16 de septiembre 2021
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Cincuenta países demandaron este martes 14 de septiembre la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua, en una declaración conjunta en el marco de la sesión 48 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El presidente Daniel Ortega, en su discurso este 15 de septiembre, calló sobre este y otros hechos en la larga lista de violaciones de derechos humanos cometidas por su Gobierno.
Aunque el pronunciamiento fue realizado por el representante de Ecuador, lo suscriben Estados Unidos, Francia, Alemania, Noruega, Finlandia, España, Suiza, Perú, Colombia, Brasil y otros que sostienen que han recibido informes de detenciones arbitrarias e intimidación general contra opositores, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Los hechos ocurridos en los últimos meses ponen en duda la legitimidad y harían muy difícil evaluar las próximas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua como libres, justas y transparentes”, advierten en el documento divulgado en la cuenta de Twitter de la misión de Estados Unidos en Ginebra.
We joined 50 countries today to urge the Nicaraguan government to immediately release all political prisoners, express concern over laws that undermine democracy, and convey our doubts about the possibility of free and fair elections in November. https://t.co/YnCrDzfMoZ
— U.S. Mission Geneva (@usmissiongeneva) September 14, 2021
La declaración ocurre un día después que la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, brindó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual documentó la detención arbitraria de 36 líderes opositores, incluyendo a siete aspirantes presidenciales, entre el 28 de mayo y seis de septiembre pasado, los que permanecieron incomunicados hasta que el 31 de agosto se comenzaron a autorizar visitas.
"La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento”, lamentó Bachelet.
En plena sintonía con la demanda de respeto de los derechos universales, los 50 países agradecieron su informe a Bachelet y se mostraron preocupados, porque sigue aumentando el número de detenidos, a pesar de los llamados de la comunidad internacional a que cesen las violaciones de derechos humanos.
“Una vez más, instamos al Gobierno de Nicaragua a que libere de inmediato a todos los detenidos políticos, se abstenga de tomar represalias y todo acto de intimidación”, afirman.
Otro aspecto que les preocupa es el de las leyes represivas, promulgadas el año pasado por la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Ortega, las cuales socavan la participación política, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación pacífica, la separación de poderes y el sistema democrático en su conjunto.
Los firmantes también instaron al Gobierno de Nicaragua a reanudar el diálogo con la comunidad internacional, restablecer la democracia, y pidieron que rindan cuentas los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018.
Según informes internacionales, durante las protestas masivas de opositores que demandaron la renuncia del presidente Daniel Ortega, la represión dejó 328 asesinatos, 2000 personas resultaron heridas. Además, más de 100 000 nicaragüenses se fueron al exilio para resguardar su seguridad y debido a la crisis sociopolítica y económica que persiste desde entonces.
Ortega desoye a la comunidad internacional
Sin embargo, Ortega insiste en que fue objeto de un intento de golpe de Estado, mientras defiende los procesos judiciales contra opositores a los que se refiere la nota de los 50 países, argumentando que los acusados fueron instrumentos del “imperialismo” para derrocar su Gobierno.
Hasta ahora el Gobierno de Ortega no ha reaccionado a la declaración de los 50 países, pero en este momento político—a dos meses de las votaciones presidenciales—sostiene que es objeto de intervencionismo de las grandes potencias y ha esgrimido el principio de la autodeterminación de los pueblos, mientras se acerca a Rusia y evita retomar la senda del respeto a los derechos humanos.
En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos el 14 de septiembre, cuando Bachelet dio su informe, el representante de Nicaragua dijo que se describían como descendientes de una historia de lucha por la soberanía e independencia y leyó la misma posición expresada por el país el 22 de junio de 2021. “Tenemos derecho a vivir tranquilos. Tenemos derecho al respeto. Tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo, entre siglos de agresión, intromisión e intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y de las potencias europeas cómplices”, repitió.
Ortega calla sobre abusos de derechos humanos
Durante el acto oficial del Bicentenario de la Independencia de Nicaragua este miércoles 15 de septiembre, el presidente Ortega guardó silencio sobre los presos políticos, la represión, el proceso electoral sin competencia política y la manipulación de las instituciones a su conveniencia, y tampoco hizo alusión al pronunciamiento de los 50 países.
En su discurso, Ortega dividió a los nicaragüenses, a lo largo de su historia, entre patriotas como el cacique Diriangén, y vendepatrias e invasores, con lo cual reclamó respeto a las naciones del mundo ante las decisiones de su Gobierno, al mismo tiempo que extendió su mano para pedirles ayuda.
“Queremos buenas relaciones con todos los países del mundo, lo único que pedimos es que nos respeten. Nosotros no nos andamos metiendo con aspectos particulares, decisiones que toma cada país; que sigan contribuyendo, porque esto es una forma de combatir la pobreza, desarrollar a un pueblo, a un país”, sostuvo en su alocución que duró una hora y seis minutos.
Destacó que, a pesar de las discrepancias que tienen en el mundo, los organismos financieros multilaterales han reconocido lo que él llama el uso eficiente de los recursos en la construcción de escuelas y hospitales, y nuevamente defendió su política sobre el manejo de la pandemia, priorizando la economía.
Sin embargo, desde el primer caso reportado de covid-19 en el país desde 2020, la política de Ortega ha estado marcada por el secretismo, el ocultamiento de los casos y la convocatoria a aglomeraciones masivas a pesar de las recomendaciones médicas de distanciamiento social.
“La pandemia no puede frenar el espíritu de lucha de un pueblo, cumpliendo con normas, haciendo esfuerzo para lograr que nos den vacunas”, intentó matizar.
Durante el evento realizado en la Plaza de la Revolución, el caudillo estuvo acompañado por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, la titular del Poder Electoral Brenda Rocha, la jefatura de la Policía y la comandancia del Ejército.
En su propia interpretación de la historia de Nicaragua, Ortega reivindicó la tesis de la soberanía, la que esgrime ante cualquier demanda de la comunidad internacional de que cese las violaciones de derechos humanos, documentadas por organismos internacionales, y que no acepta.
Concluido el acto, la vicepresidenta Murillo respaldó el discurso presidencial y habló de caminos de unidad para construir futuro, destacó la historia de los países centroamericanos en su lucha por la independencia y afirmó, además, en tono histriónico, que “cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios”, para decir que esos son los pasos que siguen como Gobierno.
