1 de octubre 2021
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Dos entidades internacionales especializadas pronostican que la economía de Nicaragua crecerá 6.0% en 2021, advirtiendo, primero, que buena parte de la razón de ese desempeño se explica en la profunda caída de 2020 pero también, que los siguientes tres a cuatro años no serán tan buenos.
Hace tres semanas, el presidente del BCN, Ovidio Reyes, informó que el PIB del primer semestre creció 9.9%, por lo que elevó la previsión de crecimiento para todo 2021, que pasó así de entre 4.0% y 6.0%, a oscilar entre 5.0% a 7.0%.
Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Económica (EIU por sus siglas en inglés), que forma parte del Grupo The Economist, publica su previsión de crecimiento, fijada en 6.0% para 2021, (después que en septiembre cifraba esa tasa de crecimiento en 4.8%), mientras que la calificadora crediticia internacional, S&P Global Rating, también lo fijaba en 6.0%.
El crecimiento se atribuye a un ambiente externo extremadamente favorable para las exportaciones, en combinación con la inyección de recursos por parte del Estado.
“Los últimos datos muestran una marcada desconexión entre las realidades políticas y económicas de Nicaragua. Esperamos que el PIB real crezca 6% en 2021, convirtiendo a Nicaragua en uno de los países de más rápido crecimiento en la región este año”, indica EIU, que también prevé que ese desempeño se reduzca a un tercio el próximo año, y siga disminuyendo hasta 2025, creciendo en promedio 1.8% entre 2022 y 2025.
Esperar a 2022, para volver al PIB de 2017
“La mejora también proviene de una base baja, debido a una recesión prolongada entre 2018 y 2020. A pesar del fuerte resultado de 2021, pronosticamos que el PIB real solo volverá a su máximo de 2017”, hasta en 2022, advierte, mientras que el PIB per cápita alcanzará su nivel de 2017 hasta 2022.
Con base en los cálculos de los expertos del EIU,, el PIB nominal de 2021 será de 13 681 millones de dólares, acercándose al de 2017, que fue de 13 786 millones, mientras que los 6004 dólares del PIB per cápita de 2017, se recuperarán hasta en algún momento de 2022, año en que cerrará en 6146 dólares.
Por su parte, S&P Global explica que la perspectiva estable, otorgada a la calificación de Nicaragua “refleja nuestra opinión de que el crecimiento económico se recuperará en 2021, pero seguirá siendo relativamente moderado en los próximos tres años dado el debilitamiento del entorno empresarial, y el estancamiento político entre el gobierno y la oposición antes de las elecciones generales de noviembre de 2021”.
Los analistas de la empresa calificadora esperan que “el crecimiento del PIB repunte al 6% en 2021 (en comparación con una contracción acumulada del 8.8% desde 2018), antes de desacelerarse en los próximos tres años hacia el 2.5% anual, por debajo del fuerte ritmo de expansión anterior a la crisis de 2018”.
Después del 6.0% previsto para 2021, S&P Global pronostica un crecimiento de 1.0% en 2022; de 2.5% en 2023, y de 3.0% para 2024.
Los riesgos de Ley Renacer
El cumplimiento de esos pronósticos depende de la combinación de una serie de variables económicas, fuertemente condicionadas por la evolución de la crisis política, y el desenlace de la crisis sanitaria –global y nacional- ocasionada por los contagios de SARS-CoV-2, y las muertes a causa de las complicaciones del covid – 19.
A nivel interno, el EIU ya había señalado que “el aumento de la inestabilidad política y el malestar social en torno a las elecciones de noviembre de 2021 pesarán sobre la confianza de los consumidores y las empresas, y aumentarán el riesgo de una corrida en el frágil sistema bancario nicaragüense”.
