3 de septiembre 2021
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La fiscal auxiliar de Managua, Heydi Estela Ramírez Olivas, acusó al politólogo nicaragüense Manuel Orozco, un experto mundial en el tema de migración, remesas familiares y desarrollo, radicado en Washington, de coordinar a los líderes de la oposición que presuntamente “conspiraron” contra Nicaragua, según el documento que fue presentado por ella el 24 de agosto pasado ante el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias de la capital.
La acusación formal circula entre los abogados defensores desde el miércoles primero de septiembre, a las puertas de la audiencia inicial del proceso prevista para este viernes en que el Estado acusa de “conspiración en menoscabo de la integridad nacional” a Orozco, al exvicecanciller José Pallais, a los exprecandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; y a las líderes de la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila.
Según fuentes vinculadas al caso, la audiencia se realizará este viernes en las instalaciones del centro de detención policial Evaristo Vásquez, conocido como el “nuevo Chipote”, el mismo sitio donde los familiares de los presos políticos han demandado el respeto a los derechos humanos de ellos desde hace 90 días.
El jueves dos de agosto se llevó a cabo también en esa instalación policial, la audiencia inicial por el caso de supuesto lavado de dinero contra los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios Chamorro, encabezados por su antigua presidenta, la exprecandidata Cristiana Chamorro Barrios, quien se encuentra bajo la figura de arresto domiciliar desde hace 93 días.
La fiscal denunció en la acusación contra Orozco “campañas desestabilizadoras” contra el régimen de Daniel Ortega, de las cuales responsabiliza al politólogo que rechazó en días pasados el intento de criminalizar su trabajo y la democracia en Nicaragua, a partir de la fabricación de delitos contra todos los que disienten de la dictadura.
“Desde el año 2009, el acusado Manuel Orozco se encuentra vinculado con el financiamiento de campañas desestabilizadoras, mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con los cuales ha venido manipulando y presionando para destituir con métodos violentos al Gobierno de Nicaragua”, señala la fiscal.
Grupo de WhatsApp
Para la funcionaria, Orozco bajó orientaciones para que el resto de acusados propusieran y gestionaran sanciones contra el Estado de Nicaragua, incitaran la injerencia extranjera en asuntos nacionales, igual que la desestabilización con financiamiento externo.
Ramírez Olivas alega que el politólogo era el organizador de un grupo en WhatsApp llamado “task force” (fuerza de tarea), en el que participaban Pallais, Maradiaga, Granera, Chamorro, Aguerri y otros detenidos como los estudiantes Max Jerez y Lester Alemán. También incluyen al actual presidente de los empresarios, Michael Healy, a Salvador Stadthagen y al director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro, víctima este último de la represión del régimen y actualmente en el exilio.
En círculos diplomáticos de la OEA, el “task force” de Nicaragua, es conocido como una comisión internacional creada en 2018 desde el Diálogo Interamericano en Washington, con el objetivo de promover la mediación y el diálogo en Nicaragua. Otros miembros de la comisión incluyen a la expresidenta costarricense, Laura Chinchilla.
En sus intervenciones públicas, Ortega ha acusado de intervencionismo a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá porque le demandan el respeto a los derechos de los nicaragüenses, entre ellos sus libertades y elecciones libres, mientras él rechaza la imposición de sanciones a su círculo cercano las que califica como una supuesta agresión al país.
En la misma línea del mandatario, la Fiscalía señala al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, a la Fundación Violeta Barrios Chamorro, a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, el Centro de Investigación de la Comunicación, el Movimiento Puente y el Movimiento por Nicaragua como parte de una triangulación contra los intereses del país.
“La actividad delictiva consistió en triangular los recursos desde organismos internacionales como: Instituto Republicano Internacional, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación para la Democracia (NED), con el objetivo de crear organizaciones, asociaciones y fundaciones de fachada para canalizar los recursos, ya sea con proyectos o programas que aborden temas sensibles como los derechos de grupos de la diversidad sexual, derechos de comunidades indígenas, o también mediante el marketing político en temas como libertad de expresión y democracia”, afirmó la fiscal.
