15 de octubre 2021
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La madrugada del 30 de septiembre de 2021, después de 21 años de casados, el abogado José Arnulfo López Cruz y su esposa Arlen Muñoz abordaron un vehículo con sus hijos rumbo a la frontera con Costa Rica. Según les explicaron, debían dirigirse a Sapoá donde podían hacerlos bajar con sus maletas e interrogarlos en los retenes militares.
A la altura del pueblo granadino de Nandaime, a 60 kilómetros de Managua, el estallido de un neumático los atrasó. Peor sorpresa se llevó la familia cuando descubrieron que no andaban llanta de repuesto y debían esperar que la primera vulcanizadora abriera.
López, un exfiscal que se dedicó a la defensa de decenas de presos políticos desde 2018—colaboró con el equipo legal de Medardo Mairena y Miguel Mora— era el más reciente defensor en Nicaragua del exprecandidato presidencial Félix Maradiaga.
Maradiaga fue detenido el ocho de junio pasado por el régimen de Daniel Ortega minutos después de acudir a una cita en el Ministerio Público, en medio de la escalada represiva iniciada a finales de mayo pasado que mantiene a 37 encarcelados incluyendo a otros seis aspirantes a la Presidencia, líderes cívicos y dirigentes políticos opositores.
Cuando López llamó a la esposa de Maradiaga, la expresentadora Bertha Valle, para confirmarle que debía irse debido al hostigamiento policial de los últimos tres años, ella recordó que la defensa de su marido ha sufrido varios tropiezos causados por la represión del Estado.
Valle dijo que Róger Reyes, quien acompañó a su marido en la audiencia del día de su captura, se encuentra también preso desde agosto pasado. Además, Elton Ortega, abogado del exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y quien colaboraba a bajo perfil con la causa de Maradiaga, se exilió en julio por las mismas razones argüidas ahora por López.
“A Arnulfo yo le expresé mi solidaridad. Estoy en el proceso de redefinir quién será el abogado de Félix (Maradiaga). No lo tengo totalmente claro. Cada vez es más difícil encontrar abogados que quieran asumir estos casos y eso pone en indefensión a nuestros familiares”, explicó vía telefónica Valle.
Amenazas y falsas acusaciones
Antes del escape de la familia del defensor, su esposa Arlen Muñoz recuerda que tomaron una decisión después de ser avisados que seguirán las capturas contra opositores en octubre. Como familia, se habían mudado de casa en dos ocasiones los últimos tres años: vivieron inicialmente en el barrio El Edén, luego en carretera sur cuando se dio la audiencia del periodista Miguel Mora y finalmente en un residencial por carretera a Masaya.
En julio de 2018, cuando Ortega ordenó el despeje violento de las barricadas, levantadas por la población en el contexto de las protestas opositoras, Muñoz y López fueron sorprendidos en la vivienda de El Edén por dos desconocidos armados que se encontraban frente a su casa y a quienes confundieron con técnicos de la compañía de electricidad, a la que le pidieron el servicio de reconexión domiciliar después de la caída del cable.
Muñoz dice que los hombres, cuando los vieron, empezaron a disparar hacia el suelo y que lo único que se les ocurrió fue regresar corriendo a casa y decirles a sus hijos que se acostaran en el suelo por temor a una bala perdida. “Nunca había escuchado disparos tan cerca”, sostiene ella desde España, donde se han exiliado.
La historia de su marido, un abogado convencido de la defensa de los derechos humanos, que trabajó durante 11 años en el Ministerio Público hasta 2015, le había valido amenazas de todo tipo perpetradas por policías o desconocidos que le decían “todos somos de la muerte” cuando se lo encontraban, o se despedían con un funesto “en el camino te puede pasar cualquier cosa”.
Castigo a los críticos y premios a los fieles
Más desconfiados y temerosos se encontraban también en El Edén, porque tenían vecinos señalados de dar alimentos a los manifestantes opositores apostados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). A unos metros de distancia vivía igual una familia de sandinistas que era frecuentada por el juez Edgard Altamirano, ascendido a magistrado de apelaciones de Granada en mayo pasado, donde llegó a ser el presidente de esa instancia teniendo como respaldo una trayectoria marcada por la condena a los presos políticos.
Recientemente, se repitió el patrón. Después de la caída abrupta del magistrado Gerardo Rodríguez, expresidente del Tribunal de Apelaciones en Managua, quien dio trámite a un recurso por la anulación de la personería jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, fue ascendido también a magistrado en esta instancia, el juez Henry Morales y juramentaron también como presidente a Ernesto Rodríguez, ambos ostentando un pasado similar al de Altamirano.
