18 de octubre 2021
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Una magnífica serie documental que actualmente programa el canal Epix cuenta con detalle el famoso episodio conocido como Irán-Contra. Se trata de un truculento entramado diseñado por la segunda administración de Ronald Reagan y ejecutado por el coronel Oliver North, que dio lugar a la venta secreta de armas a Irán para desviar ilegalmente fondos destinados a la milicia contrarrevolucionaria que pretendía derrocar al gobierno de Nicaragua con el apoyo de Estados Unidos. Washington concedía entonces tal importancia estratégica a Nicaragua que asumió el riesgo de un monumental escándalo político con el fin de facilitar la caída de un régimen al que se consideraba una pieza fundamental en aquellos años del final de la Guerra Fría.
Nicaragua era en aquel momento objeto de atención prioritaria de la política y el periodismo norteamericanos y, por extensión del resto del mundo. Unos jóvenes del Frente Sandinista trataban en aquellos años de implantar un sistema socialista en el que la democracia no era, desde luego, una condición necesaria, pero en el que no se cometieron atrocidades, los derechos humanos eran respetados y se gozaba, en todo caso, de mucha mayor libertad que durante el régimen anterior. Si Estados Unidos se dedicó con tanto afán a Nicaragua no fue por la ausencia de democracia en ese pequeño país, sino por la preocupación norteamericana por detener cualquier atisbo de comunismo en el continente.
Desde aquel momento, la situación política en Nicaragua se ha deteriorado considerablemente. Los años de ilusión fueron sucedidos por otros de abusos y de corrupción. El sandinismo se fue disgregando y acabó pactando con oligarcas y rufianes para repartirse el país a su antojo. El mismo presidente de los primeros años de la revolución, Daniel Ortega, siguió controlando el poder durante décadas de frente o en la sombra con métodos antidemocráticos, especialmente desde las protestas masivas de 2018, hasta convertirse en uno de los peores sátrapas que ha conocido la región. Hoy las violaciones de derechos humanos son masivas, el latrocinio, la depravación y la injusticia son la norma. Pero hoy, desgraciadamente, Nicaragua no le importa a nadie.
Me salieron profesionalmente los dientes en aquellos años ochenta del siglo pasado en Nicaragua. Conservo por eso un cariño eterno hacia aquel país, tan bravo, tan épico y tan torturado. Traté a Daniel Ortega y creí percibir su carencia de talento y de escrúpulos. Conocí a algunos de quienes hoy son sus víctimas y fui testigo de hasta qué punto muchos de ellos han trabajado siempre por el progreso de Nicaragua y, durante un tiempo, colaboraron a fondo con el sandinismo y trataron de sacarlo adelante como un modelo que combinara la libertad y la justicia social que tanto se necesita en ese país.
El caso del escritor Sergio Ramírez es emblemático: antiguo vicepresidente con Ortega y hoy perseguido y obligado a vagar en el exilio sin saber si algún día volverá a pisar su patria. Igualmente simbólica es la situación de la familia Chamorro, herederos de Pedro Joaquín Chamorro, una de las más insignes figuras que ha producido América. Sus hijos sufren de forma muy particular la ira del déspota: Cristiana, antigua directora del diario La Prensa, y Pedro Joaquín, dirigente en su día de la contra, están en prisión; Carlos Fernando, exdirector del diario sandinista Barricada y actual director de la gran publicación digital Confidencial, tuvo que escapar al exilio para evitar el mismo destino que sus hermanos. Charlé recientemente con uno de los mejores políticos y mejores hombres que ha tenido Nicaragua; me contó su peripecia para escapar de casa ante el acoso de las fuerzas orteguistas, su intento de cruzar a pie la frontera por alguna vereda desprotegida y su destino final en el exilio, sin medios para sobrevivir y con miedo incluso a publicar su nombre para evitar represalias contra la familia que le queda en el interior del país.
Ninguna de las personas mencionadas ha cometido mayor delito que el de oponerse a Ortega. Tampoco lo han cometido las decenas de personas arbitrariamente detenidas en los últimos meses, entre ellas, todos los candidatos a las elecciones del próximo 7 de noviembre, que no serán más que una farsa para prolongar la permanencia en el poder de Ortega. Organizaciones humanitarias han denunciado que los presos soportan condiciones inhumanas, padecen hambre y son sometidos a torturas. Ninguna legalidad los protege puesto que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han impuesto una tiranía que funciona a capricho de la pareja gobernante, sin ninguno de los límites y controles que incluso las brutales dictaduras que conocimos en el pasado en este continente llegaron a tener.
Tampoco tiene Ortega que preocuparse de la presión internacional porque esta es prácticamente inexistente. En Estados Unidos, los medios de comunicación prestan una atención muy marginal a la situación de Nicaragua, como corresponde con la importancia menor que ese país ocupa en la agenda de la administración de Joe Biden. Fuera de algunos tuits y notas de prensa, solo cabe mencionarse como medida efectiva la retirada de visas a algunos miembros del régimen nicaragüense y el bloqueo de algunos de sus fondos personales en Estados Unidos, pero el país sigue siendo miembro reconocido del Fondo Monetario Internacional y, por tanto, accediendo a sus préstamos, que la pareja Ortega-Murillo utiliza para consolidar su tiranía.
En Europa, la preocupación por Nicaragua no es mayor, en gran medida por la desidia de España, el país que debería promover y encabezar una robusta reacción europea contra la represión en el país centroamericano. Condicionado por la presencia en la coalición gobernante de Podemos, un partido aliado de Venezuela y admirador de Cuba, el Ejecutivo español es reacio a cualquier iniciativa que moleste a los regímenes de esos dos países. Ojalá que en los próximos días, como es imprescindible, España y Europa desconozcan el resultado de las próximas elecciones en Nicaragua y denuncien la falta de legitimidad de ese proceso. En América Latina también ha habido más palabras y gestos –como la llamada a consultas de embajadores– que hechos contundentes para frenar a Ortega. La polarización ideológica del continente y el desprecio por un pequeño país que no afecta a los intereses de nadie han contribuido a la falta de la reacción adecuada.
Se trata de un error mayúsculo, no solo porque desde el punto de vista humanitario es urgente intervenir a favor de la población nicaragüense, sino porque, como dice el director de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, la situación en Nicaragua podría tener un efecto de cascada en todo el continente. El caso de Nicaragua es, en gran medida, un paradigma de un fenómeno que lleva años ocurriendo en América Latina y que tiende a consolidarse: la desvalorización de la democracia liberal. Cada vez con más frecuencia surgen propuestas y modelos en los que, bajo la excusa de atender las necesidades de los más pobres, se relegan valores imprescindibles de un sistema democrático, como son la libertad, los derechos humanos, el respeto a la oposición, las garantías de una prensa independiente y la celebración de elecciones limpias y en condiciones de igualdad.
Ignorar lo que ocurre en Nicaragua es ignorar la prioridad de defender la democracia frente a los tiranos, cualquiera que sea el disfraz ideológico con el que se vistan. Urge una llamada de atención sobre Nicaragua desde nuestras conciencias y desde nuestros gobiernos.
Texto original publicado en La Nación de Argentina
