18 de septiembre 2021
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Las crisis se resuelven, o se agravan, y en Nicaragua, nos han impuesto vivir en una sin fecha de caducidad, con un menú recetado desde el reparto El Carmen: más pobreza, cárcel, exilio y muerte.
Cuando pensamos que estábamos muy mal con la recesión económica y la suspensión de las libertades democráticas, llegó la emergencia sanitaria global. Desde entonces, el país tiene que lidiar con una dictadura y una pandemia, y para rematar, con una dictadura aliada de la pandemia.
En marzo de 2020, Daniel Ortega y Rosario Murillo se vieron frente al dilema que plantea mantener el poder absoluto a costa de la salud y la vida de los ciudadanos. En esa fecha, el mundo empezaba a vivir los momentos más graves de la emergencia sanitaria, y ningún Gobierno en el mundo, podía ni podría hacer frente a la pandemia de la covid-19.
Por esa razón, asumir con responsabilidad la lucha por la prevención del contagio y la asistencia humanitaria, significaba para Ortega restablecer lo que por la vía de hechos arrebató al país desde abril de 2018: las libertades públicas.
Libertad de reunión, de movilización, de prensa, y la articulación de la sociedad civil para trabajar en acciones coordinadas entre Gobierno; Estado; empresa privada; Iglesia, católica y evangélica, en una cruzada de promoción por la vida. Eso representaba para Ortega actuar como estadista; y no lo es.
Los espacios de libertad no son tolerables en un régimen que radicaliza su control, aun si la vida de la población corre peligro. Es cuando Ortega y Murillo deciden sellar esta alianza circunstancial con la pandemia, que trae por defecto una condición: negar la realidad para prolongar su agonía política. Propiciar el contagio y no reconocerlo.
Desde entonces, ya no necesitarían admitir la ineficiencia del sistema de Salud, garantizarían la continuidad del estado de sitio policial, la reclusión de los presos de conciencia, y la persecución política contra opositores, médicos, periodistas y sacerdotes que alertan sobre la pandemia, y que denuncian las violaciones a los derechos humanos.
Derivado de esa decisión política de desprecio a la vida, se explica que los nicaragüenses no tienen derecho a saber cuál es su verdadero diagnóstico de salud, las pruebas covid-19 fueron centralizadas, y las causas de muerte de los pacientes las ocultan o las justifican con los efectos de la enfermedad: diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Como si la gente no muriera por los daños provocados por el contagio del virus.
Desde el inicio de la pandemia el 18 de marzo de 2020, los funcionarios políticos del FSLN en el Ministerio de Salud admiten únicamente 202 fallecidos hasta el 14 de septiembre de 2021, y reportan la muerte semanal de un ciudadano desde octubre de 2020. Mientras que el independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 confirmó 329 fallecimientos en el mismo período; y en el norte del país, fuentes médicas de dos hospitales, en Estelí y Jinotega, confirmaron a CONFIDENCIAL, la muerte de 315 pacientes entre agosto y septiembre 2021.
Pero la mentira oficial ya no es discutible, nadie les cree, ni los propios simpatizantes del orteguismo, que han visto fallecer a sus dirigentes, a sus vecinos, a sus familiares.
Esto no es negligencia oficial, sino una política deliberada de promoción del contagio y por ende, de la muerte, que se convierte en un crimen contra la población.
Así que, sálvese quien pueda, y quien quiera. Aunque Ortega y Murillo promuevan actividades de aglomeración masiva usted tiene el poder de no participar. Aunque el personal médico ha dado todo en su vocación de servicio a la vida; no están en capacidad de resistir el aumento acelerado de la tragedia en los hospitales. No le demos la espalda a la realidad y respetemos la vida de quienes evitan contagiarse.
