27 de octubre 2021
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El jurista brasileño Paulo Abrão, de 46 años, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma que las votaciones generales del 7 noviembre próximo, en que Daniel Ortega y Rosario Murillo serán reelegidos, no significarán nada para Nicaragua en el área de derechos humanos, porque son “un paso adelante a un conjunto de lógicas represivas”.
Abrão, quien tiene 25 años de ejercicio profesional y actualmente es profesor visitante de la Universidad de Brown, conoció de primera mano las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado en 2018 en Nicaragua, en el contexto de las protestas opositoras que luego el ejecutivo nicaragüense calificó como un intento de golpe.
“Fue muy duro todo”, asegura tres años y cinco meses después de la visita de la CIDH, celebrada en mayo de aquel año trágico. El defensor de derechos humanos aceptó una entrevista más de un año después de dejar el cargo del organismo regional, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), desde donde pudo documentar con su equipo la represión.
En esta conversación exclusiva con CONFIDENCIAL, realizada a través de una aplicación, el abogado describe al Ejecutivo de Ortega como “contrario a la naturaleza humana”, “un proyecto familiar” y añade que el país no puede perder la esperanza, aunque el camino luzca cerrado por ahora.
Doctor Abrão, ¿qué significa la reelección de Daniel Ortega en el área de derechos humanos?
Nosotros hace tiempo decimos que no es necesario esperar elecciones para saber que en Nicaragua no hay democracia. Esa ausencia significa que estamos frente a un régimen que no sigue los parámetros de la legalidad constitucional e internacional.
Por lo tanto, implica un escenario de profundo deterioro de las instituciones del país que son la base para la sobrevivencia del Estado de Derecho y los derechos humanos en la sociedad. Las libertades democráticas integran el patrimonio de derechos y el patrimonio moral de las generaciones.
Lo que nosotros vemos a lo largo del tiempo fue apenas un recrudecimiento y una afirmación en la práctica progresiva de todo lo que las organizaciones de derechos humanos han venido denunciando: Que no hay condiciones ni posibilidad de ejercicios de derechos.
“En Nicaragua no hay democracia hace tiempo”
Hemos observado una creciente eliminación de las posibilidades de los ciudadanos de participar en la vida pública nacional y los derechos políticos son los mecanismos que permiten esa participación. Ellos constituyen el establecimiento de un diálogo de los representantes y representados, que sea plural, amplio, diverso, porque es así como se identifica la expresión de la voluntad popular.
En Nicaragua no hay democracia desde hace tiempo. Las elecciones muy claramente no respetan el derecho al voto, porque eliminó partidos políticos, encarceló la oposición, empujó a miles de personas con una visión crítica al exilio y, además, (de) todo un control del sistema electoral que no es transparente.
Hubo ahí una instrumentalización del sistema de justicia para que personas no pudieran candidatearse de manera igualitaria y fundamentalmente (violó) el derecho a participación porque una participación política presume la libertad de poder intervenir de manera organizada en el proceso público, influenciar la formación de la opinión pública y esa participación política libre fue siendo criminalizada a lo largo del tiempo y las voces disonantes fueron siendo cada más oprimidas dentro de un ambiente de intimidación social.
El derecho de reunión, de asociación de las personas para fines políticos, fue violado. No hay el ambiente para la libre manifestación del pensamiento dentro del país. Estas elecciones no significarán nada para los derechos humanos, porque apenas es un paso adelante a un conjunto de lógicas represivas.
¿Qué tan grave es el caso de Nicaragua en la región?
No hay ningún otro país en la región donde toda la oposición política esté encarcelada. Los principales representantes de la oposición están impugnados y no se les permite participar de procesos electorales locales o nacionales. Donde no hay ambientes de un diálogo público para incluso enfrentar eventuales crisis de legitimidad.
Obviamente yo hago la excepción de Cuba, porque hasta en el mismo Venezuela hoy los partidos de oposición están participando de las elecciones, el Gobierno y la oposición están sentados en una mesa de diálogo y si bien es verdad hay personas detenidas arbitrariamente y políticamente, nada es parecido con lo (de Nicaragua) que ocurrió a la vez con toda la oposición política y en un corto período de tiempo e instrumentalizando el sistema de justicia para eliminar a la oposición por completo.
