivel de abusos que están cometiendo; sin embargo, esta ley lo que está haciendo es básicamente tratar de responder de forma casi simétrica con este tipo de sanciones.
¿Qué implica la revisión de la participación de Nicaragua en el Cafta y además qué consecuencias tendría esa revisión?
Yo creo que no es eufemismo, no es una formalidad el haber puesto ese componente. Hay una preocupación en esta Administración, y especialmente en el Departamento de Estado, de que las relaciones comerciales necesitan ser escrutadas en relación con el ejercicio del Estado derecho democrático por parte de los socios comerciales. El caso de Nicaragua va a ser uno de los primeros ejemplos, no es el único sin embargo, porque esto puede que afecte también a otros países como Honduras y Guatemala.
De ahí que las implicaciones son importantes a nivel regional porque aplican a aquellos países cuyos ejercicios democráticos son cuestionables dentro del margen de Cafta. Para Nicaragua, en términos prácticos el 60% del comercio nicaragüense de exportaciones va hacia a Estados Unidos y el 30% de sus importaciones proviene de Estados Unidos. Nicaragua puede imponer aranceles a las importaciones de bienes de Estados Unidos, tratando de ejecutar algún tipo de proteccionismo, sin embargo, lo que estará haciendo es continuar su castigo contra los nicaragüenses y los empresarios. Entonces las implicaciones son sustanciales desde cualquier ángulo que se vea, pero la posibilidad de que este Gobierno de Estados Unidos suspenda a Nicaragua dentro de Cafta es bastante realista.
¿Qué hay sobre estos informes que la ley demanda de las relaciones entre Rusia y Nicaragua, por qué el interés particular sobre este tema?
Rusia ha venido desarrollando una política de menoscabo contra el interés nacional de Estados Unidos a través de terceros países, se ha penetrado en varios lugares para; por ejemplo, cometer ciberdelitos, interferir en las redes de medios sociales, entre otras cosas. Por ahí va parte de este componente sobre Rusia. Es un mensaje también al Gobierno ruso de que su interferencia no ha pasado inadvertida sino que Estados Unidos sabe de la presencia de Rusia en América Latina y están poniendo cartas al respecto.
La ley busca surtir mayor efecto en términos de la presión internacional que obligue al régimen a buscar una salida a la crisis que vive Nicaragua ¿cómo crees que pueda incidir en la crisis interna del país y en la suspensión del estado policial?
La forma en que incide directamente es que le da respaldo moral a los nicaragüenses, les hace saber que no están solos, que hay una presión internacional y que Estados Unidos en particular no se ha olvidado de Nicaragua. Hay otro elemento importante que tener presente en relación con la presión internacional, y especialmente con esta ley, y es que inmediatamente del proceso electoral se van aumentar más las presiones sobre lo que está ocurriendo en el país. Dentro del círculo de poder ya existe disenso sobre la forma en cómo el régimen ha estado ejecutando el fraude y la criminalización de la democracia y esta presión de Estados Unidos lo que hace es hacerle saber a estos sectores disidentes que tienen opciones para evitar ser sancionados también; entonces, yo creo que las implicaciones son directas hacia los miembros del círculo de poder.
