3 de noviembre 2021
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La Unión Europea abrió la puerta este miércoles a adoptar nuevas sanciones contra Nicaragua tras las elecciones del próximo domingo, que Bruselas considera “falsas”, dado que el régimen del presidente Daniel Ortega ha encarcelado a los principales líderes opositores.
“Tenemos en vigor un régimen de sanciones contra Nicaragua y está constantemente en revisión. No excluimos tomar nuevas decisiones”, dijo Peter Stano, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
En su última reunión celebrada en octubre, los ministros de Exteriores de la UE, a petición de España, empezaron a estudiar cuál deberá ser la respuesta europea a los comicios en Nicaragua y pidieron al alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, que preparara una nueva ronda de sanciones.
“Como ya dijo el alto representante, estas elecciones serán falsas, tendrán una falta de credibilidad y legitimidad porque se celebrarán en una atmósfera que no es democrática, no es justa ni es libre”, apuntó Stano.
“El señor Ortega hizo todo lo posible para garantizar su victoria, apartando o encarcelando a todos sus oponentes y no hay legitimidad en estas acciones”, incidió el portavoz del SEAE.
Llamado a Ortega
Incidió en el mensaje al presidente Ortega para que “ponga fin a estos acontecimientos y vuelva a los principios democráticos, los derechos fundamentales y las libertades de los nicaragüenses” y aseguró que tras las elecciones, “los Estados miembros (de la UE) decidirán cómo actuar”.
La UE prorrogó el mes pasado hasta octubre de 2022 las sanciones contra Nicaragua que adoptó en 2019 y que en la actualidad incluyen a 14 altos funcionarios, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y su hijo Juan Carlos Ortega Murillo.
Ninguno de ellos puede entrar en territorio comunitario y se les han congelado los activos y acciones que tengan en la UE.
La mayoría de los sancionados por la UE ya figuran en otras listas de castigados por los Gobiernos de Canadá, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, que los señalan de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
