28 de septiembre 2021
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En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Nueva York, ocho Gobiernos —Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Reino Unido— firmaron una declaración conjunta en la que señalan que en Nicaragua no existen “las condiciones necesarias” para realizar unas elecciones “libres y justas”, lo que pone en tela de juicio su “legitimidad”.
Para la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la declaración es significativa, por cuanto no solo incluye a países de América, sino también de Europa, y espera que más países se sumen para “deslegitimar” las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, buscan la reelección a la presidencia sin competencia política, luego de encarcelar a 37 nuevos presos políticos, entre estos siete precandidatos presidenciales, e inhabilitar a los únicos partidos políticos de la oposición.
La exmandataria considera que estas iniciativas buscan un rechazo “más generalizado” sobre el previsible resultado de los comicios, y como consecuencia de “ese repudio”, Ortega “tenga que pagar un costo muy alto por el aislamiento en que pueda quedar”.
“A él (Ortega) no le va a resultar tan fácil hacer proyecciones para quedarse con relativa tranquilidad en el poder”, afirma Chinchilla en una entrevista con Esta Semana.
Esta semana cuatro países latinoamericanos, entre ellos Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, además de Canadá, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, han señalado que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no tienen validez ni legitimidad. ¿Qué implicaciones políticas tiene esta declaración para el continente?
Es una declaración muy significativa para el continente, pero particularmente para la situación de Nicaragua. Estamos hablando de países, no solamente de nuestro hemisferio, sino también de Europa. Países con un peso relativo importante de todos los puntos del hemisferio, del norte, del sur y también de Centroamérica. Así que hay que recibirlo de manera muy positiva. Este es el inicio de un movimiento que no tengo la menor duda va a ocurrir, que de manera amplia la comunidad internacional deslegitime la farsa electoral que está organizando Daniel (Ortega).
¿Qué viene después? Si las elecciones no son legítimas, el resultado de esa elección, que será inevitablemente otra reelección de Ortega, sin competencia política.
El objetivo debe ser que se pueda conseguir un repudio lo más generalizado posible, de lo que va a acontecer el 7 de noviembre; y que como consecuencia de ese repudio, Daniel tenga que pagar un costo muy alto por el aislamiento en que pueda quedar. Porque ya no va a ser tan fácil; si se consigue que se actúe de una forma más drástica, así como los congresistas lo anunciaron hace apenas dos días en los Estados Unidos; si se consigue que así como este grupo de países se reunió, se vaya ampliando, a él no le va a resultar tan fácil hacer proyecciones para quedarse con relativa tranquilidad en el poder. El objetivo tiene que ser el repudio generalizado de esas supuestas elecciones, y en segundo término, cerrar el cerco alrededor del Gobierno Ortega Murillo.
En las Naciones Unidas
En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 50 países se pronunciaron demandando la libertad de los presos políticos, esto que ahora es el grupo de los ocho, ¿podría sumar a países de Centroamérica, América Latina y Europa?
Así es. Ahora vale la pena recordar que pese a estos llamados insistentes, yo creo que esta sería la tercera resolución que se origina en los organismos de la ONU, si a eso sumamos los de la OEA (Organización de Estados Americanos), Asamblea Permanente y Consejo de Seguridad, serían unos ocho más. Hay que recordar que Daniel (Ortega) es completamente insensible a este tipo de llamados. De ahí la importancia de ir más allá. Es decir, que estos llamados vayan acompañados de otras acciones mucho más contundentes.
Este debate se está situando fuera de la OEA, es verdad que hubo una votación en el Consejo Permanente, pero no hay en la OEA una iniciativa para poner a debate la ruptura de la Carta Democrática por parte del Gobierno de Nicaragua, ¿hay una división en la OEA?
Es muy lamentable, pero así es. En este momento pareciera que disputas, casi que personalísimas, entre algunos representantes de Gobiernos que objetan algunas decisiones que ha tomado el secretario general (Luis Almagro) con respecto a otras situaciones, se convierten en elementos más importantes que la defensa de la democracia en un país como Nicaragua. Esto está produciendo una especie de parálisis, particularmente de los órganos colectivos de la OEA.
