25 de octubre 2021
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La predecible “victoria” del oficialista Frente Sandinista, en los comicios del próximo 7 de noviembre, sin competencia política, meterá a Nicaragua en un escenario internacional incierto: por primera vez, según analistas políticos, unas elecciones nicaragüenses “no serán reconocidas” por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo.
El desconocimiento de estos foros enrumbará al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la “ilegitimidad internacional”, aunque —según los expertos en relaciones internacionales— esto no “significa necesariamente” un rompimiento de relaciones bilaterales o con los bloques regionales. Sin embargo, los países y organizaciones mantendrán y, en algunos casos, arreciarán su política de sanciones individuales contra funcionarios del Gobierno.
Carlos Cascante Segura, catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, explica que, “teóricamente”, si un Estado desconoce las elecciones de un país, “no puede reconocer el Gobierno que surge de ese proceso”. Sin embargo, “en el Derecho Internacional el reconocimiento es un acto completamente discrecional; se puede dar o no, y no se tiene que justificar”.
“El desconocimiento de un Gobierno no abarca necesariamente la ruptura de las relaciones, sino que es un llamado de atención, que se queda en lo político, pero no va a lo pragmático”, añade.
Ejemplifica que, en 2019 en Venezuela, Estados Unidos y varios países latinoamericanos —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú— reconocieron el Gobierno de Juan Guaidó —entonces presidente de la Asamblea Nacional—, lo que “no evitó que sus embajadas en Venezuela mantuvieran conversaciones o negocios con el Gobierno de Nicolás Maduro”.
Bielorrusia, un espejo para Nicaragua
“No habrá rompimiento de relaciones diplomáticas, solo desconocimiento y no legitimación. Una cosa es el Gobierno, y otra el Estado. Las relaciones con el Estado de Nicaragua se mantienen, aunque no reconozcan el Gobierno resultante de un proceso electoral viciado”, explicó un experto nicaragüense que solicitó omitir su nombre por temor a la persecución política que dirige el régimen.
Señaló que la situación en Bielorrusia funciona de espejo para lo que sucederá en Nicaragua. Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desconocieron en septiembre de 2020 la legitimidad de la presidencia de Alexander Lukashenko, quien desde hace 27 años gobierna con mano de hierro ese país en el Este europeo.
Unas elecciones presidenciales de agosto de 2020 —las que Lukashenko aseguró ganar con el 80% de los votos— desataron una ola de protestas ciudadanas que fueron duramente reprimidas por el dictador bielorruso. Al menos 35 000 ciudadanos han sido detenidos desde entonces, y unos 2500 enfrentan juicios por “extremismo”, según diarios europeos.
La UE en coordinación con el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos han sancionado a más de un centenar de funcionarios leales al régimen. Pese a las sanciones y el desconocimiento de las elecciones, la UE mantiene a la ciudadanía bielorrusa en su agenda de cooperación e inversiones.
UE prepara sanciones
En el caso nicaragüense, los cancilleres de los Veintisiete solicitaron esta semana al alto representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, que prepare una serie de medidas contra el Gobierno de Nicaragua, que podrían incluir más sanciones contra altos funcionarios nicaragüenses.
La situación nicaragüense se abordó a petición de España, cuyo canciller José Manuel Albares calificó los próximos comicios de “fraude electoral”.
“No se dan las condiciones mínimas para que pueda haber un proceso electoral democrático, libre, transparente y competido”, aseguró Albares, quien añadió que por eso, el Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por Borrell, va a empezar a trabajar una serie de medidas “que incluirían, si es necesario, una tercera ronda de sanciones a nivel personal, también en el entorno del presidente Ortega”.
La UE ha sancionado a 14 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. La mayoría de ellos ya figuran en otras listas de sancionados por los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido, que los señalan de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
En una rueda de prensa posterior al encuentro de cancilleres, Borrell comentó que Ortega y Murillo han “garantizado su victoria (…) por medio de encarcelar a la oposición”.
“La Unión Europea va continuar insistiendo en la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, la liberación de prisioneros políticos, la vuelta de las oenegés y organizaciones de derechos humanos y elecciones libres, puesto que las que se van a celebrar ahora en breve son falsas, organizadas por una dictadura”, dijo el jefe de la diplomacia europea.
