18 de septiembre 2021
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El crecimiento exponencial de la covid-19 en los últimos meses ha sido la “justificación” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para continuar —entre otras cosas— con las violaciones a los derechos humanos, obtener ventaja en el proceso electoral y pedir financiamiento de organismos internacionales. Mientras, intenta convencer a la población que solo muere una persona por semana debido a esa enfermedad, y convocan a actividades de aglomeración masivas que los exponen al contagio.
Esta dualidad discursiva del régimen fue expuesta por un grupo de familiares de presos políticos, quienes denunciaron que en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como “nuevo Chipote”, continúan negando el derecho a la visita. “La excusa en muchos casos es la prevalencia del covid-19”, dice un mensaje publicado el pasado 14 de septiembre. “Como familiares entendemos la gravedad de esta pandemia; sin embargo, sabemos que existen protocolos de bioseguridad que se pueden implementar para garantizar visitas manteniendo la seguridad que el contexto amerita”, continúan.
Un familiar de presos políticos, quien solicitó el anonimato por seguridad, explicó que después de las audiencias realizadas hace dos semanas en el “nuevo Chipote”, los oficiales que antes “solo nos decían que no sabían nada” ahora argumentan que “están trabajando en un calendario por la covid-19”. Situación que valoró como una “excusa”, ya que “nosotros (los familiares) siempre andamos con mascarillas” y en cambio “algunos policías usan mascarillas y otros no”.
A los presos políticos que permanecen en el “Nuevo Chipote”, encerrados en el marco del proceso electoral, el régimen solo les ha permitido una visita familiar y las audiencias judiciales en su contra se han realizado en la cárcel. Durante la única visita sus parientes constataron que han perdido peso y que son víctimas de torturas psicológicas.
Juzgados extreman las medidas
En los juzgados también “están instrumentalizando el tema de la pandemia para retardar procesos y para no dar acceso a donde tienen los archivos”, señala el familiar. “Se pueden establecer protocolos de bioseguridad para disminuir los riesgos, pero eso no necesariamente implica negar un derecho”, agrega.
Por su parte, una abogada penalista explicó —bajo condición de anonimato— que los familiares de los reos “ya no pueden entrar a las audiencias” como se hacía antes y el acceso al complejo judicial “también es regulado”, pero estimó que eso es parte de las medidas de prevención que se vienen aplicando en ese lugar mediados de 2020.
“Legalmente ellos (los jueces) no están exigidos a dejar entrar al familiar a un proceso legal, se puede porque la ley dice que el proceso es público, pero esa publicidad es limitada, toda la vida ha sido limitada y ahora es mucho más por lo del covid-19”, subrayó la abogada.
CSE también argumentó “preocupación”
Un mes antes, el Consejo Supremo Electoral (CSE) —controlado por el régimen— redujo la campaña electoral a 41 días, un periodo inferior a los 75 establecidos en el artículo 86 de la Ley Electoral, argumentando que “ha sido manifiesta la preocupación” de los partidos políticos sobre el “daño a la salud producida por la pandemia del covid-19”.
Aunque el inicio de la campaña electoral está previsto para el 25 de septiembre debido a la covid-19, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ya colocó sus siglas en la cumbre del cerro Motastepe, en Managua; los buses del transporte colectivo están marcados con la propaganda “Daniel 2021”, y hasta la vacuna contra el coronavirus es promovida como promesa de campaña.
La “preocupación” de la Policía Nacional y el Poder Electoral por la covid-19, contrasta con la política del régimen que, desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, ha promovido las aglomeraciones masivas y desobedecido las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el confinamiento.
En la última semana el Ministerio de Salud (Minsa) registró 675 nuevos contagios, lo que significa que a diario 96 nicaragüenses dan positivo al SARS-CoV-2. Las autoridades continúan reconociendo una muerte por semana desde octubre de 2020, pese a que fuentes médicas reportan un aumento considerable de la mortalidad durante el actual brote de covid-19.
Obtuvieron préstamos y donaciones
El sociólogo nicaragüense, Cirilo Otero, valora que la administración pública “utiliza” el tema de la pandemia “cuando le conviene” para sus fines políticos, y “cuando no le conviene” promueve el contagio de la enfermedad. Ejemplo de ello, señala, son las fiestas patronales organizadas por el régimen para “hacer el jolgorio” y “aparentar que todo está normal en el país”, pero al momento de solicitar recursos ante organismos internacionales ahí sí “conviene decir que esto (la covid-19) está difícil”.
Debido a esa supuesta preocupación por la covid-19, el régimen de Ortega y Murillo obtuvo préstamos y donaciones de diversas naciones y organismos multilaterales que le permitieron incrementar el presupuesto para la lucha contra la pandemia de 702.4 millones de córdobas hasta los 4896.2 millones, pero de esa suma, solo se han ejecutado 481.1 millones (9.8% del total acumulado), según el Informe de Ejecución Presupuestaria del periodo enero – junio de 2021, elaborado y publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El tema de la pandemia siempre está presente “para tener acceso a recursos, así como sucedió con el BCIE y el Banco Mundial”, valora Otero. Entonces, “utilizan este asunto de acuerdo a sus intereses”, agrega.