Esa realidad de Nicaragua es muy crítica. No veo salida fuera de un cambio radical en esa lógica. O sea, hay que hacer todos los esfuerzos para fortalecer la resistencia democrática del país y que permita una acumulación de fuerzas que empuje un cambio.
Eso solo puede ocurrir a partir de la construcción de una conciencia crítica en la sociedad, una creciente disputa de narrativas de los aspectos que hoy justifican este ambiente autoritario y que hacen que mucha gente no acceda a la información para tener conciencia de estos hechos y otros puedan siquiera hablar frente a la intimidación y los hostigamientos. El desafío para mí es ése: ¿cómo generar condiciones para permitir que el país recupere las posibilidades del ejercicio de los derechos y libertades?
¿Esto era algo que usted advirtió que ocurriría cuando visitó Nicaragua en 2018 o es un escenario peor?
Sin duda, no es por falta de denuncias que la situación llegó hasta dónde llegó. Efectivamente, me parece que por más esfuerzos que el sistema regional de protección de los derechos humanos ha realizado para denunciar lo que está pasando, la solidaridad de los Estados americanos no fue suficiente.
Una cosa que me parece muy clara ahora sería la de intentar hacer que la presión internacional pudiera de manera aún más clara caracterizar la situación nicaragüense como un régimen autoritario para los formalistas que necesitaban esperar elecciones para hacerlo. Ojalá ahora esta elección, que es totalmente ilegítima, pueda inspirar a generar más esfuerzos para ofrecer otra realidad para el pueblo nicaragüense. Hay una dificultad de abrir los puentes con el Gobierno de Nicaragua.
¿Cómo se puede explicar esta negativa del Gobierno a dialogar?
Si bien es verdad que el Gobierno se ha cerrado y está cada vez más aislado, lo que se espera del sistema internacional es una capacidad de construir puentes que permitan romper este aislamiento; empujar a la apertura de espacios de diálogo que signifiquen la protección a los ciudadanos del país.
La Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) sigue denunciando; el sistema de derechos humanos y Naciones Unidas siguen denunciando; entonces son los políticos que no están encontrando una habilidad para empujar a las autoridades del país a una postura distinta.
Cuanto más se deja de implementar estos esfuerzos de manera genuina, más las autoridades nacionales se benefician de esta disposición de aislamiento que es confortable para ellos, porque no tienen que rendir cuentas a la comunidad internacional. No tienen que someterse al escrutinio internacional, promover acciones de transparencia y así se va recrudeciendo el autoritarismo internamente.
Es muy sintomático que el número de nicaragüenses que salga del país se acreciente y hay generaciones de jóvenes que están buscando oportunidades en otros lugares fuera de su país y todo eso va a impactar al futuro de Nicaragua de manera muy drástica. Una negociación legítima requiere que todas las partes puedan influir en el resultado final.
¿Cómo pedir un diálogo si Ortega no ha cumplido siquiera con los primeros compromisos que asumió tras la crisis?
No hay alternativa más allá de presionar por ese diálogo; exigir que el Gobierno cumpla los derechos humanos, que pueda abrirse a la perspectiva que es necesario abrir y empezar a construir una agenda de transición democrática. Son muchas las experiencias históricas en la región que han abierto los caminos de las posibilidades de una solución a una crisis de institucionalidad democrática.
En las dictaduras de los 70 y 80, con los conflictos armados en Centroamérica en el pasado, en el caso de Colombia, en todas estas experiencias históricas hubo un momento en que la gente creía que no era posible hacer nada: Que el Gobierno nunca iba a dejar de mantener sus posiciones duras.
Pero la verdad es que la creciente presión, la legitimación y visibilidad de las violaciones (a derechos humanos), el fortalecimiento del rol de la sociedad civil va generando a lo largo del tiempo una credibilidad que paralelamente a un proceso de desgaste que el propio Gobierno tendrá, sea por los efectos de la gestión de la pandemia, la gestión económica, no logra controlar de manera totalmente arbitraria. En algún momento habrá alguna ventana de oportunidad que se tiene que saber explorar y es ahí que la inteligencia y capacidad de diálogo de los organismos internacionales podrían incidir y saber aprovechar.
¿En qué momento será eso? No hay cómo predecirlo. Hay que seguir creyendo, no se puede perder el horizonte de la esperanza, la perspectiva de que, según la experiencia histórica, las resistencias democráticas siempre vencen. Algunas de ellas demoran más tiempo; otras, menos; pero eso va a pasar.
