Guillermo Rothschuh Villanueva
23 de septiembre 2021
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Nunca es tarde para exigir lo que por derecho corresponde, los emporios tecnológicos no pueden seguir haciéndose los desentendidos, aprovechándose de los contenidos generados por las empresas periodísticas. Desde hace más de diez años las demandas por estas irregularidades vienen creciendo. No existe razón para que ofrezcan información ajena a su propiedad. Su sordera había sido rotunda. Debido a la insistencia y litigios planteados en su contra, es que algunos mastodontes digitales se han visto comprometidos a pagar por el uso que hacen —sin su venia— de estas noticias. El trajinar ha sido duro y constante. Continúan diciendo que al difundir información tomada de las empresas periodísticas les están haciendo un gran favor. Argumento tonto, por ridículo.
Su empecinamiento y cerrazón fueron los motivos que indujeron al magnate Rupert Murdoch, exigir a Google y Facebook, una contraprestación. Al final ganó. Antes Murdoch había logrado el pago de Apple y Facebook, autorizándoles a comercializar Apple News y Facebook News. De lo contrario los consorcios digitales jamás hubiesen pagado un céntimo. El revés recibido tuvo efectos positivos. Google se mostró anuente a firmar acuerdos similares con los principales editores del Reino Unido, Alemania, Brasil y Argentina. Hoy ha surgido una nueva iniciativa para lograr una retribución “justa y razonable”, emprendida por 18 asociaciones internacionales y nacionales, en su conjunto agrupan y representan a 40 mil medios de comunicación. Una cifra insólita.
El diferendo planteado por los medios de Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina, señala que se cansaron de esperar una reacción efectiva y un entendimiento satisfactorio con las empresas digitales. A principios de año, la asociación de editores News Media Aliance, organización que agrupa a 2 mil diarios de Estados Unidos y Canadá, se mostró decidida a presentar un proyecto de ley ante el Congreso estadounidense, para negociar colectivamente con Google y Facebook. El hecho que ahora sean 40 mil medios de comunicación los que demanden un trato acorde con sus aportes, refuerza esta solicitud y coloca contra la pared a quienes lucran de sus operaciones periodísticas.
Aires favorables corren por el mundo, Australia dio la pauta y se convirtió en el primer país en requerir por ley el pago por la difusión de contenidos. Ante la negativa y falta de resultados, los legisladores australianos decidieron que las empresas digitales no podían arbitrar a su antojo. En Estados Unidos, congresistas y senadores, se muestran proclives a meter en cintura, a quienes comandan estas empresas. Comprendieron que no se trata únicamente de pesos y centavos. El creciente poderío de las tecnológicas coloca en una posición desventajosa no solo a la clase política, también afecta a los distintos poderes del Estado. Para muestra un botón. Por sí y ante sí, decidieron purgar de las redes al exmandatario Donald Trump, mostrando un poder de horca y cuchillo.
La decisión adoptada por los dueños de las redes tocó un tema extremadamente sensible: la salud y existencia de la libertad de expresión, quedó mal herida. Desde la otra orilla, académicos preocupados por la determinación de los consorcios digitales, fueron claros. El profesor de Filosofía y Ética de la Información y Director de Digital Ethics Lab de la Universidad de Oxford, Luciano Floridi, puso al desnudo su insolencia. “… la soberanía de este espacio no puede depender de empresas privadas, de estrategias de negocio, de autorregulaciones, y las fuerzas del mercado”. Su conclusión era inevitable: hay que regular su utilización con “procedimientos públicos y transparentes, democráticos, iguales para todos y justificados legalmente por todos los derechos humanos, para evitar arbitrariedades, abusos y discriminaciones”.
La declaración “Medios de toda América llamamos a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital”, va más allá del pago que les corresponde por el abuso de difundir informaciones tomadas de sus medios. No deja de ser trágico y hasta inmoral, que quienes absorben el 80% de los ingresos que financiaban las operaciones periodísticas, se muestren renuentes a pagar el drenaje sistemático que hacen de sus noticias. Siguen haciéndose los desentendidos. El derecho de propiedad intelectual es impunemente violado. Su petición de “frenar prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital”, no solo debe ser oída, sino también respetada y garantizada legalmente. Se enriquecen con sus noticias, sin pagar absolutamente nada. Un comportamiento penoso.
Usuario abre la aplicación de Facebook en teléfono móvil. Foto: EFE
La importancia del periodismo en la era digital, se ha visto acrecentada, los dislates de las tecnológicas se cuentan por millones. Los fake news solo pueden desnudados por periodistas e instituciones especializadas en el manejo de información, razón de ser de los medios informativos. La tardanza deliberada de Facebook y Google, dio pie a que los gobiernos europeos decidieran imponerles multas millonarias y aun así persisten en su actitud. Desde 2016 los forcejeos para enderezar su conducta han resultado infructuosos. Zuckerberg, lució desmemoriado ante el Congreso de Estados Unidos. Una actitud deliberada. Desean seguir operando por la libre y ya sabemos que un poder sin control se convierte en un poder descontrolado, como viene ocurriendo hasta ahora.
