26 de octubre 2021
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A la sombra de un estado policial, violaciones de derechos humanos impunes y a dos semanas de las votaciones del 7 de noviembre, la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo significa una prolongación “de la destrucción institucional de Nicaragua y la imposición del terror” para activistas, trabajadores del Estado, y opositores.
“Miguel” y “María” laboran en el Gobierno desde hace más de diez años y acumulan una vida de presiones, miedo a despidos si no acatan disposiciones de los comisarios políticos del partido oficialista y una creciente desilusión porque no avizoran la posibilidad de un cambio político cercano.
Para ellos, los resultados de las votaciones de noviembre fueron decididas anticipadamente después de meses convulsos por el encarcelamiento de 40 opositores —siete de ellos aspirantes presidenciales—, la ilegalización de partidos rivales, el control de las Juntas Receptoras de Votos a manos de allegados sandinistas, el cierre de medios y un estricto control policial a la ciudadanía que impide manifestaciones desde septiembre de 2018.
“Una siente dolor, tristeza, enojo. Seguir en la misma pesadilla con el temor de que te corran por no ser militante y vivir sentenciado que tienes que colaborar con las actividades que realizan, además vigilada por la seguridad interna de la institución tanto dentro del puesto de trabajo y barrio (CPC)”, relata “María”, quien trabaja para el sector Salud.
La vigilancia en los barrios y el desplome del FSLN
"María" explica que en cada barrio hay militantes sandinistas que se encargan de hacer campaña a favor de Ortega y Murillo, desde tempranas horas del día con la radio a todo volumen. Ellos ponen música de propaganda o las declaraciones de Murillo cada mediodía. Se refiere a las Unidades de Victorias Electorales (UVE), encargadas de la vigilancia política en los territorios.
“Karla”, una enfermera que trabajó durante 12 años en el Estado y se exilió en 2019, asegura que ese tipo de vida descrita por su colega es habitual en las instituciones del Estado, donde suelen haber grupos de WhatsApp a través de los cuales les giran instrucciones a los trabajadores.
“No podés hablar nada; tenés que decir lo que ellos te dicen. Si quieren que vayas a la plaza con la bandera (sandinista), tenés que ir. Si no, en esa actividad es común que hagan una lista de los asistentes y, si no fuiste, te señalan de ser contraria al Gobierno”, describe.
Según la enfermera, a los trabajadores de la Salud los obligan a que cada explicación médica que den a la población vaya acompañada con la frase introductoria de que esto es “gracias al comandante y a la compañera”, en referencia a Ortega y Murillo.
La estructura que los vigila está formada por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) —el sindicato blanco del Ministerio de Salud— y en los barrios están los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
“Karla” recuerda que, en cierta ocasión, para presentar unas firmas de respaldo a favor de Ortega, condenado en las instancias internacionales por abusos de derechos humanos, los CPC —en específico los llamados gabinetes de la familia— recogieron firmas aprovechando el trabajo de campo realizado por médicos y enfermeras.
Propaganda oficialista que muestra a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: Confidencial.
Ella observó cómo sus colegas llenaban las hojas. “Si no hacés nada de eso, te dan persecución, o te ponen a alguien como fue mi caso. Yo tuve problemas con un paramilitar que se hacía pasar como miembro del sector Salud y me mantenía bajo vigilancia”, lamentó.
Las quejas de los servidores públicos reflejan una parte de la desaprobación creciente contra Ortega. De acuerdo con la última encuesta, publicada en septiembre por la firma costarricense CID Gallup, las simpatías a favor del sandinismo sumaron apenas del 8%. Es el punto más bajo registrado en los últimos treinta años, según el consultor político Luis Haug, director de la encuestadora.
Las explicaciones de esa caída se circunscriben a la ineficiencia pública con la gestión de la pandemia y a la represión. Tales acciones represivas han sido justificadas por Ortega como la investigación por cargos criminales en una conspiración contra la estabilidad del país, mientras se niega a frenar los abusos cometidos desde su Gobierno.
El exdiputado opositor Eliseo Núñez considera que la base política es muy débil, porque está formada por trabajadores del Estado que pueden migrar de preferencias políticas, dado que las fidelidades suelen estar atadas al clientelismo.
De acuerdo con los datos del Banco Central de Nicaragua, en el Gobierno Central hay al menos 113 534 trabajadores, a lo que habría que sumar a quienes dependen de las municipalidades, y el 90% de estas están bajo dominio del FSLN.
Incertidumbre también para Ortega
El nuevo período presidencial iniciará en enero de 2022, marcado por incertidumbre para los opositores perseguidos, pero también para el régimen que se encuentra inmerso desde hace años en batallas palaciegas de poder.
Las diferencias en el orteguismo se centran en dos grupos: los llamados sandinistas históricos —participantes de la lucha contra Somoza, aliados del caudillo— y los de nuevo cuño que son simpatizantes de Murillo. Es una “monarquía” con dos autoridades como caracterizó el exmagistrado Rafael Solís, padrino de bodas de la pareja presidencial, quien renunció a su cargo en 2019 denunciando la fabricación de juicios políticos contra opositores.
El analista costarricense en política exterior Carlos Murillo Zamora, profesor de la Universidad de Costa Rica, alerta que lamentablemente hay dictadura en Nicaragua “para rato”, mientras mantengan el control de las fuerzas de seguridad.
Murillo Zamora afirma que el otro tema es que Nicaragua debería ser visto con atención por la región, pero no considera que se vaya a tomar una medida en contra del régimen.
Más bien, mientras en Centroamérica “se continúan profundizando regímenes autoritarios y dictatoriales”, Ortega intenta imponerse con la lógica de que la legitimidad se gana a través de las armas y no por los votos, afirma Núñez. Así las cosas, el caudillo se siente en una guerra, en la que el terror es uno de sus instrumentos, y los trabajadores del Estado no están a salvo de esa represión.