Con los defensores de derechos humanos ocurre lo contrario: su vida corre riesgos siempre. El primer traslado de la familia de López a la casa de carretera sur se dio en los días en que participaba en la defensa del exdirector de 100% Noticias, Miguel Mora. Un día los vecinos se sorprendieron al ver patrullas estacionadas frente a la vivienda. También, alguna vez, cuando López intentó ir a dejar a uno de sus hijos a la universidad, fue abordado por policías que lo interrogaron, le agredieron físicamente y le arrebataron el celular.
En el reparto a carretera a Masaya, además de la presencia frente a su casa de vehículos de extraños, los mismos vigilantes les confiaron que los policías identificados preguntaban por López, la gente con quiénes se reunía y les pedían su colaboración, alegando que el jurista era investigado por ser “narcotraficante”. Aún conserva la fotografía del vehículo con vidrios polarizados que se apostaba frente a su vivienda.
Objetivo del régimen: los profesionales que conocen el sistema
Boanerges Fornos, otro exfiscal exiliado en Costa Rica que coordina la defensa de presos políticos en un grupo llamado Acción Penal, dice que se han exiliado al menos 15 ó 20 abogados desde el recrudecimiento de la represión del régimen.
Esos expertos viven en una situación dura, dadas las dificultades que tienen para insertarse en la vida laboral a diferencia de otras personas que saben trabajos técnicos a los cuales pueden acudir para sobrevivir. En el caso de ellos, no resulta tan sencillo y la mayoría se desempeña en labores de oficina.
Una de las características de los perseguidos, destacada por Fornos en una entrevista con CONFIDENCIAL, es que estos abogados exiliados provienen del sistema de justicia, de instituciones como la Fiscalía, la Defensoría Pública o la Procuraduría General de la República. Según él, eso revela que la persecución se extiende a quienes conocen el sistema.
El caso más sonado a nivel nacional de una ex fiscal que se encuentra bajo arresto es la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, detenida arbitrariamente el 29 de julio de 2021 y posteriormente acusada por la supuesta propagación de noticias falsas a través de “tecnologías de la información y comunicación”. Las autoridades mostraron como pruebas lo que publicaba en sus redes sociales y una entrevista concedida el pasado 22 de junio en Esta Noche, en la que analizó con el jurista Uriel Pineda las violaciones a procedimientos legales cometidos en los juicios contra los presos políticos.
El exfiscal fue defensor del líder campesino Medardo Mairena, encarcelado por segunda ocasión. Foto: Cortesía
“Cuando uno estudia derecho lo hace con la intención de aportar. En mi condición de exfiscal, trabajé diez años y logramos construir una incipiente institución”, dice Fornos que rechaza con vehemencia los ascensos obtenidos como “premios” por allegados del régimen, quienes acatan orientaciones políticas en sus funciones judiciales.
López dice que la justicia empezó a cambiar cuando se empezaron a ver decisiones centralizadas. Luego ocurrió lo de los presos políticos y él, en su calidad de defensor, terminó en el centro de las presiones dirigidas desde el Estado, aunque a más bajo perfil, a diferencia de otros abogados más conocidos.
El día de su escape, él y su familia se movieron finalmente hasta Sapoá, luego de superar el contratiempo del neumático. Militares les hicieron parada en el retén tal como les habían advertido. Le pidieron sus documentos, bajaron las maletas, y en esas estaban cuando les permitieron pasar.
Otra persona les advirtió que tuviesen cuidado con un motociclista que se miraba a lo lejos desde el retén militar. “Esos son de contrainteligencia y son malos”, les aseguraron. Desde que los dejaron pasar en el retén, les tocó cruzar por ríos usando motos y adentrarse en fincas de ambos países. La nueva sorpresa fue que en una de esas, cuando se percataron, tenían al hombre de la moto a su lado.
“Nos siguió alguien de contrainteligencia, nos tomaron fotos y videos y nos siguieron a Costa Rica. Era un tipo de jeans, chaqueta y un bolsito”, relata la esposa del abogado. López dice que no le dijeron nada porque temían que llevase un arma escondida y que finalmente lo perdieron cuando abordaron un transporte donde el tipo no alcanzaba.
Los López llegaron a ese destino tras casi veinte horas angustiantes, a las nueve de la noche. Diez días después de aquel periplo, Arlen Muñoz dice que tiene sentimientos encontrados. Después de 22 años de conocerse, debieron mal vender lo que pudieron en Nicaragua, dejar todo lo que construyeron como familia para vivir esta travesía. Cuando ella dice que “dejaron todo”, hace un intento de llorar. “No es fácil”, se comenta a sí misma, pero inmediatamente replica para sí también que su familia está junta y ¡libre!
