23 de septiembre 2021
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La justicia del régimen orteguista remitió a juicio por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos, a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa, medio de comunicación que desde hace más de un mes permanece allanado por la Policía Nacional.
Holmann Chamorro permanece detenido, desde el pasado 14 de agosto, en el complejo carcelario Evaristo Vásquez, conocido como “nuevo Chipote” y donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Ese día, la Policía Nacional —controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo— arrestó a Holmann Chamorro, luego que este se trasladó en su propio vehículo al “nuevo Chipote”, donde supuestamente firmaría unos documentos, horas después que agentes policiales se tomaran y allanaran las instalaciones del diario.
La familia de Holmann Chamorro ha denunciado que, durante la detención, solo lo han visto en una ocasión, el pasado primero de septiembre, y que lo encontraron más delgado, pálido y preocupado por sus problemas cardíacos.
Otros tres presos políticos
Un comunicado del Ministerio Público indicó que el miércoles 22 de septiembre, se realizó una audiencia inicial y se remitió a juicio a Noel Vidaurre, aspirante a la presidencia; Roger Reyes Barrera, integrante de la UNAB y abogado defensor del también preso político Félix Maradiaga; y a José Alejandro Quintanilla Hernández, excarcelado político e integrante de la UNAB.
Los tres presos políticos son acusados por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua”.
La Fiscalía señaló que los tres acusados deberán permanecer bajo prisión preventiva, puesto que la autoridad judicial, de quien no se especifica nombre, así lo decidió.
Vidaurre es el único de los tres que cumple arresto domiciliar, aunque por la nueva orden judicial podría ser trasladado, al igual que los otros acusados, a las celdas del “nuevo Chipote”.
Abogada y líder campesino
En las últimas 48 horas, el régimen de Ortega ha agilizado las remisiones a juicio contra más presos políticos capturados desde junio pasado. El martes 21 de septiembre, según la Fiscalía, se remitió a juicio a la abogada defensora de derechos humanos, María Oviedo, y al líder campesino Pedro Mena, acusados por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional o propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Ambas acusaciones fueron aceptadas en una audiencia inicial que se efectuó a puerta cerrada, con un judicial que además no fue identificado en la misiva del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, la autoridad judicial decidió mantener para Oviedo y Mena la medida cautelar de prisión preventiva.
En el caso de Oviedo, defensora de los presos políticos, también es acusada de propagar noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, de acuerdo al artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua, según la Fiscalía.
Dictan 90 prisión preventiva a Irving Larios
El mismo martes 22 de septiembre, el Ministerio Público informó que Irving Larios, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales (AMS) y presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES), deberá permanecerá en prisión hasta 90 días para ser investigado por el supuesto delito de traición a la patria.
“La audiencia especial se llevó a cabo hoy mismo, la solicitud fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días”, indicó la Fiscalía.
El MP explicó que presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del periodo de investigación y detención judicial en contra de Larios “por estar siendo investigado por la Policía Nacional por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, “incitar a la injerencia extranjera” y “pedir intervenciones militares”.
También porque “presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua” y asimismo “ha celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Larios Sánchez fue capturado por más de una docena de oficiales de la Policía, el pasado 20 de septiembre, un mes después que la Asamblea Nacional mandó a cancelar la personería jurídica del INGES, y una semana posterior a la convocatoria de “paro electoral”, promovida por la AMS.
Según la AMS, el “paro electoral” es una protesta cívica y pacífica para demostrar que las elecciones “son una farsa”.
La captura de Larios se convirtió esta semana en el caso más reciente de la ola de arrestos contra líderes opositores y profesionales independiente, que ha llevado a prisión a 37 personas desde el 28 de mayo pasado, incluyendo a siete candidatos que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios generales programados para el 7 de noviembre.
