25 de septiembre 2021
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Frente a la iglesia de un pequeño pueblo del suroriente del país, médicos y enfermeras, desde ambos lados de la calle, aplauden el paso de una camioneta blanca. El vehículo transporta el cuerpo de un doctor fallecido por la covid-19. La escena ocurrió a mediados de junio pasado.
“Era un hombre amoroso, servicial. Es injusto que la pandemia se lo haya llevado”, dice “Gladys”, una enfermera que lo conocía desde que empezó a ejercer. “Como la mayoría de los casos del personal de Salud, es muy probable que se haya contagiado trabajando”, agrega.
Por esos días, el doctor atendió a pacientes con coronavirus. Ellos sanaron, pero el médico y un enfermero se contagiaron; este último se recuperó. “Esos días hubo muchos contagios y en ese momento no se contaba con las mascarillas N95 (las recomendadas para trabajar con ‘pacientes covid’) y eso pudo ser parte de esta fatalidad”, insiste “Gladys”.
El personal del centro hospitalario donde labora considera que no están trabajando en las condiciones adecuadas. La enfermera afirma que hay una sobrecarga de trabajo: el 40% del personal está “en resguardo” porque se contagiaron de la covid-19, pero no les respetan ese descanso y “los mandan a llamar antes”.
“Lo que tenemos es personal que está trabajando casi todos los días en jornadas más extensas, en las que se intensifica la sensación de agotamiento”, comenta. Por otro lado, “el equipamiento sigue siendo insuficiente”.
El caso de este médico fallecido no es una excepción. Desde que inició la pandemia, en marzo de 2020, han fallecido 195 trabajadores de la Salud en Nicaragua. De esos 102 eran médicos y 35 enfermeras.
En lo que va de 2021, el Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta que el personal de Salud fallecido es de 83, entre ellos 50 médicos y 11 enfermeras.
“Nos falta equipo de protección”
“Héctor”, médico de un hospital público en Granada, indica que desde el 30 de agosto iniciaron una “alerta roja” en ese departamento. “Esas alertas se decretan cuando ya tenemos contagios y fallecidos que no bajan por más de 15 días”. Desde entonces, advierte, las cifras siguen en aumento.
En la última semana han fallecido 17 personas por covid-19. “Los derivan a sus casas, no les quieren hacer estudios y eso pone en peligro a gente que de verdad necesita atención hospitalaria”, apunta.
Señala que una de las jefas departamentales culpa al personal de Salud “de no salir a buscar a los pacientes”, y por eso, aún bajo la lluvia, los manda a las calles a realizar visitas casa a casa.
Según “Héctor”, cuando le dicen que el rebrote es por culpa de las actividades masivas que convoca el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la funcionaria contesta tajante: “Aquí las actividades no van a parar porque son parte de la campaña (electoral)”.
Revela que, en el hospital, sancionan a los trabajadores que no van a las casas, donde hay pacientes con covid-19. “Nos mandan sin equipos de protección. No nos dan caretas, gorros, ni batas quirúrgicas, sin mascarillas, ni nos han priorizado a todos en la vacunación”, lamenta.
“No nos pagan los días extras”
Desde hace 12 años, “Fanny”, trabaja para el Ministerio de Salud (Minsa) como enfermera en un municipio de poco más de 42 000 habitantes. Lo primero que dice, cuando acepta hablar, es “tenemos miedo” y agrega: “nos sentimos solos”.
“Nos sentimos atados, no podemos elevar nuestras voces de protesta públicamente, porque tenemos miedo a quedar sin empleo, pero también a ser perseguidos y tachados como enemigos”, destaca.
“Queremos ayudar a la población, nos hemos sacrificado, muchos compañeros han muerto, pero es el colmo que nos manden a las calles sin equipos especiales, sin mascarillas, a trabajar muchas horas extras sin pago alguno y encima humillándonos y amenazándonos”, expresa.
“No nos respetan los subsidios, nos cancelan vacaciones, a muchos los humillan. Nos obligan a trabajar turnos de 48 horas a veces y sin ninguna compensación”, denuncia.
Para “Fanny”, ha sido “indignante” que los obliguen a vacunar a ciudadanos menores de 30 años, que son integrantes de la Juventud Sandinista (JS) y a quienes, las autoridades de Salud, llaman: “Prioridades políticas”. “Hay personal de limpieza o trabajadores que visitan enfermos, que no han sido prioridad para ser vacunados y vienen los secretarios políticos del Frente Sandinista a dar sus listas”.
Recuerda el caso de un conductor de una ambulancia que da seguimiento a pacientes contagiados de la covid-19 que le pidió a una superiora la oportunidad para vacunarse y ella de manera despectiva le dijo: “Pues vaya a hacer la fila”.
“Nos prohíben dar información”
Según “Paola”, una doctora de un hospital de Carazo, ha habido muchos momentos en que al personal de Salud le entregan solo una mascarilla por semana para protegerse durante los procedimientos que realizan. Para cuidarse deben costearlo ellos mismos.
Tampoco les hacen pruebas PCR periódicas, a pesar de que mucho personal ha resultado contagiado en este año. “Se minimizan nuestros temores y las pruebas que ordenan hacer son muy pocas, apenas al 4% de los pacientes sospechosos que nos llegan”, detalla. Esto pone en riesgo al personal sanitario y a todos los pacientes que llegan a los hospitales.
Cerca del 60% del personal del hospital donde trabaja “Paola” ha enfermado de coronavirus.
“También nos tienen prohibido dar información sobre los pacientes a los familiares, quienes viven momentos de angustia. Hay muchas negligencias que se pudieron evitar, pero el personal tiene un cansancio físico, pero sobre todo emocional”, subraya.
