31 de agosto 2021
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Dos empresarios –uno costarricense, y otro nacional- narraron a CONFIDENCIAL las trabas, atrasos y multas que les impone la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), al tratar de internar su mercadería a Nicaragua.
“Somos una empresa muy rigurosa en el pago de nuestros impuestos. No tenemos pagos atrasados con el Estado nicaragüense”, dijo la fuente costarricense, que trabaja para una empresa que presta servicios a grandes corporaciones que tienen presencia en toda la región.
“La Aduana nos puso tantas barreras, que no hubo forma de resolver esto por las vías legales”, dijo la fuente nicaragüense, cuya empresa se dedica a la importación de productos destinados al comercio local.
El tema cobró nuevo impulso cuando la gerencia del Diario La Prensa informó que la DGA les había secuestrado un embarque de 62 bobinas de papel, valoradas en poco más de 15 000 dólares, sin darles explicación alguna, por lo que ya el viernes no circuló en su versión impresa.
La respuesta del régimen fue anunciar que los investigaban por los presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, realizando un “allanamiento y registro”, que terminó con la ocupación de las instalaciones del Diario, del mismo modo que lo hicieron con la redacción de CONFIDENCIAL en diciembre de 2018 y mayo de 2021.
Aunque admiten que no tienen certeza absoluta de por qué la DGA les está imponiendo trabas que nunca antes les habían aplicado, y siendo que nadie de su entorno empresarial tiene vinculación ni protagonismo político, los representantes de las dos empresas afectadas solo pueden suponer que la razón para atrasarlos como lo hizo la aduana nicaragüense, es la necesidad de recaudar más, a cualquier costo.
“Nuestros contactos en Nicaragua nos dicen que el Gobierno está en quiebra, así que busca cómo recaudar, afectando a las transnacionales, haciendo que la mercadería caiga en abandono para generar ingresos, porque cobran almacenaje adicional y multas, además que después imponen trámites más detallados para revisar la mercadería, lo que retrasa el proceso, si no es que los peritos de la DGA buscan formas para perjudicarte”, dijo el tico.
Su par nicaragüense opinó que el personal aduanero actúa así, por “una gigantesca voracidad recaudatoria, y para tener contentas a sus bases, permitiéndoles hacer estas ‘recaudaciones’ para su propio beneficio”.
Nicaragua: burocracia atrasada
A principios de junio, llegó a puertos nicaragüenses un cargamento conteniendo equipos que sirven para ayudar a prevenir el covid-19. No era la primera vez que esta empresa multinacional, que ha establecido sedes en varios países para atender a “fuertes clientes con presencia regional”, llevaba ese tipo de equipo al país, pero sí fue la primera vez que los bloqueaban.
“Esta vez, al nacionalizarlos nos pidieron la solvencia fiscal. La solicitamos con tiempo para hacer el proceso, pero se atrasó porque nos pidieron datos de facturación de tres años anteriores”. El atraso para conseguir ese documento hizo que la mercadería cayera en abandono, y aunque eventualmente pudieron seguir adelante, la Aduana volvió a detenerlos, porque los equipos no estaban considerados como implemento médico”, relató la fuente.
Lo siguiente fue que les indicaron que tenían que inscribirse en el Ministerio de Salud (Minsa), lo que significó varias semanas más de atraso -y un desembolso de 500 dólares para efectuar el trámite- pese a que “no somos proveedores de equipos médicos”. En todo ese tiempo, se venció la solvencia fiscal, así que tuvieron que volver a solicitarla.
Cuando la pidieron de nuevo, les exigieron presentar documentación aún más antigua. Esta vez se tomaron más de una semana para revisarla y darles otra vez la solvencia fiscal, lo que les permitió sacar su mercadería después de diez semanas.
“No entendemos por qué las solvencias fiscales se vencen en tan poco tiempo, ni por qué la segunda vez nos pidieron información adicional, siendo que en el pasado nos habían pedido esa misma información para obtener otras solvencias. Nosotros movemos mercadería en Centro y Suramérica, y lo más que tarda una nacionalización son cuatro a cinco días, pero en Nicaragua fueron diez semanas”, lamentó.
Todo ese atraso les generó pérdidas, porque subió el costo del producto, al tener que pagar un almacenaje de 250 dólares; un permiso del Minsa de 500 dólares; asumir la penalización del cliente por entrega tardía, más los pagos adicionales a la empresa aduanera que los atiende en Nicaragua.
“Como empresario, no comprendo que un gobierno, en vez de favorecer a las empresas a crecer, ponga tantas trabas al comercio. Me pareció una situación muy extraña, porque en Costa Rica tenemos una aduana muy ligera, que libera la mercadería en uno a dos días máximo, y en la que todo se puede pagar en línea”, comparó.
