24 de septiembre 2021
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Quiero esta vez referirme a Marvin Vargas, que acaba de cumplir diez años injustamente preso y quien es, sin duda, el primer preso político de la dictadura. Es indispensable alertar y hacer ver cómo este precedente de la criminalización de Ortega contra sus opositores, con todas las crueldades y arbitrariedades cometidas en este caso —por cierto, poco conocidas—, constituyen una amenaza real que se cierne sobre todos los presos políticos. Sobre los ya condenados y los que están por serlo. Esta es parte de su historia Evitar que se repita es un desafío de todos y todas las nicaragüenses.
Marvin Vargas (30 de mayo de 1970), fue el presidente de la Asociación Cachorros de Sandino, como se les llamaba a los jóvenes que formaron parte del Servicio Militar Patriótico (SMP). En 2011, Marvin lideró las protestas de miles de “cachorros de Sandino” que se congregaron frente a la Asamblea demandando una partida presupuestaria para atender sus urgentes problemas sociales.
Desde que Ortega regresó a la Presidencia (2007) se empecinó en no permitir ningún movimiento social autónomo, ni organizaciones, ni partidos políticos de verdadera oposición. Así, desmontó de inmediato el movimiento de los trabajadores bananeros afectados por agrotóxicos (conocido como Nemagón) y en 2008 quitó la personería jurídica al Movimiento Renovador Sandinista. Pero fue la captura de Marvin Vargas en 2011 con la que inició el método de la criminalización de líderes para desmontar movimientos sociales y de oposición.
En enero de 2011 se iniciaron las protestas del movimiento frente al Parlamento. En esa ocasión Marvin Vargas declaró ante los medios de comunicación “… los cinco mil miembros activos de la organización y los 150 mil cachorros desmovilizados están cansados de sufrir abandono de parte de los Gobiernos” (…). “Acordate que somos hijos de la revolución y fuimos a defender la revolución en la piedra donde se rascó el tigre”.
En marzo de este mismo año, Vargas lideró la toma en protesta de la Catedral Metropolitana de Managua, en demanda de las reivindicaciones anotadas, y entonces la representación del Gobierno asumió compromisos ante 22 representantes de “los cachorros”. El incumplimiento de estos motivó nuevas acciones de reclamo.
Días después, Marvin fue capturado y su casa allanada sin orden judicial, llevándose todos los archivos físicos y digitales de la organización. Su caso fue expuesto por su madre ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Durante meses las autoridades no dieron noticias de él. En septiembre de ese año fue decretada la exhibición personal y luego fue ordenada la libertad por el juez ejecutor. El juez octavo del Distrito del Crimen Tomás Cortez también emitió orden de libertad. Esta no fue acatada.
En octubre de 2011, Marvin inició una huelga de hambre, exigiendo que se cumpliera la orden de libertad. Posteriormente, como por arte de magia apareció la acusación de la Fiscalía: se le acusó de estafa agravada, por la suma de tres mil dólares. Las supuestas víctimas eran desconocidas por Vargas.
En febrero 2012, Marvin denunció frente al juez las torturas, maltratos y amenazas de muerte a la que era sometido. Pidió quitarse la camisa, para mostrar las evidencias, pero no le fue permitido. Posteriormente fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel. En el transcurso de esta condena su madre, Juana Petrona Herrera, pilar fundamental en la gestión frente a los organismos de defensa de derechos humanos, falleció sin poder ver a su hijo.
En 2015, cumplidos una parte de la pena y los requisitos exigidos, se gestionó su libertad condicional. La juez dictó entonces orden de libertad condicional, pero tampoco fue acatada.
El 7 de noviembre de 2016, cumplidos los cinco años y seis meses de injusta detención, Marvin Vargas Herrera recibió la orden de libertad por sentencia emitida por la juez de ejecución y vigilancia penitenciaria, Roxana Zapata. Nuevamente. el Servicio Penitenciario no cumplió la orden de libertad reteniéndolo arbitrariamente en la cárcel. Su esposa denunció a partir de entonces incremento de medidas represivas.
El 30 de abril de 2017, después de casi seis meses de cumplida su condena, y siendo ilegalmente detenido, Marvin Vargas Herrera, fue remitido de forma expedita a los tribunales de justicia, donde fue acusado de tráfico interno de estupefacientes. No le permitieron su propio defensor y los testigos fueron los policías del penal. El resultado fue otra sentencia condenatoria, esta vez a doce años de cárcel.
A partir de entonces a Marvin le suspendieron la visita familiar durante dos años. Algunos intentos de construir un comité por su libertad fueron impedidos por amenazas y chantajes terribles realizados por paramilitares contra sus allegados. Durante largos periodos, incluso años, Marvin ha sido mantenido en celdas de máxima seguridad, totalmente cerradas, sin luz solar y en absoluto aislamiento.
Su caso pone en evidencia la naturaleza brutal de la dictadura. No solo constituye una detención arbitraria, sino que evidencia el uso de tortura física y psicológica. Además, pone de manifiesto el odio de Ortega contra quienes —teniendo raíces sandinistas— han denunciado al Gobierno o liderado movimientos sociales que adversan al régimen. Judicializado con cargos comunes, Marvin no tuvo derecho a una defensa adecuada, ni el debido proceso, se violentaron todas sus garantías constitucionales y, en cuatro ocasiones, el mandamiento expreso de jueces que ordenaban su libertad.
De manera similar, las personas injustamente capturadas en la oleada que comenzó en junio de este año han sufrido un régimen especial de aislamiento y torturas psicológicas, negándoseles derechos esenciales de todo prisionero. La mayor parte ya han sido acusados de terrorismo, conspiración para afectar la soberanía de la patria, o de lavado de dinero. Cargos todos, ridículos. Pero a la luz de lo narrado sobre el calvario de Marvin es claro entender que estos riesgos son una amenaza para los presos políticos, tanto más que aquí todo está subordinado a las decisiones omnímodas de la pareja presidencial.
La liberación de todas y todos los presos políticos, comenzando por Marvin, es la primera bandera y exigencia que deberá unirnos a los nicaragüenses. Para conseguir ese objetivo, se requiere primordialmente una acción contundente de las plataformas nacionales y de las mayorías oprimidas, que deberán organizarse para reconquistar sus derechos. También se necesitan acciones del empresariado, —que ha permanecido mudo—, y de la jerarquía católica, incluyendo el Vaticano —que tampoco se ha pronunciado—. A su vez, se requiere del actuar concertado de la comunidad internacional, detener los flujos de los organismos financieros que siguen brindando recursos a los aparatos represivos del régimen, así como el despertar de la izquierda conservadora que sigue guardando un silencio cómplice que favorece únicamente los intereses de la pareja dictatorial.