En el campo externo, destacan cómo la Ley Renacer, que discute el Congreso estadounidense, le dará a la administración de ese país, la opción de revisar la continuidad de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
“Aunque esperamos que se apruebe la Ley Renacer, consideramos poco probable que Estados Unidos avance con los esfuerzos para excluir a Nicaragua del DR-Cafta”, que no solo sería legalmente complicada, sino que “impondría graves dificultades económicas a los nicaragüenses comunes, y podría tener efectos negativos significativos para la región centroamericana en general”.
Dado el escenario general, pronostican que “el Gobierno podrá cubrir la mayoría de sus necesidades de financiamiento asumiendo nueva deuda. En el frente externo, la mayor parte del nuevo financiamiento… provendrá del BCIE. En el frente interno, el Gobierno continuará emitiendo bonos en los mercados financieros locales. Sin embargo, tendrá que ofrecer altas tasas de interés para atraer a los inversores, lo que elevará los costos del servicio de la deuda”.
Falta de acuerdos políticos, pasará factura
El EIU espera que el FSLN se mantendrá en el poder en el período 2021-2025, después de las elecciones del 7 de noviembre, fuertemente controladas, en las que despojó de su personería jurídica al partido opositor Ciudadanos por la Libertad en la culminación de una ola represiva contra la oposición. La dominación política del FSLN tiene sus raíces en un fuerte autoritarismo y es altamente dependiente en la represión estatal para eliminar la disensión.
Al analizar las consecuencias de una nueva reelección de Daniel Ortega, S&P Global indica que eso “probablemente implicaría la continuidad en la gobernanza y la mayoría de las políticas económicas, incluido un enfoque cauteloso de las políticas fiscales y el compromiso con la estabilidad macroeconómica”.
No descartan que “el continuo estancamiento político entre el gobierno y la oposición, podría limitar las perspectivas de crecimiento económico después de las elecciones y debilitar el acceso de Nicaragua a los préstamos oficiales de los bancos multilaterales, debido a la oposición de los Estados Unidos”.
Por ello, consideran que “la capacidad de reducir las tensiones políticas y mejorar las relaciones entre el gobierno y el sector privado, es clave para las perspectivas de crecimiento del PIB del país, y a través de su impacto en los resultados fiscales y otros resultados económicos, en la calificación” que puedan otorgar a futuro.
Destacan que, “a pesar de los choques internos y externos adversos, el gobierno de Nicaragua sigue comprometido con la consolidación fiscal y las políticas macroeconómicas sólidas”.
Finalmente, explican que “a medida que el impacto de los choques se disipa, asumimos que el gobierno emprenderá medidas para estabilizar los equilibrios fiscales. Sin embargo, dada la reducción significativa del déficit fiscal tras la reforma de pensiones e impuestos en 2019, el Gobierno puede no tener mucho margen para recaudar más ingresos, en ausencia de un crecimiento inesperadamente mejor del PIB”.
Vacunación contra covid-19 avanza muy lenta
Los esfuerzos para detener la pandemia a través de la campaña de vacunación, han logrado pocos avances, siendo que, a principios de septiembre, “solo el 7% de la población había recibido al menos una dosis de vacuna”.
“En medio de los retrasos en la adquisición y distribución de vacunas, creemos que Nicaragua no alcanzará niveles de inmunidad que cambien el juego (definidos como que el 60-70% de la población esté completamente vacunada) hasta 2023 como muy pronto. Mientras tanto, nuevas olas del virus pesarán sobre las actividades de servicios, incluso sin la imposición de medidas formales de contención, al limitar la demanda de los consumidores y aumentar el ausentismo de los empleados”, advirtió.
Los expertos del EIU prevén que el gobierno endurezca sus políticas en 2022, “a medida que las restricciones de financiamiento se vuelvan más apremiantes, particularmente dadas las nuevas amenazas de recortes de fondos. Además de reducir el gasto de capital, es probable que el gobierno se embarque en una nueva ronda de reformas de la seguridad social”, vaticinan.
“Sin embargo, es probable que la mejora en las finanzas del INSS sea de corta duración, ya que es poco probable que las reformas aborden una serie de problemas, incluidos los costos administrativos inflados del INSS y su errática política de inversión”, alertan.
