17 de septiembre 2021
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La estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para imponer a sus candidatos para encabezar la Secretaría General de Integración Centroamericana (SICA) por medio una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) se empantanará en la falta de consenso de los Gobiernos centroamericanos con la propuesta hecha desde el orteguismo.
El canciller Denis Moncada Colindres envió una solicitud para emitir una “opinión consultiva con carácter obligatorio” con el objetivo de acelerar el proceso de “forma urgente” para nombrar al funcionario que estará al frente del órgano regional.
El portal informativo Expediente Público tuvo acceso a la resolución de la CCJ, aprobada por los magistrados Carlos Antonio Guerra Gallardo y Silvia Rosales Bolaños de Nicaragua; César Ernesto Salazar Grande, de El Salvador; Vera Sofía Rubí y Carlos Humberto Midence Banegas, de Honduras y el voto en contra del magistrado salvadoreño Edgar Hernán Varela Alas
“No es necesario de otro mandato u otra aprobación de agenda por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (artículo 17 del Protocolo de Tegucigalpa), sino más bien que de manera urgente la presidencia pro tempore de Guatemala, convoque una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, para que la reunión de presidentes del SICA, nombre al secretario general y de esta manera asegurar la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la Reunión de presidentes”, establece la resolución.
Sin embargo, analistas consultados por CONFIDENCIAL señalan que la resolución se enfrenta a la imposibilidad política de lograr que los jefes de Estado de la región acepten sentarse a discutir el “capricho” del orteguismo para imponer a su terna de funcionarios como dirigentes del SICA. Además de otro escollo: aunque se diese la reunión, es prácticamente nula la posibilidad de que se logre un consenso de aceptación de los candidatos del régimen.
El analista político Eliseo Núñez Morales explicó que la CCJ tiene jurisdicción sobre temas referidos a conflictos sobre el sistema de integración centroamericano. Sin embargo, no ve posibilidad de que haya un consenso con los candidatos de Ortega.
“Desde el punto de vista procedimental y jurídico es un mecanismo correcto el que está usando Ortega. Lo que pasa es que una vez que consiga la convocatoria de presidentes, tiene que buscar de nuevo el consenso y el consenso se rompe con solo uno. La solución real no es la reunión, que busca Ortega (sino) que no haya un veto en la elección del secretario general”, dijo Núñez Morales.
El conflicto en el nombramiento del nuevo secretario general del SICA comenzó con la intención de Ortega de imponer como dirigente del organismo regional a una terna de personajes afines al régimen.
Estos son el exguerrillero sandinista y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Orlando Tardencilla; a la actual titular del Ministerio de Gobernación (Migob), María Amelia Coronel Kinloch; y a la arquitecta Luz Marina López Escobar, coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Esta terna fue rechazada tajantemente por los Gobiernos de la región alegando Nicaragua ha propuesto a “personas sin muchos conocimientos” en el servicio exterior, y “muy allegadas al régimen”, de acuerdo a reportes previos de CONFIDENCIAL.
Una decisión política
El experto en temas internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora, también coincidió en que la falta de consenso bloqueará las intenciones de Ortega, aduciendo que aunque la CCJ haga su planteamiento con base en sus interpretaciones jurídicas, el tema de la elección del secretario general del SICA es absolutamente un asunto político.
“La Corte puede pedir por medio de Guatemala, en su rol de presidencia pro tempore, pero no hay forma de obligar a los presidentes a asistir al encuentro y no hay forma de obligar a los presidentes que escojan a alguien de la terna (propuesta por el orteguismo). La escogencia del secretario general es una decisión completamente política del órgano político de máximo nivel en el sistema de integración de la región”, explicó Murillo Zamora.
Candidatos no son confiables
El analista insistió en que el tema radica en el hecho de que los candidatos propuestos desde Managua, son personajes que no garantizan una ecuánime e imparcial gestión de un organismo como el SICA.
“Vamos a suponer que los Estados que aceptan la jurisdicción de la Corte, lo primero es una reunión de cancilleres de la región para discutir sobre la terna propuesta. Nada obliga a los cancilleres que tengan que escoger entre los tres ya propuestos. Pueden decir que ninguna cumple con los requerimientos o criterios necesarios para ocupar la secretaría general”, puntualizó Murillo Zamora.
Costa Rica no acepta la jurisdicción de la CCJ y también mantiene una postura bastante distante de lo que ocurre en el SICA. Nicaragua tiene la posibilidad de presentar otra terna; sin embargo, el régimen orteguista insiste en que se elija a uno de sus candidatos.
“Digamos que, en un escenario totalmente hipotético, porque varios Gobiernos ya han dicho que no están de acuerdo con la propuesta, los cancilleres escogieran a uno (de la terna) como idóneo y se llegará a la reunión de presidentes. Y ahí no se logra el consenso, porque hay gobernantes que no aceptan la propuesta de Managua, porque no aceptan a nadie que sea afín al régimen de Ortega y Murillo”, subrayó el analista costarricense.
“Aquí se tiene que entender que no hay objeción a que sea nicaragüense, sino a que sea alguien afín al régimen de Ortega. Lo que pasa es que a este régimen no le preocupan ni los aspectos políticos ni jurídicos, solo actúan en base a lo que digan Ortega y Murillo”, finalizó Murillo Zamora.
