17 de octubre 2021
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A tres semanas de las votaciones del siete de noviembre, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha convocado a trabajadores del Estado y simpatizantes a organizarse como “movilizadores” para “garantizar el voto sandinista” y promover la idea de una “votación masiva” que justifique el triunfo de Daniel Ortega y Rosario Murillo en un ambiente de voto masivo y aprobación, pese a que una encuesta de CID Gallup, realizada en septiembre y publicada esta semana, revela que la simpatía del FSLN está en su punto más bajo de los últimos 30 años, con un 8%, y que menos del 20% votaría por Ortega.
“Julia” es trabajadora de una institución del Estado que ha sido convocada como "movilizadora" y confirmó a CONFIDENCIAL que "las llamadas ya se están haciendo" a otros servidores públicos y simpatizantes.
Detalló que a quienes llaman “ya han sido movilizadores” del FSLN en otras elecciones municipales o nacionales, porque buscan “gente de confianza”.
Los “movilizadores” son personas encargadas de sacar a partidarios o simpatizantes de sus casas y movilizarlos hacia sus respectivos centros de votación. Se trata del tradicional "acarreo" que hacen los partidos el día de la votación, pero que, en el caso del FSLN, se ha documentado en elecciones anteriores el uso recursos del Estado, como el tiempo de los empleados públicos, vehículos y combustible de las instituciones.
La trabajadora confirma que los “movilizadores” que convoca el FSLN no son solo miembros del partido, sino trabajadores de instituciones del Estado e incluso de las alcaldías.
“Un movilizador tiene el trabajo o deber, como se le quiera llamar, de ir a traer a la gente para que vaya a su centro de votación. Gente que sepa que es sandinista”, afirmó.
Añadió que los “movilizadores” incluso tienen el trabajo de “convencer a aquellos que se sabe eran sandinistas y que ahora podrían estar dudando en dar el voto al partido”.
La “preparación ya inició”
“María”, familiar de uno de los movilizadores convocados, afirma que su madre —miembro del FSLN— fue llamada a “asegurar el voto” e incluso ha participado de “reuniones, donde los preparan para convencer al sandinista que ya no quiere ir a votar, porque hay muchos que han desertado”.
Explica que su madre le ha comentado que algunos miembros, por servir como “movilizadores”, reciben “viáticos” en especie -que pueden ser paquetes de granos básicos- y otros entre 150 y 300 córdobas.
“Mi mamá es de las que dice que no agarra esos riales, que les ofrecen como viático, porque no anda por interés, sino por simpatía con el partido”, afirmó.
Usan recursos del Estado para movilizar
“Julia” detalla que, entre los recursos públicos para trasladar a los “movilizadores” y simpatizantes, se usan vehículos de instituciones públicas, delegaciones y alcaldías.
“Creemos que la práctica de este año será igual que las anteriores, donde se han trasladado a los movilizadores en vehículos de instituciones o de las alcaldías”, indicó.
"Manuel", un adulto mayor de 65 años, que pidió omitir su nombre, aseguró que, en las elecciones de 2016, él fue trasladado por "movilizadores" a un centro de votación, aunque no es, ni era miembro del Frente Sandinista. Señala que el problema de que "esa gente (los movilizadores)" llegaran a traerlo a su casa, sin haberlo solicitado, es que "tuve que ir a la hora que ellos decían y había cierta presión porque sabía que son sandinistas".
Agregó que entre las personas que logró identificar entre los "movilizadores" estaban integrantes del FSLN y trabajadores de la Alcaldía de Managua.
“Una acción más de un proceso fraudulento”
El abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirma que la conformación de estos grupos llamados “movilizadores” es una práctica que ha ejecutado el Frente Sandinista —desde hace algunos años— para “buscar a la gente a su casa, los trasladan, llevan a personas de la tercera edad, a personas discapacidad, con aquella proyección de conseguir el voto”.
Señala que ese tipo de acciones son parte del proceso fraudulento que tienen en marcha para noviembre, porque no hay claridad de dónde salen los recursos para movilizar o pagar a esa gente.
Agrega que la conformación de los movilizadores, en este contexto en el que el régimen orteguista goza de una desaprobación de casi el 70% de la población nicaragüense, es el reflejo del “apuro y graves problemas que tendrán para lograr que su propia gente vote; entonces, están urgidos de esos comandos movilizadores”.
El abogado Yader Morazán considera que si estos grupos que conforma el FSLN fueran "simples movilizadores dentro de una estructura política serían medianamente aceptables". Sin embargo, destaca que estas personas en realidad infringen principios del sufragio universal, que establece que el proceso debe ser igual, directo, secreto, y también debe ser libre.
Morazán recuerda que el artículo 30 de la Ley Electoral, que tiene rango constitucional, reconoce el ejercicio libre del voto. "La libertad reside precisamente en no tener ningún tipo de coacción", apuntó.
Señala que solo el hecho que alguien te lleguen a buscar a tu casa es una forma de coaccionar, porque quién te llega a buscar es un cuerpo de coacción, de personas que siguen a un partido dirigido por gobernantes que han sido señalados de violentar los derechos de los nicaragüenses, incluso de cometer crímenes de lesa humanidad.
"Dentro de un proceso electoral todo aquello que coaccione tu voluntad de alguna forma, como el hecho de irte a traer a tu casa, que es una forma de amenazarte, corresponde a un delito electoral... Entiendo que por un lado se limita la libertad, es decir el elemento libre que debe tener el sufragio universal, y por otro lado al coaccionar se incurre en un delito electoral", afirmó.
Dentro del Manual para el Proceso de Votación, divulgado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), no se menciona ni reconoce a la figura de "movilizadores" para garantizar el ejercicio del voto.
Organizaciones opositoras y de la sociedad civil de Nicaragua desde el mes pasado iniciaron una convocatoria en la que llaman a los nicaragüenses a unirse a un “paro electoral” el próximo 7 de noviembre, día en el que están programadas las elecciones generales, en las que el Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan la reelección como presidente y vicepresidenta.
La convocatoria consiste en que la gente no se presente a las juntas receptoras de votos y denuncien desde sus hogares “que este proceso es fraudulento y su resultado es ilegítimo”.
Señalan que estas elecciones son fraudulentas desde su inicio por no contar con condiciones mínimas para el ejercicio libre del derecho a elegir y ser electo; al no haber reformas electorales profundas recomendadas por organizaciones internacionales; y porque continúan encarceladas más 150 personas opositoras y críticas del régimen orteguista, entre estos siete aspirantes a la Presidencia.