“Las pruebas” de la Fiscalía contra Manuel Orozco: 24 policías como testigos
La acusación del Ministerio Público descansa en el testimonio de 24 oficiales que participaron en la “investigación”, pero también sobre el análisis de la información obtenida a través del decomiso de los dispositivos electrónicos de los detenidos, igual que lo que publicaban en las redes sociales o lo que opinaban en artículos periodísticos.
En la acusación, de 41 páginas, la fiscal solicitó que se admita su libelo, se gire orden de captura contra el politólogo y se establezca la medida de prisión preventiva contra Pallais, Maradiaga, Aguerri, Chamorro, Cruz, Granera y Dávila.
“Estamos en presencia de un hecho de naturaleza grave, entendiendo la gravedad no solo por la posible pena a imponer, sino por la forma cómo sucedieron los hechos y el bien jurídico que se puso en riesgo con la comisión del delito”, afirmó Ramírez Olivas, quien solicita además la tramitación compleja de la causa.
Entre los detalles del escrito, que recoge algunas de las “pruebas” de la Fiscalía, destaca que el siete de junio de 2020 el expresidente del Cosep Aguerri sostuvo una conversación con Orozco al que le habría dicho textualmente: “el Gobierno de Ortega tiene sus días contados, me reuniré con los precandidatos para pedir más sanciones en contra del Gobierno para cesar las represiones y el encarcelamiento de los candidatos”.
Para Boanerges Fornos, exfiscal departamental y coordinador del grupo de abogados de Acción Penal, un colectivo de exmiembros del Ministerio Público críticos del régimen de Ortega, se está criminalizando la “opinión” y el derecho legítimo que tienen los ciudadanos de acudir a los mecanismos del derecho internacional para denunciar los atropellos cometidos por el Estado.
“El régimen está utilizando la opinión política (de los acusados) y está criminalizando su pensamiento al utilizar la información originada en las redes sociales, las declaraciones en los medios, y las opiniones. Vos podés pensar como querrás y eso no es delito. Tampoco ha habido ninguna violación a la soberanía”, explicó Fornos.
El jurista destacó que la presencia de tantos policías como testigos en el proceso lo que indica es que se ha “preparado la prueba”, porque los oficiales pueden darle la interpretación que les orienten, debido a que la institución policial es señalada de seguir orientaciones y directrices partidarias desde hace años. “Es impensable que tengás a un policía que vaya en sentido contrario a lo que dicta el régimen. No es un trabajo técnico, sino que se trata de fabricar delitos”, concluyó.
Los procesos de “investigación” contra 36 presos políticos, que fueron arrestados arbitrariamente desde mayo pasado en medio de una escalada represiva de Ortega para eliminar la competencia política a meses de las votaciones generales, se han desarrollado con múltiples irregularidades: audiencias secretas, sin respeto al derecho de la defensa de los acusados, bajo condiciones de aislamiento y con el despojo efectivo de sus derechos.
Más audiencias y más acusados de "conspirar"
En horas de la tarde de este viernes, el Ministerio Público confirmó la realización de la audiencia en el caso de Orozco y los siete opositores, acusados de "conspirar" en menoscabo de la integridad nacional, según el comunicado número 072-2021.
La Fiscalía realizó también audiencias iniciales contra los líderes de UNAMOS, a quienes imputan los mismos delitos de los casos anteriores: el general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez, Suyén Barahona y Dora María Téllez, a quienes se les mantuvo la prisión preventiva y se les remitió a juicio.
La audiencia inicial del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, de la misma agrupación política de Torres, Barahona y Téllez, fue realizada el jueves pasado, el mismo día cuando el Ministerio Público acusó por el también al excanciller Francisco Aguirre Sacasa y al exembajador Mauricio Díaz por el presunto delito... de "conspiración".