Usted hizo referencia a las dictaduras de los 70 y 80, siempre que los periodistas nicaragüenses hablamos con expertos internacionales parece que el caso de Nicaragua les recuerda aquella época, ¿cómo lo valora?
Yo evito un poco trazar paralelos del presente con el pasado por algunas razones: primero porque los contextos son distintos, las sociedades están interconectadas, muchas de las ideologías que antes se veían en esos tiempos ya no son más justificables. Además, creo que hay también una paradoja en el caso nicaragüense con el hecho de que hay un discurso de una narrativa ideológica que justifica la represión, la dictadura y el autoritarismo del presente a partir de la lucha contra la opresión del pasado.
Esa narrativa tiene que ser deconstruida, porque no es legítima. No es posible aceptar fundamentar la represión, la violencia del presente a partir de un sentimiento revolucionario del pasado. Eso es una farsa, una falacia.
“Un proyecto familiar”
Confrontar esa narrativa es una de las posibilidades concretas que se tiene que explorar. No hay mantenimiento revolucionario en Nicaragua. Lo que hay hoy es el mantenimiento del poder personal, familiar. Se han perdido incluso los principios más básicos que un día podrían haber generado alguna solidaridad internacional. Incluso la izquierda regional hoy busca alejarse del Gobierno, porque no tiene identidad con las cosas que ahí están pasando. Porque no representa efectivamente un proyecto de izquierda.
El Gobierno está rehén de otras narrativas que ellos mismos crearon en relación a lo que sucedió en abril de 2018. El Gobierno tuvo que asumir una posición defensiva, caracterizar y estigmatizar todo el movimiento como un golpe de Estado y consecuentemente empujar a la ilegalidad todo el sentimiento de lucha social por el cambio.
Profundizar esta otra narrativa también es un problema, porque parece que el Gobierno en vez de asumir sus errores —nunca debería haber cerrado la presencia de los organismos internacionales en el país, nunca debería haber criminalizado las organizaciones sociales, los periodistas independientes— ellos se fueron enredando en sus errores de una manera y en un círculo complejo que hoy les impide encontrar la salida.
Ellos no tienen otra salida que la de seguir con esa lógica porque si no tendrían que admitir que su pueblo estaba insatisfecho, que había gente que no estaba feliz con la confusión que se genera entre Estado y partido. Y que incluso para mantener las eventuales conquistas sociales era necesario mantener la apuesta por un proyecto democrático y no una lógica de ensimismarse. Para mí la cuestión es cómo ofrecer al Gobierno la posibilidad de comprender que es necesario reconocer las violaciones de los derechos humanos que pasaron y sobre la base ética del compromiso con las víctimas reconstruir y abrir caminos para una reconciliación nacional.
Usted que escuchó las denuncias de parte de los familiares de las víctimas, ¿qué siente que estos casos permanezcan en la impunidad?
Es un desastre completo. Porque la justicia llegará hoy, o más tarde, pero llegará. Por la vía interna abriendo las condiciones para que el sistema de justicia pueda afirmar su independencia y principalmente afirmar el principio de igualdad ante la ley, de que va para todos y no excluye a los poderosos responsables de las violaciones a derechos humanos.
O llegará por la vía internacional mediante una cadena de sucesivas condenas que Nicaragua va sufrir en el sistema interamericano de derechos humanos, en las instancias, comités y mecanismos existentes. No hay cómo negar. Hay un límite para seguir negando estas violaciones y seguir negando el derecho a la justicia.
No es posible que la soberbia de quien hoy gobierna Nicaragua quiera sobreponerse sobre las evaluaciones de distintas instituciones internacionales. La posición de las organizaciones de las víctimas es la más digna, porque ellos están pugnando por el cumplimiento del deber de investigación, responsabilidades en relación a las violaciones al derecho de la vida, la integridad física de sus familiares y si nosotros no tenemos ese compromiso mínimo en una sociedad, en aquellos temas que tiene que ver con nuestra convivencia social, no hay Estado y consecuentemente no hay democracia.
Este es un Gobierno contrario a la naturaleza humana. Por ello habrá un límite. No sabemos hasta cuándo, pero hay que seguir explorando las posibilidades de diálogo, fortaleciendo la sociedad civil y acumulando fuerza crítica de una resistencia democrática.
