13 de octubre 2021
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La embajada española en Managua recordó al Gobierno de Nicaragua su obligación de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, y destacó el compromiso de España con la democracia nicaragüense.
"En este año electoral de Nicaragua, es preciso subrayar el compromiso que tiene España con la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses y que han llevado al Gobierno de España a expresar su preocupación en varias declaraciones y comunicados", señaló el encargado de negocios de la embajada española en Managua, Jaime Ramos Schlingmann, en un mensaje con motivo del Día de la Hispanidad.
El diplomático recordó "al Gobierno de Nicaragua su obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente adquiridos en materia de derechos humanos y con sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos los ciudadanos".
En las votaciones del 7 de noviembre próximo, Daniel Ortega pretende reelegirse por tercera vez de forma consecutiva y para ello, desde mayo pasado, ha encarcelado a 37 dirigentes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la jefatura del Estado, María Asunción Moreno y el exlíder de la "Contra" Luis Fley, se exiliaron por razones de seguridad.
Proponen un “diálogo” a su medida
Mientras tanto, el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, afirmó que el régimen de Ortega está abierto a un “gran diálogo nacional” después de las votaciones del 7 de noviembre. Un proceso del que dijo “van a caber todos”, pero minutos después descartó a la oposición organizada tras las protestas masivas de 2018, que formó parte del primer “diálogo nacional” impulsado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
“Después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que va a continuar gobernando en este país, después de que nosotros (el Frente Sandinista) como pueblo organizado ganemos las elecciones este 7 de noviembre, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos. Lo que no vamos a repetir son los tranques de la muerte”, advirtió el diputado.
“En ese diálogo van a caber todos los que amen a Nicaragua, no los que pidan sanciones para Nicaragua”, precisó Gutiérrez, actual presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional y uno de los legisladores sancionados por la comunidad internacional por ser considerado cómplice de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
En su intervención, durante la sesión plenaria de la Asamblea, el diputado Gutiérrez ni siquiera mencionó a los líderes opositores que el régimen —del que forma parte— ha encarcelado en el marco del proceso electoral y se limitó a decir que si el “gran capital” quiere unirse a los esfuerzos del gobierno de Ortega, después de las votaciones de noviembre, “bienvenidos sean”.
Régimen busca "legitimidad"
Paras las opositoras, Ivania Álvarez y Alexa Zamora, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el diálogo que anunció el diputado Gutiérrez es una muestra de que el régimen quiere limpiar su imagen ante la comunidad internacional, que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua.
"La comunidad internacional está, desde ya, empezando a desconocer el proceso de votaciones en Nicaragua", advierte Álvarez. Es por ello que el régimen y sus asesores intentarán "legitimarse" con un diálogo, el cual "va a ser con los partidos que participen (en la farsa electoral), algunos empresarios que se han prestado al juego y siempre van aparecer algunos acompañantes internacionales, que son del mismo círculo de los regímenes autoritarios", precisó.
Por su parte, Zamora aclaró que el anuncio de un diálogo poselectoral no genera ninguna expectativa dentro de la oposición, cuyos líderes permanecen encarcelados y en el exilio, porque se trata de "otro intento de Ortega de legitimarse mediante un proceso hecho a su medida".
Mientras tantos, los grupos opositores organizados tras las protestas masivas de 2018 aseguran que continuarán "desconociendo todos estos procesos que no representan ninguna salida a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que en Nicaragua se vive", subrayó Zamora.
El fracaso de los diálogos anteriores
Esta es la tercera vez en los últimos tres años que en Nicaragua se habla de un diálogo nacional. Sobre el primer diálogo nacional, realizado al calor de las protestas en 2018, el régimen sandinista ha lanzado toda clase de epítetos. El mismo Ortega señaló hace una semana que se trató de un hecho “vergonzoso” y acusó a los obispos de la CEN de ser “terroristas” y “cómplices del terrorismo”, como le llama a las protestas en su contra.
Ortega relató a su modo que los jerarca católicos le entregaron un documento en el “no pedían, exigían el retiro de todas las autoridades y que se instalaran los terroristas en el Gobierno al servicio de los yanquis”. Además dijo que dio por recibido el documento, dobló el papel, dio las gracias a los obispos y luego “dijimos que teníamos que recuperar la paz, porque en esos días no había paz en Nicaragua, lo que había era terror, y el país estaba paralizado”.
Así justificó el mandatario la “Operación Limpieza” que lanzó en junio y julio de 2018, desplegando un ejército de policías y paramilitares para reprimir con armas de guerra las protestas cívicas en los barrios de Managua, Carazo, Masaya, Jinotega y otros departamentos del país.
Un segundo diálogo nacional realizado en 2019 acabó con la aprobación de una hoja de ruta que el régimen de Ortega no cumplió. La mayoría de los opositores que participaron en ese diálogo actualmente se encuentran encarcelados y acusados por “conspiración” en perjuicio del Estado de Nicaragua.