Borrell, además, opinó que en Nicaragua existe “una de las peores dictaduras en el mundo”.
Debate en el Europarlamento
La eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos adelantó a CONFIDENCIAL que propuso discutir, en el pleno de la Eurocámara, el tema de Nicaragua en la cuarta semana de noviembre. Una sesión de la cual podría surgir una resolución en la que desconocerán la legitimidad de los comicios.
“He dicho en muchas ocasiones que la UE no puede blanquear un proceso ilegítimo en Nicaragua. Lo decíamos, incluso, antes de comenzar la oleada ultrarrepresiva de mayo. ¿Habrá consenso para desconocer las elecciones? Esto por supuesto será el resultado de la negociación entre los grupos”, explica la europarlamentaria.
“Es bastante claro cómo el Parlamento Europeo se ha mostrado unido en su rechazo a la represión de Ortega. La pasada resolución (sobre Nicaragua) la votaron a favor 629 eurodiputados. Creo que lo que está sucediendo es tan escandaloso que necesariamente genera un amplio consenso”, agrega.
En una resolución del pasado 8 de julio —aprobada por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones—, los eurodiputados reiteraron su exigencia de que la UE amplíe las sanciones específicas e individuales contra el “círculo de allegados” a Ortega, incluido el mismo mandatario.
En el texto, la Eurocámara solicitó además a los organismos internacionales rastrear el dinero del régimen en el mundo, para proteger al sistema financiero internacional “frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores”. Fue la primera vez que una resolución del Parlamento Europeo apuntó hacia los fondos de la dictadura. Desde 2018, los eurodiputados han aprobado cuatro resoluciones sobre la situación nicaragüense.
“En la última resolución hablábamos de atajar los vínculos de corrupción, gracias a los que la familia Ortega ha construido su conglomerado en el país. El acceso de Nicaragua a préstamos multilaterales también habría de revisarse. En fin, hay todo un paquete de acciones en el marco de nuestros instrumentos de política exterior que pueden utilizarse. Es el momento de explorar todas las vías”, subraya Rodríguez.
Asamblea General de la OEA sobre Nicaragua
Tres días después de las elecciones generales, el régimen orteguista enfrentará su primer escollo internacional: la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que los países miembros han sugerido una “valoración” de los comicios nicaragüenses.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó la semana pasada una resolución en la que advirtieron al Gobierno de Ortega y Murillo que adoptarán, “si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51.a Asamblea General”, que se llevará a cabo el 10 de noviembre.
Los países reiteraron su llamado a “la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos”. Además, demandaron que las próximas elecciones se realicen “bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble”, según el documento aprobado con 26 votos a favor, ninguno en contra, un país ausente (Nicaragua) y siete abstenciones: Barbados, México, Argentina, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, Guatemala y Honduras.
Carlos Murillo Zamora, analista de asuntos internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), explica que estas resoluciones funcionan para indicarle al régimen que los países “están vigilantes del proceso”, aunque dan por hecho, de acuerdo con otras resoluciones, que “el proceso no lo consideran legítimo”.
Indica que la OEA tomará una decisión después de conocer el resultado de los comicios, porque desde la perspectiva diplomática “no se pueden desconocer, con anterioridad, los resultados de unas elecciones”.
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Para el analista nicaragüense, que solicitó el anonimato, la OEA “se prepara a desconocer no solo un proceso electoral viciado, que incumple estándares democráticos y la resolución de 2020 de la Asamblea General de la OEA, sino también el Gobierno resultante”.
A finales de octubre de 2020, la Asamblea General de la OEA estableció mayo de 2021 como plazo para que Ortega implementara unas reformas electorales para garantizar unas elecciones transparentes.
En la resolución de esta semana, el organismo regional expresó su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua ha ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente para que se comprometa a la celebración de elecciones “libres y justas”, por lo que urgió al régimen “poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas”.
Crítica a los que se abstienen
La reciente resolución contra el régimen fue la primera que se aprueba sin votos en contra. Un resultado que según los analistas muestra dos posturas: ningún país del hemisferio quiere vincularse directamente con Ortega y ningún país está dispuesto a continuar siendo indulgente con el régimen, ya que los hechos son incontestables.
