23 de septiembre 2021
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Estados Unidos y sus aliados todavía tienen varias ‘herramientas’ a su disposición, para tratar de encauzar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por una senda que lleve a la democratización del país, según el criterio de Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).
Este martes, el Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional del Congreso estadounidense, celebró una audiencia a la que invitó a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla; la defensora de derechos humanos, Berta Valle, y expertos internacionales, para analizar el caso de Nicaragua, y explorar nuevas líneas de acción en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Una de ellas, es aprobar la ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés, aprobada por el Senado en agosto pasado), para combatir la corrupción y los ataques a los derechos humanos, sea sancionando a los cómplices de Ortega, o suspendiendo a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (Cafta –RD), por sus siglas en inglés.
El experto precisó que Estados Unidos está trabajando de forma estrecha con socios como la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, todos ellos importantes clientes de Nicaragua, por lo que “hay más herramientas que se pueden utilizar para presionar al régimen”.
“La Ley Renacer es importante, porque daría un poco de esperanza a los nicaragüenses; les diría que el mundo está viendo lo que sucede en Nicaragua, y que reacciona utilizando las herramientas que tiene disponibles”. Una de ellas, la posibilidad de endurecer la NICA Act, para que impida no solo los préstamos de los organismos multilaterales, sino también las inversiones.
Si bien la Ley Renacer es la de mayor envergadura —porque golpearía al conjunto de la economía— y puede estar lista en dos semanas si hay voluntad, el establishment político estadounidense puede aplicar sanciones selectivas, tal como ya ha venido haciéndolo con más de una treintena de funcionarios adeptos al régimen, o miembros directos de la familia gobernante, quienes se han visto apartados del sistema financiero global, o perdido sus visas para viajar a Estados Unidos, o ambas.
A pesar del liderazgo del Senado y la Cámara de Representantes, el investigador reconoce que hará falta que la Administración Biden asuma un rol más activo, en especial cuando, en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el mandatario estadounidense cuestionó a la dictadura cubana y venezolana, pero omitió mencionar a la nicaragüense.
“Veo poco interés de la Administración, que ha bloqueado visas de entrada a varias personas, pero hay mucha más actividad con respecto al Triángulo Norte, que con Nicaragua”, atribuyendo esa falta de interés, a que “el enfoque sigue siendo la migración desde el Triángulo Norte, pero debemos reconocer que la migración desde Nicaragua también está aumentando”, lo que podría llevar a que “que la administración le preste más atención a Nicaragua”.
“Hay varias herramientas que todavía tenemos. Es solo cuestión de atención y voluntad”, sentenció.
Berg descartó que este sea un buen momento para negociar. “No con un régimen como este… es tiempo para presionarlo. Veremos si hay un tiempo más apropiado para conversaciones, pero no es ahora. Hay que exigir nuevas elecciones, un cambio de comportamiento, liberar a los presos políticos, etc.”.
La suspensión del Cafta
“La suspensión del Cafta tiene una sola audiencia: el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). El grupo de empresarios más importantes del país y de la economía nicaragüense, está jugando a los dos lados: un poco con Ortega, un poco con la oposición”, aseguró Berg al ser entrevistado en el programa Esta Noche, que solo se transmite en línea por causa de la censura televisiva del régimen.
El investigador aseguró que son los empresarios –no los ciudadanos- quienes van a sentirse afectados si el país pierde acceso al mercado estadounidense, porque “Nicaragua vende como el 60% a 65% de sus productos de exportación a Estados Unidos”, país que compró 1402 millones de dólares en mercancías nicas, sin incluir zonas francas.
“Nicaragua es el país menos diversificado en tema de comercio exterior en América Central, y con respecto a la mayoría de la gente en Nicaragua, yo no creo que van a sentir mucho si hay una suspensión del DR Cafta, porque la economía en Nicaragua no estaba funcionando bien para la mayoría de la gente antes de la crisis en 2018”, argumentó el investigador.
“Como mencionaron varios congresistas, Nicaragua es el segundo país más pobre de la región, así que no hay una economía que esté funcionando para la mayoría de su gente ahorita… yo veo esto, [la Ley Renacer] como una herramienta con una sola audiencia. Una sola: el Cosep”, insistió.
El Ejército de Nicaragua
También se exploró la posibilidad de sancionar a quien mantiene a Ortega en el poder, esto es, al Ejército Nacional, por ejemplo, quitándole todo apoyo por parte del Comando Sur de Estados Unidos, aunque es posible que ese país no esté interesado en aplicar esa medida.
“Ortega siempre ha mantenido su cooperación con el Comando Sur, en la lucha antidrogas, porque piensa que esta cooperación le compra un poco de espacio en términos del retroceso democrático del país. Estados Unidos presta mucha atención a la lucha antidrogas, así que, desde el punto de vista de Ortega, es muy importante mantener esta cooperación con el Comando Sur”, para hacer retroceder la democracia de forma impune, explicó el experto.
Otras opciones que pueden derivar de la audiencia en el Subcomité, más allá de la Ley Renacer, y la suspensión del Cafta; es la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, y quizás hasta una resolución del máximo órgano continental, declarando la ilegitimidad de las elecciones en Nicaragua. Otras opciones son el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); o reforzar la NICA Act, para frenar las inversiones en Nicaragua.
