15 de septiembre 2021
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Un informe sobre la libertad de prensa en Nicaragua ha documentado 80 violaciones a la libertad de expresión tan solo en agosto pasado, en un ataque persistente a la prensa independiente que incluye el asalto policial al diario La Prensa, hostigamiento judicial y persecución a periodistas a manos del régimen de Daniel Ortega, en lo que constituye “el peor contexto en la historia para el ejercicio del periodismo”.
Según el documento, elaborado por el diario La Prensa y circulado recientemente, en ese mes se realizó el asalto a las instalaciones de ese diario, el decano del periodismo nacional con sus 95 años de historia, cuyos directivos son investigados por los supuestos delitos de lavado de dinero y defraudación aduanera.
Eso significa que, en un mes, el régimen de Daniel Ortega perpetró más de dos violaciones diarias contra la libertad de expresión en Nicaragua. Desde 2018, cuando reprimió con dureza las manifestaciones ciudadanas en su contra, dejando al menos 328 asesinados, el Ejecutivo inició una cruzada contra el periodismo crítico y confiscó también las instalaciones de CONFIDENCIAL y 100% Noticias.
El informe se publica tres meses después que Ortega, manipulando las instituciones estatales, inició la escalada represiva que mantiene en la cárcel a 36 líderes opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales desde finales de mayo pasado.
En ese grupo de presos políticos hay periodistas, líderes cívicos, estudiantiles y dirigentes de la oposición, cuyos familiares han denunciado juicios fabricados y el despojo de sus derechos en procesos caracterizados por audiencias irregulares, sin que sus abogados defensores tengan acceso a los expedientes, mientras los reos son aislados y objeto de violaciones de derechos humanos.
El informe titulado “Violaciones a la libertad de prensa” registra el encarcelamiento del gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, a quien el Estado procesa por supuesto lavado de dinero, un juicio que el gobernante promovió el mismo día que las patrullas policiales se tomaron las instalaciones del diario que denunció, antes del operativo, el bloqueo del papel desde la Dirección General de Aduanas.
Con Holmann, igual que con el resto de los otros opositores, Ortega ha adelantado en sus discursos públicos una condena, los señala como instrumento de intervencionismo y los acusa de prestarse a los intereses del imperialismo para derrocarlo.
El caudillo sandinista argumenta el derecho a la soberanía y autodeterminación, se niega a responder por las violaciones a derechos humanos cometidas masivamente desde 2018 y empuja una serie de juicios contra opositores bajo la tesis de que fue objeto de un intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos.
“Se lograron documentar 80 casos de violaciones a la libertad de prensa; 58 fueron perpetrados contra medios de comunicación (72.5 %) y 22 contra personas naturales (27.5 %)”, explica el documento.
El documento realizado por La Prensa sigue la misma metodología que profesionales de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro realizaron con rigor hasta abril pasado, para documentar trimestralmente los abusos cometidos por Ortega entre 2017 y 2021, en materia de libertad de prensa.
La Fundación, cuyo principal objetivo era la defensa de la libertad de prensa, cerró tras la aprobación de la ley de agentes extranjeros que criminalizaba la labor de organizaciones de sociedad civil. El régimen acusa a la Fundación de lavado de dinero, señalando particularmente a la expresidenta de la misma Cristiana Chamorro, también aspirante presidencial, actualmente bajo arresto domiciliario; y a otros tres trabajadores que se encuentran detenidos en las cárceles de "El Nuevo Chipote". Todos forman parte de la lista de más de 150 reos políticos, cuya liberación demandan organismos locales e internacionales de derechos humanos y países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros.
57 periodistas interrogados por la Fiscalía
La conclusión del informe es clara, al describir los aciagos tiempos que vive el periodismo nacional, en los cuales los agresores, en la mayoría de casos, son agentes del Estado, una constante en los últimos ocho meses.
Pero, además, mencionan que 57 periodistas de un total de 158 personas han sido citados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Tan solo en agosto, 10 comunicadores fueron estigmatizados en los interrogatorios dirigidos por la Fiscalía controlada por el régimen de Ortega.
“En la actualidad, estamos ante el peor contexto de la historia de Nicaragua para ejercer el periodismo. Con el allanamiento y cierre de las instalaciones de La Prensa, el régimen sandinista supera con gran ventaja a la dictadura somocista, y se supera a sí mismo; porque ambas dictaduras (la de Somoza y la primera sandinista de los años 80) fueron crueles, privativas de derechos humanos, alérgicas a la libertad de expresión y de prensa, y todo aquello que implique la difusión del libre pensamiento e ideas”, compararon.
Aunque se reconoce que el 91 por ciento de los casos de violaciones a la libertad de prensa ocurrieron en Managua, hacen hincapié en los ocurridos en el Caribe nicaragüense y Estelí, los cuales son objeto de preocupación.
“Por quinto mes consecutivo la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, la periodista Kalúa Salazar, es víctima de un asedio maniático por parte de las autoridades policiales de Bluefields, que en tres ocasiones en el mes llegaron a asediar su casa a altas horas de la noche”, agregan.
Señalan autocensura
Otro de los efectos provocados por la arremetida de Ortega, y consignado en el informe, es la autocensura. Colocan el caso de Radio Corporación, donde se transmitieron los programas de Confidencial Radio y Onda Local, los cuales fueron suspendidos tras las investigaciones abiertas por el Estado contra los directores de ambos medios, en un intento del régimen por criminalizar el ejercicio periodístico.
"Nosotros suspendemos los programas de personas que están siendo investigadas por la Fiscalía, eso es todo (...) nosotros, la Gerencia, nos vemos forzados a cerrar temporalmente mientras eso se arregla a nivel de la Justicia, porque no queremos arriesgar a que cierren la radio, hay 50 trabajadores que dependemos de ella", aseguró Alfonso Baldioceda, jefe de prensa de Radio Corporación.