Sin embargo, confío que podamos obtener algunos documentos relevantes de parte de los órganos técnicos de la OEA sobre los temas de derechos humanos, el ambiente preelectoral en Nicaragua que pueda ayudar a mover la voluntad internacional, en aras de repudiar esos resultados; y tampoco cerraría del todo la posibilidad de que algo acontezca, recordemos que hubo un nombramiento reciente, que estamos esperando una señal positiva, que es el subsecretario de los Estados Unidos para el hemisferio, el señor (Brian) Nichols, y esperemos también que haya mayor consistencia de la política del presidente (Joe) Biden hacia nuestra región que ha lucido, hasta ahora, un tanto errática.
Llamó la atención que mientras el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado se pronunció en la Asamblea General sobre la crisis de Nicaragua y las violaciones de derechos humanos, cuando el presidente de Estados Unidos habló de las dictaduras se refirió a Cuba, Venezuela, a otros países y omitió mencionar a Nicaragua.
Eso a mí me dolió. Porque además me encuentro aquí en Nueva York, participando de algunas acciones paralelas a la Asamblea General y he sentido un ambiente muy solidario con Nicaragua, de manera que fue una lamentable omisión. Si a eso agregamos que en las últimas 24 horas, un representante del Comando Sur, alababa al Ejército nicaragüense. Esas inconsistencias son terribles, no deberían de presentarse y esperaríamos que el Departamento de Estado, con la presencia del nuevo subsecretario, pueda garantizar una política más consistente.
Ley Renacer
Usted participó este martes en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes para hablar de la crisis de Nicaragua, y por el otro lado, los congresistas están promoviendo lo que llaman la Ley Renacer. Esta ley tiene alcance sobre diferentes temas, pero específicamente se propone ejercer una mayor supervisión sobre los organismos multilaterales de crédito en sus relaciones con Nicaragua. ¿Qué impacto podría tener esa ley?
Es una ley que viene a dar un poco más de dientes a la política exterior de los Estados Unidos, para poder presionar los flujos a los organismos financieros que financian regímenes despóticos y que violan de manera sistemática los derechos humanos. Sin embargo, quiero recordar que ya hay un precedente, y muy cerquita de nosotros, que es el precedente de Honduras en 2008, cuando a Honduras, al aplicársele el artículo 21 y ser expulsada de la OEA, también se le suspendieron los flujos financieros. Es decir, que tampoco hay excusas para no actuar, de manera que podemos seguir presionando, si se aprueba (la Ley) Renacer, enhorabuena, pero aun así, tenemos que seguir demandando, como lo hicimos en esa sesión del Congreso, para que Estados Unidos exija a los organismos financieros el frenar esos flujos que oxigenan al régimen de Ortega.
Esa ley no cubriría dentro de su alcance, al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Hace poco el presidente ejecutivo del Banco respondió a las críticas que se hacen por el financiamiento que otorga al régimen de Ortega en Nicaragua diciendo que se guía exclusivamente por criterios técnicos en cuanto a su relación con Nicaragua.
Yo tendería a creer que sí se puede influenciar, no conozco la letra menuda, pero también creo que con los mecanismos actuales algo debería poder ocurrir. Es más que evidente que ese financiamiento, que ya es casi de tres billones de dólares proveniente del BCIE, no ha ido dirigido a ayudarle alivianar la situación del pueblo nicaragüense.
Algunas de las razones que han dado, es que es para atención de la crisis del covid-19, cuando Nicaragua ha tenido un Gobierno casi que negacionista de la presencia del virus en el país. Entonces, es más que evidente, ahí lo que no ha habido es voluntad política para detener ese financiamiento y posiblemente devolviendo los favores del nombramiento de quien quedó al frente del Banco.
La Ley Renacer también propone que el Ejecutivo haga una revisión de la participación de Nicaragua en el tratado DR-Cafta. Este es un tema que genera controversias en distintos sectores empresariales y laborales, por el impacto que podría tener en la generación de empleo en las empresas exportadoras a Estados Unidos. ¿Se debatió este punto con los congresistas en la audiencia este martes?¿Qué repercusiones podría tener la eventual suspensión de Nicaragua en el Cafta?