La fuente recordó que, pese a la insistencia de su personal en Nicaragua para obtener la solvencia fiscal, “siempre nos daban un aplazamiento tras otro. Una funcionaria de la DGI nos dijo que ellos tienen un lineamiento que seguir; que no tenía un tiempo máximo para revisar la documentación, y que el plazo lo determinaba el tiempo que ella durara revisando los papeles”.
Su tesis al comprobar que el 90% de la mercadería que exportan a Nicaragua les sale en rojo, es que “eso le pasa a las empresas que no están aportando fondos al partido de Gobierno. Hemos analizado esto en varias ocasiones, y pensado en el cierre de la operación en Nicaragua, no solo por la situación política, sino también por la comercial”.
Por ahora, la decisión es seguir en el país, porque “atendemos varias empresas fuertes, pero aunque no nos genere utilidades, Nicaragua es un país estratégico, porque ahí están varios clientes nuestros. Si ellos no estuvieran ahí, cerraríamos nuestra operación en Nicaragua”, aseveró.
Pagar, para poder pagar
La empresa nicaragüense tiene varios elementos en común con su homóloga tica. Ellos importan mercadería proveniente de otros países centroamericanos, y la última vez que llevaron un cargamento al país la DGI les ordenó una auditoría que, al tardar tanto, hizo que perdieran la solvencia que les había emitido la misma DGI.
Cuando finalmente la recuperaron, la DGA decidió que lo que estaban reportando en concepto de flete era muy bajo, así que detuvieron el proceso, pero “enviaron la comunicación a alguna dirección que no era la nuestra, pese a que tenemos décadas de estar en el mercado”, detalló el empresario nacional.
Como la empresa no respondió a una comunicación que nunca recibió, la Aduana los bloqueó en el sistema por falta de respuesta, y aunque pidieron a la autoridad copia de la notificación, para demostrar que nunca fueron avisados, no les entregaron esa copia.
Al momento de querer reiniciar el trámite, se encontraron con una multa por ajuste al valor de los fletes y al de las mercancías, “sumando un monto de varios miles de dólares, que nos negamos a pagar, porque sabemos que no es correcto. Nuestro asesor nos dijo que si pagábamos esa suma, aunque fuera una vez, siempre nos harían lo mismo a partir de ese momento, así que decidimos buscar otra instancia”.
Narra que, mientras estaban en ese proceso “aparecieron ‘salvadores’ ofreciendo destrabar la gestión, a cambio de un pago por sus servicios. Vimos que prácticamente nos cerraron las puertas por todos lados para obligarnos a negociar de esa manera, y no hubo modo de hacerlo por las vías legales”, admitió.
“Lo que ese ‘salvador’ hizo fue volver a darnos acceso al sistema, pero solo para que nos dejaran pagar lo que ellos estaban cobrando, aunque con una dispensa de la multa sobre la multa”, detalló.
Experto: alboroto aduanero refleja deficiencia administrativa
Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área de Análisis Macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con sede en Guatemala, dijo que el Consejo de Ministros de Integración Económica, (Comieco), procura reducir las cargas impositivas, pero las administraciones aduaneras responden disminuyendo su eficiencia en el desaduanaje.
“En la práctica, es como que hubieran subido los impuestos, lo que distorsiona las decisiones de los empresarios, que ya no piensan en comercializar ese producto, sino que buscan trabajar con alguno que implique un pago menor, lo que disminuye la eficiencia del país, así como la productividad y competitividad de los agentes económicos y a la larga, del Estado mismo”.
Si bien no descarta la posibilidad de que la razón detrás de esta actitud sea meramente recaudatoria, el experto chapín anota que “esto aumenta la protección efectiva (proteccionismo) a favor de determinados grupos económicos”, aunque también puede ser “pura incapacidad”.
“Las aduanas son un instrumento de competitividad, no de recaudación tributaria. Cuando las aduanas cobran impuestos, lo que muestra es que la agencia impositiva [la DGI, en el caso nicaragüense] tiene muchas deficiencias y debilidades que no ha podido resolver, y usa a la aduana como una muleta”, explicó el también académico.
Un estudioso del comercio internacional, derecho aduanero y comunitario, que pidió mantener su nombre en reserva, dijo a CONFIDENCIAL que, en Nicaragua, “las dudas de valor son el dolor de cabeza de todos los días”.
“Estos obstáculos técnicos dificultan el comercio intracomunitario, así que lo que corresponde es el reclamo a la aduana que causa esa situación, para que regrese al redil en que fue negociado el acuerdo”, sugirió.
La fuente recomendó a los afectados, “acudir ante el Mific”. Al empresario tico, recomendó además “ir ante el ministro de Economía de Costa Rica, fundamentando con documentos, la relatoría de los obstáculos que le ha venido significando exportar a Nicaragua”.
El empresario extranjero dijo que no ha presentado su caso ante instancia gremial u oficial alguna de su país, y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, (Uccaep), dijo a esta publicación que no tienen referencia directa sobre el tema de los obstáculos al comercio.
