25 de octubre 2021
AA
Share
Los diputados de la Asamblea Nacional aprobarán este martes 26 de octubre una iniciativa de ley que permitirá ejercer el derecho al voto a los ciudadanos que tienen vencidas sus cédulas de identidad. Una iniciativa que es recurrente en periodos electorales y que no resuelve el problema de falta de cédulas en el país.
“Para efecto de esta ley se consideran vigentes, únicamente el 7 de noviembre de 2021, las cédulas que estén vencidas en esa fecha con el objeto exclusivo de garantizar el derecho al voto durante las elecciones generales”, señala la iniciativa en su artículo segundo.
La iniciativa denominada “Ley especial para la vigencia de las cédulas de identidad vencidas a fin de ejercer el derecho al voto el 7 de noviembre en las elecciones generales”, fue propuesta por los legisladores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Gustavo Porras, Edwin Castro, Maritza Espinales, Gladis Báez, Loria Raquel Dixon y Wilfredo Navarro.
También firmaron la iniciativa de ley las diputadas, Rosa Argentina Navarro y María Haydée Osuna, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); así como el legislador Alejandro Mejía Ferreti, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Mario Asensio del Partido Liberal Independiente (PLI).
En marzo pasado el diputado Mejía Ferreti introdujo una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana en la que proponía extender la validez de cédulas vencidas hasta el 22 de noviembre de 2022, pero fue engavetada en la secretaría del Parlamento. Ahora, cuando faltan dos semanas para las votaciones, aparece esta nueva iniciativa con los legisladores sandinistas como protagonistas.
Un parche recurrente
Actualmente se desconoce la cantidad de cédulas vencidas en Nicaragua, debido al hermetismo del Consejo Supremo Electoral (CSE), pero hace cinco años —en ocasiones de las elecciones generales de 2016— reportes periodísticos indicaban la necesidad de dos millones de cédulas de identidad.
La extensión del periodo de vigencia de cédulas vencidas se ha vuelto recurrente en períodos electorales. La última prórroga aprobada por la Asamblea Nacional venció el 30 de abril de 2019, luego de las elecciones regionales de la Costa Caribe. Previamente ya se habían hecho otras prórrogas para elecciones anteriores, incluyendo las generales de 2016 y las municipales de 2017.
En el sitio web del CSE, habilitado recientemente, hay un apartado sobre cedulación, pero la información es escasa y desactualizada.
El sitio describe que el CSE "organiza a través del Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedulación ciudadana y el padrón electoral”, según lo establecido en el artículo 173, numeral 10, de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Además, describe los requisitos para nuevas cedulaciones, renovación y reposición del documento.
Sin embargo, en el apartado sobre las oficinas de cedulación, únicamente hay un mapa interactivo con la ubicación de las oficinas locales del CSE, sin mayores detalles de contacto o de horarios.
El costo de la cédula de identidad
Según la Ley de Identidad Ciudadana, los nicaragüenses pueden solicitar su cédula a partir de los 15 años y les será entregada al cumplir los 16.
Cuando la cédula de identidad es solicitada por primera vez debe ser gratis, pero la reposición o renovación tiene un costo de 300 córdobas. Este costo, impuesto por el CSE desde 2011, representa un obstáculo para la población más empobrecida del país, indican promotores de la campaña de cedulación “Mi cédula es mi rostro” que permanece en redes sociales.
A esos 300 córdobas deben sumarse el costo de las copias de la solicitud, la partida de nacimiento original valorada entre 120 y 140 córdobas, los gastos de transporte y al menos un día de trabajo para hacer el trámite.
Además, hay personas que no pueden completar su solicitud porque no están inscritas en el Registro Civil y otras cuyos datos están registrados erradamente, en estos casos el ciudadano tiene que recurrir al Juzgado Civil para resolver su problema, según la Ley 152.
Votación sin competencia política
Para las votaciones del 7 de noviembre están habilitados 4.4 millones de nicaragüense de una población total de 6.5 millones de habitantes. Quienes deben elegir presidente, vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Sin embargo, en la antesala de este proceso el régimen de Ortega y Murillo ha eliminado la competencia política.
Desde mayo pasado han sido encarcelados 39 dirigentes opositores, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas; entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la jefatura del Estado, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.