La conversación estuvo más dirigida a buscar mecanismos, un poco más selectivos, que permitan básicamente actuar sobre las empresas de la familia Ortega Murillo; más que sobre mecanismos que vengan a afectar el sector productivo nicaragüense, porque bien sabemos que esa no es la intención. Si algo se procura, en el marco de un manejo de una crisis como esta, es no destruir la base productiva, por lo menos, no a través de las sanciones externas. Si ya se destruye, como el caso Venezuela, por un mal manejo de estos regímenes, es otra cosa, pero no porque sea parte de una respuesta. De manera que yo no veo una acción dirigida, de momento, hacia eso.
Solidaridad internacional con Nicaragua
Esta semana siete expresidentes de Costa Rica, incluida usted se pronunciaron en conjunto proponiéndole a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, otorgarle al escritor Sergio Ramírez la ciudadanía de honor en un acto de solidaridad frente a la represión que él y muchos otros nicaragüenses enfrentan por la persecución del régimen Ortega-Murillo, ¿Qué papel específico puede jugar su país, Costa Rica, en esta crisis en el concierto de Centroamérica y cómo ve el balance en relación a los otros países?
La situación de Costa Rica siempre tiende a ser muy compleja en el manejo de las situaciones con Nicaragua. No solamente por los estrechísimos nexos, casi que cotidianamente se expresan entre ambos pueblos, sino por las repercusiones que las crisis mutuas tienen de manera directa en uno u otro país; sino porque desgraciadamente, la historia nos dice que particularmente en el caso de Daniel (Ortega), el usar la carta “antintervencionismo costarricense” puede darle algunos réditos. A veces entiendo que los Gobiernos sean un poco más cautos, de manera que no se utilice esa carta para atacar a Costa Rica y poder unificar alrededor suyo alguna gente y algún caudal. Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica ha expresado, el presidente particularmente, su preocupación por la situación de derechos humanos y no vamos a claudicar.
La carta que firmamos los expresidentes no es un acto de Gobierno, sí es un acto muy significativo y nos unimos expresidentes de todos los partidos políticos, y es importante mandar un mensaje a través de uno de los nicaragüenses más prominentes que existe hoy, de una gran proyección internacional, y nos parece que es una manera, no solo de honrar a Sergio, por lo que él representa, sino también de hacer llegar nuestra voz de preocupación en cuanto a lo acontece en Nicaragua a otros confines mucho más allá de nuestra propia región; y en ese sentido llamar la atención del mundo sobre lo que está sucediendo en Nicaragua.
Todas estas acciones de solidaridad o de condena al régimen de Ortega que apuntan a su aislamiento, gravitan en torno al sector externo. ¿De qué manera puede la presión externa incidir en los dos factores más importantes que hoy aplastan y le impiden manifestarse al pueblo de Nicaragua: el encarcelamiento de todo el liderazgo opositor y el estado policial que no le permite a un ciudadano nicaragüense reunirse, expresarse y marchar en libertad?
Es una situación extrema. Yo estuve muy metida en el caso de Venezuela, me movilicé allí en un momento que se organizaron elecciones, nos dejaban ingresar, podíamos reunirnos con la oposición, y ellos podían reunirse también alrededor de su propuesta; ni aun en una situación tan compleja como la de Venezuela encontramos un escenario tan extremo como el nicaragüense.
Quienes estamos ayudando en el frente internacional tenemos muchas limitaciones para actuar en el frente interno. Eso les corresponde a los nicaragüenses. Lo que nosotros tratamos, es de poder ayudarles a ustedes de llevarles este mensaje a la opinión pública internacional, a los medios nacionales, porque sin estos frentes activados, me temo que la población esté padeciendo de un cerco informativo. No tienen los dirigentes de oposición que puedan hablarles, tienen a una prensa que han procurado callar o expulsado del país, entonces ese cerco informativo podría ocasionar que los nicaragüenses no estén conociendo mucho lo que está pasando.