En la declaración del 21 de septiembre (2021), los dirigentes de medios de toda América, tocan aspectos torales. Además del pago de contenidos por prácticas anticompetitivas de las empresas digitales, solicitan poner “especial atención al tema de los algoritmos, cuya opacidad y discrecionalidad afectan la producción y distribución de contenidos”. Las gigantes tecnológicas jamás van atender este llamado. Investigadores y académicos han demostrado hasta la saciedad, que los algoritmos operan a favor de sus intereses comerciales. La manera cómo funcionan los algoritmos en YouTube, provocó un escándalo mundial: favorecen la violencia y afectan la salud mental de los adolescentes. Debemos estar claros, la autorregulación no está funcionando. Sería ideal, no es así.
Dirigentes y periodistas tienen que realizar campañas encaminadas a que lectores, oyentes y televidentes, tomen conciencia que lo publicado a través de las plataformas digitales, es retomado de los medios de comunicación. Una actividad reprochable, ilegal y temeraria. Se necesita una condena explícita de lectores y audiencias, para acabar con la utilización indebida de la información. La presión debe provenir también del ámbito académico, de las escuelas y carreras de periodismo y comunicación social. El tránsito hacia lo digital, no puede servir de excusa a los dueños de las redes, para aprovecharse de lo que a las instituciones periodísticas cuesta dinero, esfuerzo y riesgo. El acompañamiento será posible si insisten en mostrar que están siendo desangradas.
Las maneras de hacer periodismo están cambiando, no su desaparición, como dicen los agoreros del desencanto, proclives al “endismo” o finalización de los tiempos. Los cambios en el concepto de noticia han sido perfectamente entendidos por todos los involucrados en la tarea de informar. Las redes despejaron el camino a la clase política, ansiosa como estaba, de no rendir cuentas a nadie de su proceder, con todas las implicaciones negativas que esto tiene. La utilización de las redes era el paso inevitable que tendría que darse para la supervivencia del periodismo. Cuando se creó la imprenta hubo que hacer ajustes en la búsqueda y difusión de la información, igual tuvo que hacerse con la aparición del telégrafo y el teléfono. Hoy no puede haber equívocos ni falsas lecturas.
Para que las exigencias y demandas de 40 mil medios de comunicación, tengan final feliz, tendrán que dar el siguiente paso. Mientras no se imponga por ley el pago a que tienen derecho, difícilmente lograrán sus objetivos. Si en los países de origen de las grandes tecnológicas, ha resultado casi infructuoso que se atengan al fair play, es poco probable que lo hagan en países como los nuestros, cuyo Producto Interno Bruto, resulta ridículo ante las enormes masas de capital que las constituyen. No es una cuestión de solo buena voluntad, ni de valorar las iniciativas emprendidas por Google y Facebook. Los pagos que hacen obedecen a que les han sido arrancados. No ha sido una concesión gratuita. Desde ya deben ir preparándose para la larga batalla que se avecina.
La existencia del periodismo se ve ha vuelto más necesaria e imperativa que nunca, asume temas que desafían a nuestras sociedades (narcoactividad, crimen organizado, trata de personas, drogas, etc.). Una de las mayores exigencias en la era digital, es el periodismo investigativo. Ante la opacidad de los gobernantes, sacan a luz todo aquello que quieren mantener lejos de la mirada ciudadana. En sociedades donde la rendición de cuentas de las autoridades no existe, el periodismo se empecina en fiscalizar la gestión pública. Los ensayos de las tecnológicas por satisfacer las demandas de los lectores, han fracasado. El talante ético ha pasado a ser piedra angular, garantiza la existencia del periodismo. No así en las redes, donde el enmascaramiento es norma.
Como señala Floridi, “el valor de la infoesfera no reside en su infraestructura física o informática, que suele ser de propiedad privada, sino en los contenidos provistos y compartidos con la comunidad de usuarios a la que pertenecen”. No hay que confundir los contenidos con los artefactos que los vehiculizan. Esto implica preguntarnos, ¿Cómo regular las redes sin menoscabar la libertad de expresión? Ninguna institución puede colocarse por arriba de la sociedad y nadie puede estar por encima de la ley. El uso indiscriminado de contenidos por parte de las tecnológicas, lleva a preguntarnos, ¿qué o quién les autoriza hacerlo? ¿Acaso no violan el derecho de propiedad intelectual garantizado por la legislación internacional? Ojalá estas organizaciones no acepten las migajas que quieran darles. Sería un fracaso.