San Vicente y las Granadinas es la primera vez que se abstiene; desde 2018 siempre ha votado en contra de las resoluciones contra Ortega. Bolivia, en una resolución de junio pasado, votó en contra. En los casos de Barbados, México, Argentina, Guatemala y Honduras sus posturas han variado entre la abstención y la aprobación.
Cascante Segura indicó que México y Argentina buscan establecer “una política de atemperamiento frente al régimen”, e intentan “ganar peso internacional al convertirse en mediadores en este tipo de situaciones”.
Durante un debate del Consejo Permanente, la representante de México, Luz Elena Baños, justificó que se abstuvo al ver con “preocupación” que la OEA “está profundizando el aislamiento internacional de un Estado miembro”, por lo que instó a los Estados miembros a encontrar en el diálogo “la vía idónea para fortalecer la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos”.
Carlos Raimundi, embajador de Argentina ante la OEA, argumentó que se abstuvieron porque la declaración era “improcedente y extemporánea”.
El embajador uruguayo ante la OEA, Manuel Juan Washington Abdala, criticó duramente a las delegaciones que se abstuvieron. “No termino de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema”, dijo el diplomático.
“¿¡Qué se necesita —cuestionó— para comprender que no se les está permitiendo a los candidatos ser libremente candidatos, que hay un pueblo desesperado clamando por libertad!? ¿¡Qué pruebas hay que ofrecerles (a los países) para que se adhieran a un razonamiento que hacemos todos, o una inmensa mayoría, que creemos en la democracia para enfrentar a este tipo de dictaduras!?”.
La división en Centroamérica entorno a Nicaragua
La votación en la OEA mostró además una división de los países centroamericanos en torno a la crisis nicaragüense: Guatemala y Honduras se abstuvieron, mientras El Salvador, Costa Rica y Panamá votaron a favor.
Cascante Segura explica que desconocer las elecciones nicaragüenses crea un conflicto dentro de los países centroamericanos, por la cercanía con Nicaragua y la posición estratégica del país en cuanto al transporte de mercancías por la región
“Para países grandes y con una pobre relación con Nicaragua, como Brasil, es más fácil rechazar o condenar las elecciones; mientras para los países centroamericanos es más complicado porque temen las reacciones del Gobierno de Ortega y Murillo”, subraya el experto costarricense.
Murillo estima que los países de la región valoran el tema comercial, ya que no hay forma de evadir a Nicaragua. “Si Nicaragua cierra las fronteras es un problema para el intercambio comercial terrestre”, resalta.
Las exportaciones intrarregionales representan más del 25% del total de las exportaciones centroamericanas, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese porcentaje poco ha variado en los últimos años.
Cascante comenta que “es evidente” que, en los cálculos hondureños y guatemaltecos, se da prioridad a las consecuencias económicas que podría traer una reacción de Nicaragua, bloqueando las fronteras y el comercio. Además, de las crisis de legitimidad democrática que enfrentan ambos países.
“En el caso de El Salvador, con el presidente (Nayib Bukele) decidido a dar golpes de efecto internacionales podría ser más probable que desconozca las elecciones nicaragüenses”, señala.
Los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo (d), de Costa Rica, Carlos Alvarado (i), y de la República Dominicana, Luis Abinader (c). Efe.
Alianza por la democracia
Ambos analistas coinciden en que Costa Rica y Panamá desconocerán las elecciones nicaragüenses; y en vista de los conflictos que se vendrán con Nicaragua han creado una alianza con República Dominicana, que también no reconocerá la legitimidad de los comicios.
En septiembre pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Gobiernos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana formalizaron la creación de una Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática.
“Es un reacomodo del orden geopolítico regional, en el cual los dos países que siempre han tenido una alianza cercana, Costa Rica y Panamá, se dan cuenta que tienen que llevar un tercero para hacer contrapeso político frente a los eventos y la deriva autoritaria que se vive en el norte de Centroamérica”, razona Cascante.
“Sabiendo lo que está pasando en El Salvador —protestas por la deriva autoritaria de Bukele— que generalmente era el que integraba esa relación; República Dominicana está sustituyendo a El Salvador en esta coyuntura”, opina.
La formación de esta alianza responde también, según los expertos, a la crisis dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuya Secretaría General está acéfala desde mediados de 2021, porque los países han rechazado una terna presentada por el régimen orteguista para dirigir el organismo regional.
